Opinion
Periscopio

Economía real y ficción

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Armando Sepúlveda Sáenz

viernes, 15 mayo 2020 | 05:00

El Producto Interno Bruto (PIB) es la designación económica más socorrida en los medios de comunicación y se le menciona como si su significado fuera de entendimiento común. Para los economistas constituye el instrumento de medición de mayor amplitud para establecer la magnitud y la dinámica económica de un país. 

Se entiende por PIB la suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los factores  (trabajo y capital) residentes en el país para un período dado. Al considerar  “bienes finales”, o aquellos producidos para consumo final y  excluir los “intermedios” o para uso en la producción de otro bien final. El propósito es contabilizar y calcular  el valor agregado en cada etapa de la producción para evitar registros contables redundantes.

Los factores se organizan en establecimientos empresariales, instituciones sin fines de lucro, gobiernos y personas y  entre ellos se dan múltiples relaciones. Esto implica un sistema contable de enorme complejidad. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el organismo autónomo responsabilizado de operar el Sistema de Cuentas Nacionales, que incluye entre otras la relativa al PIB.

Del mismo modo que las empresas registran contablemente sus operaciones diarias, con el objeto de disponer de la información que les permita conocer su situación en una fecha determinada y cuantificar sus operaciones realizadas en un lapso determinado; en forma similar el país también contabiliza las cifras que reflejan su situación y evolución económica. Estas se refieren a la producción, consumo, ahorro, inversión, relaciones con el exterior y a las interrelaciones existentes entre los diferentes sectores generadores de bienes y de servicios. La contabilidad económica nacional es, en resumen, el instrumento mediante el cual la Nación registra contablemente sus principales movimientos económicos.

En resumen el PIB no se refiere a tres palabras vacías de contenido; sino que hacen referencia a ciertos objetivos y es subproducto del Sistema de Cuentas Nacionales. Este constituye la estructura conceptual organizada, en que se inserta la información estadística de que dispone el país y sus registros están sujetos a reglas y procedimientos.

Si bien el instrumento PIB no nos brinda toda la información para medir el desarrollo y el bienestar, sin el sistema de contabilidad nacional sería imposible medirlos. Ni el PIB tiene ese propósito como ya se advirtió. Sin embargo, para los fines de este instrumento contable es de necesidad absoluta contar con el sistema de contabilidad nacional y en el enorme y complejo esfuerzo del INEGI.

La recesión en proceso de agudización con tasa de decrecimiento en el trimestre en curso del orden del -12 por ciento y un pronóstico para el año de -7 por ciento, son cifras aterradoras que conllevan graves consecuencias negativas en el empleo y el ingreso, y por ende en la población creciente en pobreza extrema, así como la imposibilidad para acceder a los satisfactores básicos. Estos fenómenos no se pueden paliar dejando de hablar de palabras como crecimiento y PIB.

Objetivamente no puede haber desarrollo sin crecimiento medido básicamente por el PIB, pero exclusivamente. Piénsese en el acceso a los derechos a la salud, la educación, el agua potable, la movilidad y la comunicación, la vivienda. Todos estos rubros desde la perspectiva del gasto y la inversión, se encuentran en el desglose del PIB en forma de gasto e inversión gubernamental; del mismo modo que aparece como producto las casas habitación que colman el derecho a la vivienda sufragado con gasto en programas de vivienda. 

No se puede concebir la comunicación terrestre financiada como gasto de inversión en infraestructura carretera en su mayor parte por las empresas pavimentadoras,  o redes de conducción hidráulica que satisfacen el derecho al agua sin las empresas especializadas en esta infraestructura.

No obstante, el instrumento no está diseñado bajo la perspectiva de derechos y por ende no puede dar cuenta de la atención de ellos específicamente, como bien sabe el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL); para ello debe recurrirse a otros tipos de registros, como los llamados administrativos que proporcionan los gobiernos locales, federal y organismos de seguridad social, como instituciones no lucrativas.

A final de cuentas, no se trata de palabras sino de sistemas de información estadística, además son instrumentos institucionales como los Censos de Población. Se puede no mencionarlos pero a  la postre, la realidad sigue ahí. Si se desea superar un flagelo o mejorar el acceso a un derecho hay que medirlo.