Opinion

El año que viene: una nueva oportunidad para resarcir

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Benito Abraham Orozco Andrade

martes, 29 diciembre 2020 | 05:00

El que transcurre, ha sido un año de muchas adversidades a diferencia de otros. La pandemia del Covid-19 ha evidenciado vulnerabilidades en un sinnúmero de aspectos personales y colectivos. En cadena, uno tras otro se han presentado los perjuicios en el mundo: sistemas de salud improvistos; estrategias a prueba y error que no terminan de convencer; estragos graves en las economías de las naciones; desafortunados fallecimientos que marcaran a propios y extraños; etc.

Pero independientemente de lo inesperado y lamentable de la pandemia y de sus consecuencias (que esperemos sean superadas en pocos meses), existen múltiples situaciones negativas que se siguen presentando año tras año en el mundo: pobreza, hambre, desempleo, guerras, discriminación, trata de personas, explotación, ecocidio, intolerancia, propagación de la delincuencia, pérdida de identidad de los pueblos, entre otras.

Quienes hemos tenido -y tenemos- la posibilidad de satisfacer al menos nuestras necesidades básicas, debemos dar gracias a Dios por ello, pues son millones de personas en México y en el mundo que no han tenido esa posibilidad y que, de seguir las cosas como están, aunado a las graves consecuencias de la mencionada enfermedad, el futuro de esos prójimos desaventajados inevitablemente empeorará.

Mientras no nos veamos como iguales, como personas que valemos lo mismo por el solo hecho de ser humanos, la injusticia y el odio seguirán prevaleciendo en el mundo. Presumimos ser muy religiosos, pero no podemos desprendernos de lo propio para amainar la precariedad de los demás. Vemos gente necesitada en las calles, pero nos resistimos a apoyarla. Hay quienes cuentan con el poder económico y crean fundaciones de beneficencia, pero lo hacen para aparentar ser caritativos únicamente mediante un membrete, pues su comportamiento personal y el de sus familias son de repudio hacia sus trabajadores y hacia los pobres en general. 

Por décadas se nos ha hablado de justicia social, estableciéndose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en otros cuerpos jurídicos, un sinfín de disposiciones que dicen garantizar múltiples derechos y satisfactores para los mexicanos. Por ejemplo, en lo que se refiere al salario mínimo, se estipula en el artículo 123, apartado A, fracción IV, párrafo segundo de la CPEUM: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”, lo que evidentemente nunca ha ocurrido, estándose lejos de que así sea. No se debe desconocer el avance que se ha pretendido en los últimos años sobre el particular, pero aún falta mucho para dignificar el salario de los trabajadores.

Pero si revisamos el artículo 4o de la CPEUM, de manera más específica se nos habla de diferentes derechos que el Estado nos debe garantizar y que tampoco ha ocurrido: alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; protección de la salud; medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; vivienda digna y decorosa; satisfacción de la niñez en sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; entre otros.

Como parte de los derechos que refiere el último de los artículos citados, igualmente es menester reconocer que se han implementado acciones efectivas para garantizar los siguientes: apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente; las personas mayores de sesenta y ocho años recibirán por parte del Estado una pensión no contributiva, y; becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.

Por otra parte, si vemos lo que dispone en su primer párrafo el artículo 25 de dicha Constitución, amén de otros preceptos, se evidencia aún más la deuda y gran compromiso que el Estado mexicano tiene con sus gobernados, sobre todo con los más desprotegidos: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución…”.

Palabras más, palabras menos, el Estado debe garantizarles a los mexicanos su bienestar, asegurando la existencia de los recursos requeridos para ello. Una tarea que en las condiciones en las que hemos vivido durante décadas -y siglos-, se antoja irrealizable y absurda. De ese tamaño han sido las promesas que se nos han hecho, las cuales hasta han llegado a quedar escritas en la Constitución, pero como letra muerta.

Si nos dejáramos de simulaciones y/o de inobservancias de las disposiciones constitucionales, y al menos se cumpliera con lo antes referido, indudablemente habría un significativo avance hacia esa justicia social invocada y desdeñada por muchos. Si a quienes nos han gobernado sexenio tras sexenio (o trienio tras trienio), les ha faltado voluntad para efectivamente velar por los intereses de la sociedad en general, pues debe ser ésta la encargada de exigirles que así sea. Las elecciones del próximo 6 de junio son una oportunidad de oro para reconocer o para reprochar con el voto, según sea, un buen o mal desempeño de quienes han estado en el poder, principalmente de aquellos que pretenden su reelección.

En estas fechas es muy común escuchar buenos deseos de amor y de paz, lo que inequívocamente se puede lograr si cambiamos nuestra actitud, pensando y actuando en favor de las necesidades de los demás.

¡Que el año venidero nos ofrezca una mejor vida para toda la humanidad!