Opinion

El “no mercy” lleva su firma autógrafa

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GPS / Dominical

domingo, 18 julio 2021 | 05:00

En la cumbre del poder, con el avasallante voto de los chihuahuenses, hizo Javier Corral su mezquina voluntad, sin temor alguno de que su puesto era pasajero, eliminando los escoltas para exgobernadores, y exfuncionarios de seguridad.

César Duarte por medio del legislador Fernando Rodríguez Giner, a la sazón presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, presentó una iniciativa para fortalecer el Sistema Estatal de Seguridad pública, y por ahí perdida, la inclusión de un título, el undécimo. Faltaba un mes para que Duarte se fuera y llegara Corral.

“De la seguridad y protección personal de funcionarios públicos al concluir su encargo o nombramiento”, era el título del agregado, por medio del cual se dotaba de ocho escoltas al gobernador, seis escoltas al fiscal y 4 al director de la policía estatal única, con todos los servicios que ello implica.

Pero el proceso legislativo se contaminó políticamente. La Unión Ciudadana, torpe brazo armado del corralismo en campaña, y aún unos meses después de la elección, presionó a los legisladores para impedir la dotación de escoltas en los términos propuestos.

De esta manera, en la iniciativa que fue votada en la sesión plenaria del 22 de septiembre de 2016, ya no apareció la escolta para el extitular del ejecutivo, sino solamente para los exfuncionarios responsables de combatir los delitos.

Sin embargo la idea jamás fue aceptada por el entrante gobernador ni aún en esos términos. Se opuso siempre a esa disposición de elementos, equipo, vehículos e insumos, hasta que el siete de junio del 2017 logró un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, en su edición número 45, mediante el cual elimina el agregado relativo a la seguridad de los exfuncionarios. Nadie tendría derecho a escoltas por medio de ley.

Con la mayoría parlamentaria de su primer trienio, pero además con toda la fuerza que le dio su campaña anticorrupción, con el arranque de los expedientes secretos X, y la persecución que ello implicó, no tuvo ninguna dificultad para lograr su cometido. Fueron abrogados los artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 305 al 308. Cero consideración ni estudio racional u objetivo.

Hoy las cosas han cambiado. Recibió Corral una tunda dentro de su propio partido y fuera de él por los ciudadanos que se cansaron de su franca abulia, caprichoso desinterés por resolver los problemas más urgentes, como la seguridad, la salud, la educación. Los ciudadanos y más los panistas expulsados de palacio estatal, se sintieron traicionados.

Durante estos cinco años operó para imponer a su delfín en la candidatura al gobierno del Estado, enlodando el proceso sucesorio con los mismos expedientes X, aún y cuando las preferencias electorales le gritaban a los cuatro vientos que se estaba equivocando. Le importó menos que un comino.

Sin misericordia alguna trajo a la hoy gobernadora electa Maru Campos, a golpe y porrazo grosero, rabioso, integrando cuanto expediente se pudiera por medio de la Fiscalía General y la recién creada y supuestamente autónoma Fiscalía General Anticorrupción.

Dedicó recursos humanos, materiales y financieros, que eran necesarios en otros rubros abandonados de la administración, solo para el único y mezquino propósito de ver en la cárcel mediante carpetas y juicios arreglados a quien tuvo la osadía de oponerse a sus designios.

En lo político, peor que chivo en cristalería, no tuvo el más mínimo cuidado en prodigar adjetivos para denostar y agredir sin pausa a su correligionaria. Se involucró descaradamente con otros signos partidistas a los cuales maiceó para manipular en el último afán de descarrilarla. Jugó lo mismo con Morena que con Movimiento Ciudadano, operando para imponer candidatos y atravesándose descaradamente en cuestiones internas. Le dio el beso del diablo a la inocente candidatura de Juan Carlos Loera de la Rosa.

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En ese contexto ruin, y como si no hubiese ocurrido nada, el pasado cuatro de marzo en la oficialía de partes del Congreso del Estado, ya no a través de alguno de los legisladores o de la misma fracción parlamentaria del PAN, sino como hijo de vecino, con la cola entre las patas, presentó el gobernador una iniciativa de ley mimetizada con la presentada en aquel lejano momento por Duarte.

Perdido en el articulado aparece la propuesta de dotar de escoltas, ya no sólo a quienes hayan ocupado cargos de seguridad, sino al mismito exgobernador y al exsecretario general de gobierno. Resultó más atrevida su iniciativa que la de su antecesor.

Con una diferencia. En el sexenio de Duarte la violencia se redujo considerablemente. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública están a la vista y son públicas.

Nada más se cometieron en el año 2020 la cantidad de mil homicidios más que los ocurridos en 2016, cuando Corral recibió la responsabilidad como gobernador del Estado. Es terrorífico el resultado con once mil asesinatos bajita la mano.

Equivocó el actual mandatario el combate a la delincuencia dando tumbos con una Comisión Estatal de Seguridad hasta el tuétano de corrupción, asumiendo la seguridad preventiva en municipios solo para echar a perder los avances con las policías municipales, y creando una inepta Secretaria de Seguridad que terminó siendo solo una carga financiera en un estado colapsado por la deuda.

Pudiera decirse que es en materia de seguridad donde solo se cometieron errores y hubo ausencia de atención, pero no es así.

En salud, incumplió sus compromisos para regularizar a miles de trabajadores, a quienes ninguneo con un pírrico bono durante la pandemia de Covid; permitió los bonazos de cien mil pesos, el manejo desaseado de los recursos con licitaciones a modo para la compra de medicamentos, con un desabasto criminal y el desorden administrativo con el que entrega Pensiones Civiles del Estado, sumida en una de sus peores crisis.

En educación, las escuelas abandonadas, dejadas a la buena de Dios. Hoy se presumen en el maratón de obras construcciones de unas cuantas aulas o baños, cuando se requiere una real atención en infraestructura.

Ni se diga la crisis financiera, con deuda de hasta sesenta mil millones, debiendo hasta la camisa a proveedores y contratistas.

Poco mérito tiene entonces para pretender agenciarse a costa de los impuestos de los chihuahuenses una escolta con vehículos blindados, personal para que le cargue sus raquetas y asadores portátiles.

Por ello fue implacable Marisela Sáenz en la reunión de Comisión, en la cual pudimos observar la obsequiosidad inaudita del diputado morenista Gustavo de la Rosa Hickerson en favor de la propuesta de su cuate y patrocinador Corral.

En lugar de ayudar echó más leña al fuego el mensaje en redes sociales del fifí Coordinador Ejecutivo de gabinete, Jesús Mesta, al traer a la memoria el término mezquindad, con el que pretende aludir a quienes hoy deberán decidir si le otorgan o no al gobernador y sus exfuncionarios la gracia de personal y equipo de seguridad de manera transexenal.

Se le cae la lengua en pedacitos a Mesta, porque el concepto acomoda redondito en su patrón, que bien pudo hace casi seis años dejar pasar la iniciativa de su antecesor. Ahora tendría ocho escoltas con presupuesto suficiente para su seguridad, igual su Fiscal y el titular de la recién creada Secretaria de Seguridad.

Pero fue precisamente la mezquindad la que le impidió a Corral, entonces recién asumido como gobernador, atender al interés institucional por encima de sus caprichos hormonales, que hoy lo tienen en la picota suplicando piedad, en el cadalso de su irresponsabilidad y malicia. El “no mercy” lleva su firma.