Opinion

El INE exige a los legisladores, lo que no ofrece a sus trabajadores

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Benito Abraham Orozco Andrade
martes, 03 diciembre 2019 | 05:00

Desde hace unos días, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y quienes integran la Junta General Ejecutiva de dicho organismo, han emprendido una defensa pública de la institución, en virtud del recorte presupuestal de que ha sido objeto el INE y de la iniciativa legislativa que propone la rotación en la presidencia del referido Consejo, acortando en consecuencia el periodo de quien actualmente ocupa ese cargo.

No obstante, por más de un año, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (CNTTINE) ha venido denunciando ante las citadas autoridades electorales el régimen represivo, intimidatorio e institucionalizado que prevalece en contra de los trabajadores del INE en todo el país, derivado del cual se hostiga, acosa, discrimina y humilla, pero sin que en ellos haya la voluntad para dialogar y para resolver tal problemática. Desafortunadamente, en el INE los méritos de su personal no importan, estando las filias y las fobias por encima de los derechos laborales.

Mientras que ellos se quejan por lo que consideran un agravio a la autonomía institucional, por otro lado, están pretendiendo una reforma al “Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa” (Estatuto) para perjudicar a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN), mediante la implementación de la Carrera Profesional Electoral basada en una “movilidad geográfica y funcional”, con la continuidad de esa facultad prácticamente absoluta para poder cambiar de distrito, de entidad federativa y de función a dichos MSPEN, lo que es contrario a su bienestar personal, familiar y económico, e impide la experiencia y especialización en un cargo determinado, lo que precisamente ha venido a ser una de las virtudes del citado Servicio Profesional. No quieren la rotación para ellos, pero sí pretenden desestabilizar a quienes son parte del motor de la institución -MSPEN-, moviéndolos por todo el país cada tres o seis años.

Por otra parte, señalan que la iniciativa legislativa antes mencionada es una “injustificada intromisión a la vida interna del Instituto”, pero incongruentemente, ellos no han tenido consideración alguna con quienes encabezamos a la CNTTINE, pues han emprendido en contra de quien esto escribe una persecución derivada de las graves denuncias que se han venido haciendo, específicamente por las siguientes: el haber evidenciado ante las más de 7 mil personas contratadas bajo el régimen de honorarios permanentes, que cuentan con una relación de naturaleza laboral cuyo reconocimiento puede exigírsele al INE, y; el haber alertado a los más de 3 mil MSPEN de la pretendida y engañosa reforma al Estatuto, la que mediante un documento remitido a nombre del Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón (y sin que fuera acompañado del proyecto de reforma respectivo), se nos exponía como benéfica para todos, siendo en realidad completamente lo contrario, según se expuso anteriormente.

Como parte de esas represalias, se inició de oficio y por indicaciones del Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, una “investigación” para ver si procede fincar al suscrito alguna responsabilidad por las actividades que se han venido realizando en favor de todas las personas que laboramos en el INE, lo que implicó que el día cinco de noviembre del año en curso, y por espacio de más de 5 horas, dos abogados pertenecientes a la citada Dirección Ejecutiva estuvieran en mi oficina interrogándome respecto de las mencionadas actividades, además de que sin haberme sido notificado el inicio de procedimiento alguno en mi contra y sin que mediara mi autorización (pero sí mi negativa expresa), ingresaron a mi cuenta de correo institucional y copiaron los comunicados que he remitido y/o recibido en relación con las multicitadas actividades de defensa de los trabajadores, lo que evidentemente es violatorio de mis derechos humanos.

En lugar de preocuparse por resolver los graves problemas que se les exponen y por tomar las medidas necesarias para que no se sigan presentando, emprenden una persecución en contra de quienes tienen el “atrevimiento” de llevar a cabo tales denuncias, igual como ocurre en un régimen fascista. 

Las autoridades del INE se muestran ante la opinión pública como víctimas de una persecución, pero hacia el interior de la institución, con quienes son el motor de la misma, sus trabajadores, se comportan como sus enemigos.

Es definitivo que hay que proteger la autonomía del INE, principalmente cuando efectivamente se vea amenazada, pero también hay que evitar que la misma sea utilizada como una patente de corso en contra de sus trabajadores.