Opinion

El Pin (veto) Parental

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Verónica Villegas Garza

sábado, 11 julio 2020 | 05:00

En los últimos meses, aprovechando que la atención de la población se concentra en los temas relativos a la pandemia del Covid-19, ha surgido en varios estados de la república, en específico en los congresos locales, iniciativas de ley impulsadas por los grupos más conservadores acerca de la implementación del llamado Pin Parental. 

El origen de estas iniciativas surge en España, por medio del partido ultra conservador Vox, es un término ampliamente extendido entre los padres como un concepto tecnológico de protección, el Pin Parental es una clave que ofrecen las plataformas de streaming para bloquear determinados contenidos que los padres consideren que no son apropiados para sus hijos, Vox queriendo trasladar a la educación el concepto de “Pin Parental”, en lugar de hablar de veto parental para que se perciba como una protección y no como lo que es: una censura en los contenidos de educación sexual. 

Pero ¿Qué es lo que establece Ley General de Educación? Entre otros aspectos, promover el respeto a la dignidad humana como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a mejorar la convivencia social en un clima de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias y el aprecio por la diversidad.

Es decir que la educación que imparta el Estado se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres y fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las niñas y mujeres. 

La Ley General de Educación es muy clara al respecto, los contenidos de los planes y programas de estudio que imparta el Estado de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán entre otros los siguientes: el fomento a la igualdad de género para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la educación sexual integral que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual. 

Las iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes mencionadas, la de Chihuahua entre ellas, pretenden establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos, se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan con sus “convicciones éticas, morales o religiosas”. En consecuencia, autoridades educativas podrán verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género, cuando los padres de familia pongan por encima del interés superior de sus hijos a sus convicciones religiosas.

De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de los contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del interés superior de la niñez.

En un país como México, donde las estadísticas de organismos nacionales e internacionales muestran que el mayor porcentaje de la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes se da en el interior del hogar, implementar este tipo de iniciativas tendrán como consecuencia indiscutible un incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescentes y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia entre otras. 

La gravedad de esta iniciativa y el retroceso sería tal que autoridades nacionales encargadas de la protección a la infancia concluyen que el llamado “Pin (veto) Parental” es una medida violatoria de derechos a una educación con perspectivas de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias. 

Desde aquí solicitamos a las diputadas y a los diputados reflexionar su voto y a preservar y proteger el estado laico que tantas luchas y muertes nos ha costado, a privilegiar el interés y los derechos de las niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses religiosos de grupos de interés. 

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