Opinion
Periscopio

El “conflicto” por el agua de Las Vírgenes

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Armando Sepúlveda Sáenz

sábado, 01 agosto 2020 | 05:00

Las acciones temerarias emprendidas por un grupúsculo de sediciosos valiéndose de las demandas de los empresarios agrícolas de distritos de riego, fundadas en la preocupación sobre el abasto suficiente para el ciclo en curso.  Entendibles pero no necesariamente legítimas (apegadas a derecho). 

El revuelo expresado tanto en redes como en medios masivos. En estos espacios quedan manifiestos la pasión y la carencia de información relevante al tema por parte de los actores. Los empresarios agrícolas y los revoltosos.

La CONAGUA, el organismo descentralizado que se ocupa en el orden federal de aplicar diversos ordenamientos,  ha evidenciado simulación e impericia para informar lo que denota una inusitada falta de sensibilidad, y ha escamoteado a los usuarios de los sistemas de riego la información normativa y estadística para definir el problema y evaluar las medidas que se propone instrumentar por instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

Con diversas manifestaciones de por medio, videos en redes sociales, noticias en periódicos, los empresarios agrícolas de los distritos de riego han mostrado que carecen de una visión clara y correcta del problema ocasionado por la supuesta decisión de la Comisión Nacional del Agua en el sentido de extraer el agua acumulada en la presa Las Vírgenes, con el argumento de cubrir pagos pendientes de la contraprestación a los Estados Unidos, en virtud del Tratado Internacional de límites y Aguas de 1944. 

Ya no se sostiene como en los primeros videos en redes sociales, el argumento de pago al país vecino y se encubre la aviesa intención de beneficiar a los empresarios agrícolas de Tamaulipas y Coahuila, con agua que les corresponde a los empresarios del mismo tipo pero chihuahuenses. 

Sin embargo, en días pasados, diversos comentaristas de medios en internet e impresos han asumido una actitud chovinista, reiterando el despropósito de que el agua es de los chihuahuenses (Así en general, pero en realidad se puede leer que de los empresarios agrícolas de los Distritos y Unidades de Riego).

También se ha afirmado sin sustento real “los volúmenes contemplados para el cumplimiento del mismo, serán aguas broncas y en ningún momentos de las presas”. 

Ya de tiempo atrás era evidente que un grupúsculo tenía propósitos de conducir el “conflicto” a los cauces de la violencia. Toda vez que si pensaran que les asiste la razón jurídica hace tiempo que hubieran promovido acciones ante las autoridades jurisdiccionales. La violencia promovida ha desembocado en acciones que lindan con el terrorismo, ocasionando que  un reducido número de rijosos fueran detenidos como presuntos responsables de los hechos.

Al respecto, retomo algunos puntos que mantienen su validez, y que ventilara en una columna previa PERISCOPIO, sobre el tema. Son pertinentes aún las siguientes precisiones: 

1) Conforme el párrafo seis del Artículo 27 de la Constitución Federal las aguas retenidas en las presas como de los ríos que desembocan en ellas, son aguas nacionales, y la infraestructura hidráulica (las presas mismas y los sistemas de riego son propiedad de la nación). O más claro, son de los mexicanos. El gobierno federal tiene la facultad para gestionar los usos  del recurso hidráulico y los sistemas de irrigación y otras infraestructuras para usos diversos. 

2) Para regular los usos del agua existe la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

3) En el artículo 25 de la Ley, se establece: “La concesión, asignación y sus prórrogas se entenderán otorgadas sin perjuicio de los derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua y no garantizan la existencia o invariabilidad del volumen de agua concesionada o asignada. Los concesionarios o asignatarios quedarán obligados a dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, los reglamentos correspondientes u otros ordenamientos aplicables, así como a las condiciones del título, permisos y las prórrogas, en su caso y a responder por los daños y perjuicios que causen a terceros y les sean imputables”. 

4) La SEMARNAT y su organismo descentralizado CONAGUA son instrumentos de gestión de las atribuciones del titular del Ejecutivo Federal. 

5) La Comisión de Límites y Aguas no es sino el instrumento bilateral de gestión del tratado. Y en efecto, los técnicos de ambas partes conjuntamente determinan los volúmenes intercambiados. 

6) Dicho sea de paso, en términos de volúmenes el tratado es asimétrico, favoreciendo a México. En consecuencia: el presidente de la república  Andrés Manuel López Obrador es quien en primera y última instancia decide: si se extraen volúmenes de agua de Las Vírgenes o de cualquier otra presa que contenga aguas nacionales y en qué medida; si lo considera necesario, para instrumentar la medida, puede recurrir a la presencia de las fuerzas armadas; si escucha y atiende las consideraciones de los empresarios productores agrícolas; así como la forma y medida para definir sus decisiones; en sentido estricto ni el gobernador ni los productores tienen capacidad jurídica (facultades) para negociar. 

Si hay adeudo de intercambio de flujos hidráulicos lo saben las Secciones del CILA (estadounidense y mexicana) y en consecuencia, la jerarquía federal. Ni SEMARNAT, ni CONAGUA son actores relevantes. Sólo son mecanismos de flujos de información (muy deficientes) y al final operadores de decisiones superiores. Si el fundamento de las inconformidades es el volumen de agua para riego, está claro que la Ley de manera expresa no se los garantiza. 

El uso del agua en los distritos de riego se ha caracterizado por su desperdicio brutal desde que se establecieron. Tal vez el futuro ya los alcanzó y sea el momento para asumir un uso consciente y responsable, aplicando las tecnologías de riego disponibles y que permiten un uso más racional del vital líquido, abandonando en congruencia, las técnicas  del agua rodada y la aspersión.