Opinion

El perezoso dejó el caso Duarte colgado con alfileres

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GPS / Dominical

domingo, 05 junio 2022 | 05:00

La perversidad traducida en inquina permanente en el exgobernador Javier Corral, por medio de la mentira y la distorsión, es sepultada por la decisión contundente y sin titubeos de procesar al exgobernador César Duarte, contra cualquier pronóstico que adelantara complicidad. 

Se encargó el exmandatario en difundir desde los intentos mismos de descarrilar a Maru Campos en la precampaña, campaña, y una vez electa, en los ocho meses de ejercicio de gobierno, gritando a los cuatro vientos que habría impunidad contra Duarte y sus cómplices, aún con el descrédito para su propio partido y el alto riesgo de perder las elecciones.

Nada de eso le importó, en evidente pacto con el entonces candidato de Morena, Juan Carlos Loera, quien desde entonces ha comprado el mismo discurso.

A parte del superdelegado federal, ayudaron en esa intentona la exconsejera de la judicatura, Lucha Castro, quien desde Barcelona envió lo que pensó eran misiles y que terminaron siendo simples resorterazos, en el sentido de que se había designado a una titular del Poder Judicial a modo del duartismo.

Hasta Cinthia Chavira, la esposa del golfista exgobernador (con perdón de los auténticos golfistas), le entró al quite, en una indudable intención de generar un contexto de urgencia para que el asunto fuera atraído por la federación, para garantizar un supuesto juicio imparcial.

Se han unido a ese linchamiento los morenistas en el Congreso, tratando de sacar raja y pagar seguramente favores pasados al corralismo.

Todo ello quedó en simples manifestaciones porque, para empezar, el gobierno federal se deshizo de inmediato del problema político que significa un proceso de esta naturaleza, en vísperas de los comicios.

Para nada desea Presidencia de la República llevar a ese orden federal un juicio que en esencia es local, por el tipo de delito perseguido.

El golpe mediático de la extradición era suficiente propaganda, lo demás era un exceso, particularmente cuando con toda certeza ha recibido seguridad en el procesamiento y enjuiciamiento del exmandatario, de viva voz de la mismita Gobernadora.

Como ocurrió con Javier Duarte, el exgobernador veracruzano, habrá atención nacional y local en el proceso penal que inició el viernes muy temprano y continuó el sábado con la formulación de acusación y resolución de medidas cautelares, y que deberá proseguir con una segunda audiencia en la que se decrete o no la vinculación a proceso.

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Los primeros golpanazos a la inquina corralista cayeron cuando el presunto responsable de delincuencia organizada y peculado ingresó a una celda de alta seguridad en el penal de Aquiles Serdán, borrándoles la sonrisa a quienes ilusamente creían que como en el caso Lozoya, Duarte iría a parar con el médico, y luego a prisión domiciliaria por enfermedad.

Contrario a ello, durmió en una fría celda el exgobernador la primera noche, si es que pudo conciliar el sueño apenas unas horas, porque a las seis de la mañana ya estaba siendo trasladado a la Ciudad Judicial, esposado, para encararse con el juez de control.

Después vinieron largas 12 horas de audiencia, interrumpidas en varias ocasiones por las dolencias que la hernia producía en Duarte y la saturación inexplicable de los discos duros en que se grababa la diligencia judicial.

Ahí escuchó CDJ los pormenores de la acusación con lujo de detalles, la puñalada en el corazón de su ahijada política Karina Velázquez que depuso contra él, pese a todas las atenciones, cercanías, cariños prodigados, por encima incluso de parientes. En el paroxismo de poder la llevó a ser dirigente estatal del PRI, coordinadora de la fracción y presidenta del Congreso.

En sobre cerrado y sellado, conoció también la identidad de los testigos protegidos, todos ellos encumbrados por él mismo durante su sexenio, con puestos, sueldazos, viajes y sinfín de privilegios. Jamás habían accedido a tal manejo de recursos y poder. Ahí pudo Duarte ver con sus ojos oficialmente por primera vez la identidad de quienes lo traicionaron.

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Unas horas antes de la primera audiencia quedaba muy clara la disposición de la gobernadora Maru Campos de ir con todo en la persecución de los delitos que se atribuyen al exgobernador.

Claridoso fue el mensaje con video en redes sociales, al conocerse la noticia de la extradición desde el jueves pasado el mediodía, como lo fue en su entrevista con Ciro Gómez Leyva al día siguiente, el viernes.

En lo técnico, el fiscal no se anduvo con rodeos, dejando puntualmente clara la postura del órgano persecutor. 

No sólo defenderían y sustentarían, con los elementos existentes, las dos únicas acusaciones con las que llega Duarte ante el juez, sino que irían por el resto que se quedaron en el tintero. Todo ello, pese a carpetas deficientemente integradas, convenios ilegales con testigos, confesiones y testimonios arrancados con tortura física y psicológica. 

Eso es lo mínimo, pero van por más. Ya se solicitó oficialmente a la Fiscalía General de la República para que, con el auxilio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite la excepción a la cláusula de especialidad establecida en el artículo 17 del tratado firmado con los Estados Unidos de América.

Tratarán mediante ese recoveco legal recomponer la deficiente solicitud de extradición responsabilidad completita de la Fiscalía corralista, que en un afán por acelerar las cosas y juzgar al odiado rival en su gobierno, habría convenido con la federación traerlo sólo por dos delitos, los que supuestamente tenían mejor armados, el de peculado por 96 millones y el de delincuencia organizada.

Estrictamente para esos dos delitos fue detenido Duarte en Miami y sometido a un juicio en aquel país. Jamás se trataron ninguno de los otros 20 delitos que se le imputan, y, por tanto, nunca tuvo oportunidad el extraditado de defenderse de ellos.

Está la Fiscalía estatal estirando la liga, pidiendo algo que el mismo Tratado Internacional prohíbe, con excepciones que a simple vista no son aplicables al caso concreto, para que se juzgue a una persona por delitos distintos de los que fueron motivo de la solicitud, tema sobre el cual incluso existen antecedentes en la Corte mexicana.

Tenemos por ejemplo una resolución dictada en el amparo en revisión 536/2019, en la ponencia de la ministra Norma Lucia Piña Hernández, en la que privilegia en beneficio del reo la aplicación estricta del Tratado, conforme a los principios constitucionales de debido proceso y legalidad.

“…la regla de la especialidad que los países establecieron en el tratado internacional, salvaguarda que la persona extraditada no podrá ser detenida, enjuiciada o sancionada dentro del ámbito jurisdiccional de la parte solicitante por delito distinto de aquel por el que se concedió la extradición”.

Bajo este criterio no es suficiente con que el país requerido, en este caso los Estados Unidos, autoricen que se le juzgue, o que el mismo indiciado este conforme con dicho proceso penal bajo nuevos delitos.

Aún y cuando estos dos supuestos, que el Tratado no considera –sólo para un tercer Estado-, ocurrieran, no sería posible, porque la extradición implica un proceso judicial en el que el reo debe ser oído y vencido en juicio, lo cual no ocurrió por los nuevos delitos que se le pretenden imputar y que son ajenos a la extradición.

La Fiscalía Estatal, pese a estas consideraciones que obviamente ya conoce, hizo la solicitud formal, apenas llegó CDJ a territorio mexicano, para no dejar lugar a dudas de la voluntad estatal de perseguir todos los delitos. 

No quedará de la administración de Maru, sino de la torpeza del perezoso exgobernador Corral que hizo deficientemente su trabajo para perseguir a Duarte, utilizando un ejército de ministerios públicos, ministeriales, peritos, acoso a testigos, y mil estrategias que salieron finalmente fallidas, por su única y personal irresponsabilidad, con dos únicos delitos colgados sobre alfileres.