Opinion

Discriminados

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Sergio Alberto Campos Chacón

domingo, 03 marzo 2019 | 02:10

El programa gubernamental del presidente Felipe Calderón que creó las Estancias Infantiles es, en términos generales, una medida afirmativa o acción positiva para superar desigualdades y beneficiar a integrantes de dos colectividades: mujeres trabajadoras y, sus hijos, a quienes por escasez económica no les era posible llevarlos a Estancias de elevados costos.

Ese programa posicionó en un plano de igualdad a los niños en situación vulnerable para recibir igual trato, igual educación, de oportunidades para socializar, disfrutar de los primeros estímulos de convivencia e inclusión.

La construcción y desarrollo del programa otorgando permisos a los particulares que desearan abrir una Estancia, superaba el obstáculo de carencia de recursos económicos con la finalidad de que se colocaran, en los hechos, en todo el país, hacia el desarrollo inicial de sus personas, mientras sus padres laboran. Los formaría para participar en la vida cultural y social del país.

De esa manera, Felipe Calderón daba cumplimiento al artículo 2, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Infinidad de expertos, analistas y ONGs se han pronunciado en contra de la tan conocida decisión del presidente López Obrador de cancelar recursos directos a las Estancias, argumentando irregularidades, y entregarlos directamente a los padres para que ellos decidan la Estancia que prefieran o, en su caso, entregarlos a los abuelos para que cuiden a los nietos, en tanto trabajan los padres.

Ya escribí al respecto de la absurda decisión, por los daños que ya ocasionaron. Reitero que, si esas irregularidades existen, soluciónelas, pero no afecte a los niños.

La discriminación tiene orígenes expresiones complejas. Sociólogos, antropólogos y juristas, la definen según su marco teórico.

Yo la defino como un hecho ilícito constitucional y convencional (al violar tratados internacionales), por acción u omisión, porque incumple la prohibición de discriminar que establece el quinto párrafo, del artículo 1°, constitucional.

La discriminación niega, restringe, excluye o impide derechos humanos y fundamentales, por los motivos prohibidos en la ley, en este caso, como mínimos: la edad (niños) y condición social (reducida capacidad económica de los padres).

La decisión presidencial desconoce derechos, añadiría adquiridos, inherentes de niños y padres beneficiarios del programa de Estancias Infantiles y, por tanto, discriminatoria, pues el argumento de las irregularidades y cualquiera otro, no es ni será suficiente, para privar de derechos a esos colectivos, para identificarles de alguna manera.

La decisión ni es objetiva, ni racional, ni proporcional; su resultado menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio de tales derechos de igualdad (a través de las Estancias).

De primera impresión, el argumento de la presidencia de la República sería que no se afectan los derechos de niños y sus padres, porque las Estancias subsisten, y se entregará el recurso a los padres directamente; sin embargo, es una falacia porque los efectos sí tendrán impacto en la garantía y tutela de derechos a la primera educación, socialización, estimulación temprana que sólo en las Estancias se proporcionan y reciben, no por los abuelos o sin Estancia alguna.

Ha regresado el trato diferenciado con relación a niños y padres que sí tienen recursos para pagar Estancias de otro nivel.

Por la trascendencia nacional de la actuación presidencial, supongo que la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ya radicó procedimiento de queja de oficio, por acto atribuible al presidente de la República, tal como dispone el artículo 46 de la Ley que regula al Conapred.

Igual, supongo ya dictó las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación, como le permite el artículo 63 Ter de esa misma ley, acorde al principio pro persona, pues, me parece que se están obstaculizando las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y los niños, con base al interés superior de la niñez.

Los gobiernos de izquierda, diríamos modernos, no restringen derechos humanos o fundamentales, los fortalecen y amplían progresivamente, por lo que salta a reflexión la omisión en diagnosticar el resultado dañoso.

Agravia la democracia de izquierda, como voluntad colectiva, plural y respetuosa de la multiculturalidad y la tolerancia de la diversidad, las que, estigmatizadas también por el presidente, las personas que lo critican y no están de acuerdo con sus posturas, no quedan muy lejos de afirmaciones discriminatorias al calificarlas de fifís, conservadoras.

No menores son las expresiones del presidente en sus conferencias mañaneras de la última semana: “… en el período neoliberal”, indicando que el neoliberalismo ha terminado, que México ya no es neoliberal. Ha dicho: “No perjudicar a nadie, el gobierno representa a todos; sobre todo la legalidad”.

El neoliberalismo sólo se sustituye con el socialismo.

No veo iniciativas de reformas constitucionales y de leyes secundarias para que el Estado reasuma el control estricto de sus yacimientos de hidrocarburos, su explotación, comercio y captura de ingresos para generar desarrollo. Entonces sí pensaríamos en la aproximación a la terminación del neoliberalismo, no que ya pasó por ser un gobierno nuevo.

Algo sucede en el razonamiento presidencial; parece divorciado de la realidad, contradictorio por la inclusión en su Consejo de asesores empresariales, sustancial e inequívocamente neoliberales, de larga historia económica y política en México, con mano privilegiada en la sugerencia y toma de decisiones para su sobrevivencia como dueños de los diversos capitales.

Quienes llevan cuenta de sus declaraciones, dicen que ya suman más de 80 enredos de contenidos. Esto es motivo de estudio de quienes asesoran al presidente, pues quienes aspiramos que México se transforme tenemos el deber de apuntar lo que consideramos impropio, impertinente o confuso.

No sorprende la adhesión del resto de los partidos políticos en las Cámaras de Diputados o Senadores para aprobar la Guardia Nacional, ya que, como escribí en otro artículo, existe empatía con esa institución, por razón de que representa la imagen armada que establecía la Ley de Seguridad Interior.

No hay experto que apueste por la solución a la violencia, con el ejército y la marina o la Guardia Nacional. La causa es la demanda de droga por millones de adictos en los Estados Unidos y Europa. Ya lo hemos señalado en muchas ocasiones.

Vamos a ver ejército, marina y Guardia Nacional por lo menos durante cinco años, en un revoltillo de atribuciones con autoridades ministeriales y preventivas estatales.

Cito a Fidel Castro: “Todo el que tiene una responsabilidad lo primero que tiene qué hacer es: pensar, razonar y buscar solución a sus propios problemas”.

scampch_@hotmail.com

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