Opinion

Digitalización de procesos y blindaje institucional en la procuración de justicia

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Maru Campos

domingo, 31 julio 2022 | 05:00

“Afortunadamente, nos ha tocado vivir un tiempo en el que hay una manera de fortalecer drásticamente los procesos gubernamentales. Estamos hablando por supuesto, de la digitalización de trámites y servicios”

El Estado de Derecho hunde sus raíces en sus instituciones; en la medida en que los procesos oficiales sean ágiles, eficientes y seguros, estaremos dando solidez a las garantías individuales de la ciudadanía.

La desconfianza en el gobierno, sus procedimientos, así como en los otros poderes, se debe principalmente a la duda de la integridad del modo de operar de estos. Por ejemplo, cualquier ciudadano se sentiría seguro si tuviera la total certidumbre en que al interponer una denuncia, esta sería llevada a término, sin obstaculización alguna, con un estricto apego a la ley y al ideal de justicia. Lamentablemente, esto no siempre es así, pues hemos escuchado casos en los que el debido proceso fue transgredido, dejando sin amparo a quien debía ser protegido.

La inseguridad y la incertidumbre nacen de la falta de confianza en las instituciones y sus procesos. ¿Cómo podríamos garantizar a la ciudadanía que hay apego a la ley en el desarrollo de sus métodos?

Afortunadamente, nos ha tocado vivir un tiempo en el que hay una manera de fortalecer drásticamente los procesos gubernamentales. Estamos hablando por supuesto, de la digitalización de trámites y servicios.

La digitalización no solamente es una manera de dar un servicio más amigable a la ciudadanía, sino que además implica contar con candados de seguridad que antes no teníamos. Antes, cuando los procesos tenían que ser realizados en su totalidad de forma manual y con una inmensa cantidad de papeleo. Era necesario que los procedimientos de cualquier tipo, tuvieran en su línea de desarrollo una cantidad innumerable de manos que los hacían posibles. Es decir, había más personas involucradas en cualquier procedimiento.

Esto podía implicar una gran fragilidad ante la corrupción. Hoy en día, la tendencia internacional en materia de gobernanza, es la digitalización de los trámites. Esto permite lograr eficiencia, reducción de costos, reducción de papeleo, pero sobre todo, un blindaje a la integridad de los procesos gubernamentales.

Una servidora siendo alcaldesa, comprobó que la digitalización de trámites tiene todos estos beneficios en procedimientos del ámbito municipal, y ahora estamos llevando esta forma de pensar a una esfera de una gran trascendencia. Me refiero por supuesto a la procuración e impartición de justicia.

Por mucho tiempo, una persona que haya sido lamentablemente víctima de un delito, tenía que recorrer un camino largo y tortuoso para lograr que se hiciera justicia. Eran incontables la cantidad de pasos que había que dar entre la presentación de una denuncia y su concreción en la dictaminación de una sentencia. Y lo peor es que cuando alguien reunía el valor para emprender ese camino, tenía que cuidarse de las fracturas del sistema, que hacían posible la corrupción.

Abrir una carpeta de investigación significaba literalmente, abrir una carpeta de cartón. Todas las pruebas de un caso se guardaban en la fragilidad del papel; lo que posibilitaba que en cualquier momento, de forma misteriosa, estas se perdieran, se dañaran o incluso, “se completaran” con supuestas nuevas pruebas de desconocida procedencia.

En nuestro tiempo, ya no podemos fiar la justicia a un proceso tan obsoleto, y que ha demostrado ser tan frágil. Llegó el momento de cambiar el modo en el que hacemos justicia.

Por eso, firmamos un convenio de colaboración el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, con el Tribunal Superior de Justicia, para dar el primer paso a la digitalización de los procesos de procuración e impartición de justicia. La idea es que pronto, todas las carpetas de investigación sean digitalizadas y con validez oficial, de manera que cualquier persona involucrada en un caso, tendrá acceso a su carpeta de investigación de manera directa, sin intervención humana; y cada documento probatorio será digitalizado y almacenado en una plataforma segura, para su acceso posterior por parte del poder judicial.

Se trata de un gran paso para la solidificación de nuestras instituciones y la procuración e impartición de justicia, pero sobre todo, es un gran paso para el fortalecimiento del Estado de Derecho.