Opinion

El INE sí se toca, pero… (primera parte)

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Benito Abraham Orozco Andrade

martes, 24 enero 2023 | 05:00

Aseverar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se toca, conlleva negar la historia de dicho organismo desde la creación de su antecesor, el otrora Instituto Federal Electoral (IFE). Simplemente hay que recordar, por ejemplo, la reforma electoral de 1994 que instituyó los consejeros “ciudadanos”, y la de 1996 que logra que el Poder Ejecutivo no intervenga formalmente en las decisiones del Instituto.

Asimismo, en 2007 —en el gobierno de Felipe Calderón—, se le otorgan al IFE 53 nuevas atribuciones, muchas de ellas sin ser acordes con su función principal de organizar elecciones, lo que resultó en un verdadero exceso y maltrato al órgano electoral. De igual manera, con la reforma de 2014 que crea al INE —bajo el mandato de Enrique Peña Nieto—, además de aumentar el número de consejeros electorales de su Consejo General (máxima instancia directiva), se le añadieron alrededor de 70 nuevas responsabilidades, lo que tampoco vino acompañado de los recursos correspondientes para atenderlas. 

También es importante recordar, que una vez concluidas las elecciones presidenciales de 2006, los conflictos ocasionados por los estrechos resultados entre el primero y segundo lugar, trajeron como consecuencia el cambio de algunos de los consejeros electorales del Consejo General, entre otros de Luis Carlos Ugalde, en ese entonces su consejero presidente.

Incluso, en el llamado “Pacto por México”, signado por el presidente Peña Nieto y los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se contemplaba una reforma electoral (compromiso 90) que consideraba diversos temas, como el de “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales”. Sin embargo, aún y cuando parecía que la instancia que prevalecería sería el Instituto Federal Electoral con las adecuaciones a que hubiere lugar, les tembló la mano y los institutos estatales electorales permanecieron, en una aberrante mezcolanza de atribuciones con el nuevo INE, que más bien ha resultado en un estorbo para este último, encareciendo considerablemente nuestra inacabada democracia electoral.

Indudablemente, todo lo anterior claramente denota que el mencionado órgano electoral (INE e IFE en su momento) sí se ha tocado, y que quienes en su oportunidad con el “Pacto por México” promovieron determinados cambios, ahora que son propuestos por otros, están en contra de ellos, como lo es el caso de la desaparición de los llamados Ople´s.

De las recientes propuestas de reforma electoral que se han venido manejando, algunas de ellas inviables por su desapego al marco constitucional, el suscrito ya ha manifestado su desacuerdo en determinados casos, como lo es el relativo a la elección de los consejeros nacionales del INE mediante el voto popular, así como la desaparición de su estructura distrital.

En cuanto al primer caso, no representa un avance en razón de que las propuestas que se pondrían a consideración de los electores, las harían los propios poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siendo seguramente perfiles a modo, corriéndose el riesgo de que sean personas sin la capacidad, conocimientos, independencia, objetivad e imparcialidad, indispensables para su adecuado desempeño. 

Actualmente, los mencionados consejeros electorales son designados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que si bien el procedimiento correspondiente implica diferentes filtros tendientes a que sean considerados hombres y mujeres con los conocimientos y capacidad citados, no garantizan los demás atributos mencionados, pues finalmente las designaciones se hacen por acuerdos entre las cúpulas legislativo-partidistas, quedando la sospecha —¿o la seguridad?— de que los designados no atienden al interés social. Como etapa final de ese procedimiento, debería hacerse una designación al azar, con las personas que hayan aprobado las etapas anteriores.

Es aquí en donde se hace alusión a que el INE sí debe tocarse, en razón de que quienes desde hace ya algunos lustros vienen dirigiéndolo, han conformado una camarilla que se ha apropiado de la institución, la cual debería responder a las necesidades e intereses de la sociedad. Han hecho de su autonomía, una verdadera patente de corso para beneficiar o perjudicar a capricho, no nada más a los diferentes actores político-partidistas, sino a los propios trabajadores del órgano que encabezan. 

A pesar de que desde hace algunos años se ha venido denunciando el régimen represivo e intimidatorio en contra de quienes laboran al interior del INE, tanto ante el consejero presidente Lorenzo Córdova, el consejero electoral Ciro Murayama, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, así como ante los demás consejeros electorales del Consejo General y los funcionarios que integran la Junta General Ejecutiva, todos ellos han sido omisos —¿y auspiciadores?— ante los abusos excesivos en contra de los trabajadores que laboran a lo largo y ancho del país, convirtiéndose así en corresponsables de tales ilícitos.

Se ha llegado al absurdo de permitir situaciones que están a la vista de todos, como lo es el de algunas titulares de vocalías de juntas locales o distritales que, por su relación sentimental con los respectivos vocales ejecutivos, quitan y ponen por filias y fobias a personal tanto de la rama administrativa como del Servicio Profesional Electoral Nacional, o consiguen para ellas y para sus serviles incondicionales, beneficios inmerecidos. Mancuernas perversas que en una institución que debería ser ejemplo en la observancia y respeto de los valores democráticos y de los derechos humanos, atentan con toda permisibilidad contra la dignidad de los respetables trabajadores.

No hay que olvidar la férrea defensa que al interior del INE hicieron hace unos años de Jorge Lavoignet, quien siendo director del Secretariado, fue acusado de “presunto” acoso sexual y laboral por parte de una trabajadora de la dirección a su cargo, la cual por dos años tuvo que estar soportando tal situación. Asimismo, se encuentra el caso de Bogart Montiel Reyna, quien fuera director ejecutivo de Administración del órgano electoral en comento, y que fue acusado junto con otros tres funcionarios por “la presunta contratación irregular de servicio de alimentos, por los que el Instituto pagó 15 millones de pesos”, y en donde la institución cínicamente se limitó a referir que “mientras se lleva a cabo la investigación priva la presunción de inocencia de los funcionarios como el mismo juez lo señaló en la audiencia”. A propósito, ¿en qué quedó la acusación en contra de Montiel Reyna?

Si bien es cierto que se impone la defensa del INE, principalmente en lo que hace a su auténtica autonomía, de la misma forma resulta fundamental una sacudida de todas estas personas que lo dirigen y que se han adueñado del mismo, y que por acción y/o por omisión han permitido violaciones graves al marco constitucional y legal, dejando de lado los intereses de los mexicanos.

En una próxima colaboración, será tratado el preocupante perjuicio que se ocasionaría en el supuesto de ser eliminada la estructura distrital. Aquí sí, LOS TRABAJADORES DEL INE NO SE TOCAN.