Armando Sepúlveda Sáenz

A los programas de desarrollo social les ha caído encima el tsunami del recorte presupuestal en el inicio de la 4T. El propósito es “ahorrar” recursos para luego destinarlos a financiar programas asistencialistas. La mejor forma de entender qué comprende el desarrollo social, se encuentra en los objetivos que establece la vigente Ley General de Desarrollo Social, cuyo artículo 11, establece: “I Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado; IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales. Contenido que es consecuente con lo estipulado en la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos. El asistencialismo se reduce a mejorar o sostener el ingreso y/o consumo de los beneficiarios de las medidas de la política en uso por la actual Administración Federal. La generación de capacidades y oportunidades que sustenten el desarrollo parecen estar ausentes de las medidas instrumentadas hasta hoy.

El brutal guadañazo aplicado a diversos programas, muchos de ellos bien evaluados por CONEVAL, ha puesto a los organismos y entidades encargados en la virtual inoperancia. Entre ellos, se pueden citar en el Ramo educativo: Programa de la Inclusión y la Equidad Educativa, el de Políticas de Igualdad de Género, estancias Infantiles, Educación Inicial y Básica Comunitaria y mi programa predilecto: Educación para Adultos. Y sobre éste son mis comentarios. El programa se instrumenta a través del organismo descentralizado Instituto Nacional de Educción para los Adultos. Una denominación que extravía el verdadero universo de atención: las personas de 15 años y más que por un contexto adverso  no iniciaron su formación escolar o no concluyeron su educación básica. En este cometido también incluyen la población indígena,  que en su mayor parte caen en el ámbito de operación del INEA y 18 de los Institutos estatales. El adjetivo de estales lo tienen porque son organismos descentralizados de las administraciones estatales. La normatividad y los recursos presupuestales prácticamente en su totalidad proceden del erario federal. Los organismos estatales con los escasos recursos que les proveen han logrado verdaderas proezas en la población indígena para sumarlos a la alfabetización y en habilidades para el “trabajo”, encaminándolos al ciclo básico en forma abierta. Este quehacer se sustenta en el personal alfabetizado y en los coordinadores, todos ellos voluntarios que perciben una ayuda económica. En este espacio ya hemos referido que los alfabetizadores son indígenas bilingües, la mayoría de ellos con nivel de secundaria. En el caso específico de los ralamuli o tarahumaras, son designados por la propia comunidad (por expresarlo así, están moralmente avalados) y por ser adultos se desempeñan como productores agrícolas y pecuarios. Son el personal idóneo para transmitir experimentalmente y por vía oral y  en su caso, escrita, la mejoría de las tradiciones productivas. Merced a estas características, como ya se hizo referencia en este espacio se les seleccionó como los capacitadores idóneos para llevar a la práctica los manuales prácticos para la selección de semilla de maíz, preparación de composta y de preparación de suelos que un grupo de investigadores elaboró con la colaboración del Instituto Chihuahuense para la Educación de los Adultos y con la participación de los coordinadores en la versión ralámuli de los mismos.

El severo recorte presupuestal al INEA ha puesto fuera de servicio a los protagonistas de la alfabetización y formación escolar de indígenas. Y a menos que el gobierno federal, a través de la SEP, enmiende este error en el corto plazo se estará incurriendo violaciones a lo estipulado en diverso articulado constitucional, relativo a los derechos humanos y específicamente en el artículo 2º. En la fracción IV. Del apartado A. que establece: “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”. Y en apartado B fracción II: “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas (énfasis añadido). Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación”.

Finalmente, en cuanto a las medidas de política pública, que el cercenamiento del presupuesto que eso es, cabe recordar, entre otros ordenamientos, que el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (tratado internacional firmado por México) establece en su Artículo 6.1 “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Contenido que se recoge en el Artículo 2º. Constitucional. En el recorte de recursos a 125  programas de desarrollo social lo que se ha omitido ha sido precisamente la consulta libre, previa, informada y de buena fe.