Opinion
Periscopio

Después de las resoluciones de la Corte

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 06 octubre 2021 | 05:00

Los mitotes, como diría mi padre, y manifestaciones concitados y convocados por los bandos que proclaman las equívocas consignas contra el aborto o proaborto; salpicados los segundos por las acciones violentas de este grupo, hipotéticamente feminista, me recuerdan casi en automático, los grupos de provocadores a cuenta del gobierno que trataban de realizar acciones que demeritaran el Movimiento del ’68. Del mismo modo, tampoco a los enmascarados se les detiene y procesa.   De modo que ignoramos de parte de quién y con cargo a qué organizan sus desmanes.

Son equívocas las proclamas y por tanto los analistas que sostienen que los grupos adversarios, cual, si constituyeran bloques sólidos, les corresponden posiciones de política pública que tratan de impulsar los grupos en la liza.

El aborto entendido como interrupción delembarazoporcausasnaturalesoprovocadas. Puede ser causado por factores ajenos a la voluntad de la persona gestante, y en numerosos casos ocurren aún bajo los cuidados médicos. Las personas que recurren a un aborto voluntario recurren a esta medida extrema por razones imperiosas que les impone su contexto social, condición material y de salud y riesgos de viabilidad familiar o social. 

No conozco y dudo que haya mujeres que consideren el aborto como una medida permisiva, pues aún en el caso de su realización en las mejores condiciones de asepsia, destreza médica y equipamiento, es una medida que conlleva riesgos inmediatos como toda intervención quirúrgica, o daños a la capacidad futura de embarazo. 

En el ámbito de conocimiento personal o por acceso a los contenidos de juristas, no existen personas que postulen que el aborto constituya una medida de política sanitaria recomendable. Pueden consultarse las tesis parciales y considerandos de las resoluciones de la Suprema Corte en el tema. Lo que si se puede identificar es el propósito expreso sobre el derecho a la vida de la persona gestante.

En cuanto al carácter instrumental del aborto, pueden consultarse las resoluciones previas de la SCJN: (Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y 147/200; Amparo en Revisión 601/2017; Amparo en Revisión 1170/2017; Amparo en Revisión 1388/2015. 

Por otra parte, la resolución, última y motivo de diferendo, no es en el orden internacional, algo inesperado e innovador. Para ello tómese en cuenta, primero, el artículo 3 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que dejó el tema que nos ocupa implícito; y segundo, la Recomendación general Nº 24 sobre el Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, La mujer y la salud que específicamente y a la letra en porción del artículo 31 en su inciso ©:

“Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”.

Este fue el propósito de la resolución de la Corte, erradicar la criminalización de esta medida, atendiendo al imperativo señalado en la Recomendación General citada.

La defensa de la Resolución o su oposición vertidas en público ¿pueden cambiar su proceso de instrumentación operativa? Definitivamente son vanos esfuerzos, las resoluciones tienen valor constitucional en virtud de lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal.

Algunos analistas y comentaristas descuben en la Resolución en referencia, que tiene valor normativo en el orden nacional. Otros más piensan que dada la soberanía estatal los legislativos de los estados no están obligados a asumir en ley lo resuelto por la Corte. Las tesis aisladas, como la jurisprudencia, por si solas tienen valor de ley. Esto es de observancia general. La Corte no puede asumir el rol del Poder Legislativo Federal, o en su caso de los estatales.

Entonces ¿las resoluciones son poco menos que papel mojado?  Y distan de surtir efectos en cualquier ámbito judicial, en tanto no se plasmen en la Ley. Esta expectativa también es incorrecta. Las resoluciones de la SCJN tienen efecto inmediato en los casos que juzgan los jueces del ámbito federal. Esto es de suyo evidente si consideramos cualquiera de los Protocolos formulados por la Corte para la aplicación del enfoque de derechos humanos, por ejemplo, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. 

En la Presentación de obra, entre otros aspectos se destaca: como uno de los fines del protocolo, constituir “(iii) una guía práctica para juzgar con perspectiva de género, que identifica tres niveles en los que impacta dicha obligación al momento de impartir justicia. Un primer nivel relacionado con las obligaciones previas al estudio de la cuestión debatida, otro que tiene que ver con aquellas que surgen al analizar el fondo de la controversia, y uno más relacionado con una obligación genérica, es decir, que permea el dictado de la sentencia en su integridad”. 

A manera de ejemplo en su Página 217: “…por consiguiente, la Ley General de Salud debe interpretarse en el sentido de garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo por razones de salud, dado que éstos pueden entenderse como servicios de atención médica prioritaria (proteger a las mujeres en el embarazo, parto y puerperio) y como una acción terapéutica adecuada para preservar, restaurar y proteger la salud de las mujeres en todas sus dimensiones”.

Las partes considerativas de las resoluciones no requieren que se actualicen los Protocolos, servirán para juzgar con perspectiva de género. Y, por último, del Congreso de la Unión dependerá la velocidad con que ésta y otras resoluciones de la  Corte deriven reformas al marco jurídico nacional.