Opinion

Discriminación por apariencia

Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX

Sergio Alberto Campos Chacón
sábado, 13 abril 2019 | 20:31

El jueves 11, los alumnos del Colegio de Bachilleres 3, ubicado en Ortiz Mena y Ave. Francisco Villa, protestaron porque la directora les impidió ingresar a quienes usan el cabello largo, lo cual prohíbe el reglamento y es del conocimiento de estudiantes y padres de familia.

Una nota de prensa informó que la directora les ofreció un estilista que les cortara el cabello, y así pudieron ingresar algunos.

Los muchachos se dolieron que esa negativa afecta su derecho humano a la educación, punto de vista es interesante, porque su derecho a opinar y ser escuchados, se lo reconocen las leyes y tratados que tutelan derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Si se tratara de alumnos de planteles militares, pues casi a rapa; pero son estudiantes civiles. 

El tema tiene más facetas. Me parece que es uno de los supuestos de discriminación por apariencia, como motivo prohibido que apuntan el quinto párrafo, del artículo 1, constitucional, tratados internacionales y recomendaciones de los comités especializados de la ONU, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ese quinto párrafo dice que queda prohibida toda discriminación motivada por… origen étnico, el género, la edad… o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La frase “o cualquiera otra”, aglutina el de la apariencia, por ejemplo, tener tatuajes, vestir estilo cholo, como darketo, góticos o emo; las llamadas tribus urbanas, a quienes se niega contratarlos en un trabajo, por su apariencia, repito.

Quien desacata la prohibición de discriminar incurre en un hecho ilícito constitucional y convencional por violar la ley suprema y tratados internacionales.

Dos ópticas definen la discriminación; la sociológica antropológica y, la jurídica. Los expertos en el primer rubro, la definen como una conducta culturalmente arraigada, sistemática y socialmente extendida, que tiene por efecto dañar o impedir el ejercicio de derechos y libertades fundamentales de una persona o grupo de personas que, por lo general, comparten alguna condición o característica minusvalorada, como puede ser, entre otras, el sexo…; presenta un panorama de desigualdades con alcances y consecuencias altamente negativas tanto para el desarrollo del país como la calidad de vida de las personas. 

En Conapred todavía priva esa acepción, pues la define como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

En el ámbito legal, defino la discriminación como el hecho ilícito constitucional y convencional por el cual se niega, restringe, excluye o impiden derechos humanos o fundamentales, por los motivos prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1, constitucional y demás leyes.

El derecho a la no discriminación, como el derecho fundamental de las personas, minorías, grupos, colectivos u otros análogos, que se encuentren en territorio nacional, aeronaves y embarcaciones nacionales, o locales que ocupen las embajadas mexicanas o consulares en el extranjero, a recibir un trato en igualdad, salvo motivo o causa racionalmente justificable.

Si el reglamento en cuestión dispone que los alumnos deben llevar cabello recortado para ingresar a las aulas, es anacrónico, lesiona el derecho del libre ejercicio de la personalidad del alumnado. Piensan y construyen juicios de valor, no son incapaces.

Redactado hace años, representa la negligencia de autoridades educativas en revisar leyes, reglamentos, circulares, oficios o mandamientos administrativos, para derogar las discriminatorias y armonizar con los nuevos criterios y buenas prácticas de derechos humanos.

Es, lo que ya escribí muchas veces, discriminación institucionalizada; y la que lleva a cabo la sociedad, discriminación estructural.


Se combinan el prejuicio y el estigma que impiden visibilizar derechos en igualdad de condiciones, en el asunto que me ocupa, de libertad de los alumnos de bachilleres, pues si alguno decide raparse y otro peinarse estilo rasta (con trencitas afro), es su personal decisión.

Meditemos en los derechos de los alumnos con discapacidad física (sillas de ruedas) del Colegio de Bachilleres o de la Universidad Autónoma de Chihuahua, o la institución pública o privada que usted guste. ¿Se dispone de rampas, de accesibilidad, por haber efectuado ya los ajustes razonables al entorno, como dispone la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?

Ni el edificio de rectoría, ni el Museo Quinta Gameros, tienen elevadores o rampas para personas con discapacidad, después de ya casi once años que inició la vigencia en México de esa Convención. Simulación y desaprensión.

¿Banquetas accesibles? Olvídese, las poblaciones en el país carecen de ellas.

A los regidores municipales en toda la República, no interesa que se niegue a una persona ciega el acceso a un restaurante con su perro guía, o por apariencia física, ni observan que dispongan de rampas interiores para evitar caídas de personas adultas mayores, o las calles, banquetas o parques sean accesibles.

Si el Estado y servidores públicos están desfasados, es lógico el reclamo de los muchachos del COBACH que, sin ser peritos en derecho, sienten o se perciben agredidos en su dignidad.

No imagino que, a Alberto Einstein, por su cabello desparpajado, le negaran el acceso a una sala para dictar una conferencia, por su apariencia, contraria a las solemnidades aceptadas e inmodificables en la época. Lo valioso era su talento, su genio científico.

Ahora que se eligió nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es de esperar efectúe análisis jurídicos para construir argumentos que lleven a reformar la ley, amplíe su vigilancia y competencia para conocer agresiones a derechos humanos entre particulares, que son diarios y los más, no limitarse a abusos de autoridades. Que, con compromiso social, abra los ojos, no simule, pues.

También, con seriedad, convocar a las secretarías del gobierno del Estado, incluidos municipios para que deroguen normas discriminatorias, y que la ignorada Subcomisión contra la Discriminación, dependiente de la secretaría de Desarrollo Social estatal, sea operativa y cristalice el principio que, como regla universal nos recordaba Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (q.e.p.d.): “Somos más de dos…”.

Es una de las rutas para superar “la otredad”, el trato diferenciado, a razón mayor, a grupos en situación de desventaja o históricamente vulnerados.

Es preponderante revisar lo “culturalmente aceptable”, para sensibilizar, educar y actualizar la consciencia colectiva chihuahuense, y hacer eficaces los derechos.

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