Opinion
Periscopio

El Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (última parte)

.

Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 05 mayo 2021 | 05:00

En vísperas de la promulgación del Decreto que se propone instrumentar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil se anticipaba que daría lugar a una multitud de amparos ante la judicatura federal. En los hechos, algunos se rechazaron por problemas de sincronía, lo cual dará oportunidad de reiterarlos, y los aceptados hasta ahora ya han dado pie a resoluciones de suspensión definitiva en 54 casos. Está por presentarse un amparo colectivo por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

En un artículo previo en el que se trató el tema (El Diario, 21 de abril), advertíamos que el motivo aparente –-ficticio en realidad--- de la reforma de la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incluir el Padrón, era brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Al respecto en dicho artículo, referimos la información estadística sobre la pérdida de control de la extorsión telefónica, el tercer delito con mayor incidencia. Entonces, en aras de la seguridad ciudadana a los senadores les pareció recomendable vulnerar los derechos humanos, al poner a disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por ende de las autoridades de seguridad y procuración de justicia y de las empresas operadoras, los datos personales y biométricos de los usuarios de telefonía móvil.

Se advertía en esa oportunidad, que el riesgo de filtración se maximizaba, tanto por el potencial manejo político, como por hackeo (véase el artículo 180 ter). En este caso, la identidad del usuario está en poder de diversos agentes cuyos propósitos de uso pueden ser muy diversos. Con esos datos se puede, por ejemplo, obtener una tarjeta de crédito. Los datos biométricos son únicos para cada persona e irrepetibles.

Ahora bien, supóngase que pierde o le roban su celular y con él realizan una extorsión o un secuestro. Por veloz que usted tramite su notificación, en tanto se aclara su papel, usted es presunto responsable con todas sus consecuencias, incluso detención preventiva. En otras palabras, usted es presunto responsable en tanto demuestra su inocencia. Situación obviamente inconstitucional, pues contraviene la aplicación del principio (y derecho fundamental) de inocencia en todo proceso de procuración y administración de justicia (Artículo 20.1 de la Carta Magna y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos:     A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;   Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Específicamente los datos personales están amparados en el Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

No está por demás reiterar que los delincuentes no se caracterizan por ser ciudadanos respetuosos de la Ley y los derechos de las personas; así que suponer, como lo han hecho los senadores, que para darse de alta en telefonía móvil van a jugar conforme a las reglas, es de una ingenuidad sublime. 

Por esta vía no van a resolver o aminorar la incidencia de la extorsión telefónica, en cambio van a aumentar desmesuradamente los riesgos de seguridad de los datos de identidad personal y del patrimonio, libertad e integridad física del usuario de telefonía móvil. 

Sirvan de ejemplo dos situaciones hipotéticas. Primero, cualquier fuga o uso de información por parte de los tenedores del Padrón, por intromisión ajena o deliberada. Esto permite tanto la criminalidad como el control social y político. Este tipo de registro se usa por los gobiernos autoritarios. Segundo, en el supuesto de que el delincuente desee realizar una acción delincuencial que implique comunicación con uso teléfonos celulares, en realidad no tiene ni las cortapisas de escrúpulos morales y de oportunidad, toda vez que usuarios de celulares pululan por doquier y a todas horas. Adicionalmente, me informa un especialista en sistemas, que los extorsionadores profesionales usan teléfonos registrados, aplicando procedimientos tecnológicos que impiden la identificación del número original y su localización. 

En el caso de que los delincuentes se hagan de los datos personales del RENAUT, obtener teléfonos a cuenta de terceros será sencillo. 

En consecuencia, el Padrón es inútil para atajar la extorsión telefónica. Estoy convencido que los promotores de la idea de obtener la información personal incluyendo los datos biométricos, no ignoran la inutilidad de su propuesta para combatir la extorsión telefónica, así como otros delitos. De modo tal, que cabe presumir que la finalidad del RENAUT es principalmente política.

En caso de llegar a operar el RENAUT, si serviría para proporcionar incentivos a la comisión de delitos como el secuestro exprés, el robo de aparatos de telefonía móvil, sin adosar o adosando al propietario. 

Al margen del costo de la instrumentación y operación del Padrón, que al final de cuentas pagaremos como usuarios, y dado que no resuelven el problema que dicen los legisladores querer enfrentar,  la reforma a la LFTR  está enfrentando, una corriente continua de amparos contra su puesta en operación por parte de los usuarios de telefonía móvil, a los cuales en breve se deberán agregar los de legisladores que, en su momento, repudiaron la reforma con su voto y que presenten una acción de inconstitucionalidad consecuente, los reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberán actuar en el mismo sentido, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de los derechos humanos, harán lo propio con amparos contra las graves violaciones a los derechos a la privacidad, la protección de datos personales, presunción de inocencia y de acceso a las tecnologías de la información. Los jueces por lo pronto han concedido las suspensiones definitivas, resta esperar el laudo del Pleno de la Suprema Corte determinando la inconstitucionalidad de la reforma, si la determinación se apega a la letra y el espíritu de la Constitución, y a las disposiciones concernientes de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y otros ordenamientos internacionales. 

De no ocurrir así, el litigio se dirimirá en el ámbito judicial internacional.