Opinion

El presidente de la República y la legalidad

Sergio Alberto Campos Chacón
Domingo, 06 Enero 2019 | 12:16

El miércoles 2, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, convocó, propiamente, al reclutamiento de 50 mil jóvenes para integrar la Guardia Nacional.
50 mil elementos son cinco divisiones. Ya escribí al respecto del costo que requiere, el que, salvo ignorancia mía, no está previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, y no puede estar porque jurídicamente no existe, y porque a todo gasto público le precede que instituciones o unidades administrativas estén contempladas en las leyes, que no es el caso.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todavía no se reforma para crear la Guardia Nacional, así que ninguna convocatoria puede emitirse, ni como mera declaración o invitación a los muchachos, menos cuando que el presidente se comprometió someter el tema a consulta nacional en el mes de marzo, y la Cámara de Diputados abrirá foros de consulta el martes 8.
Militares, marinos y federales ya están desplegados en el territorio y actuando como Guardia Nacional y policías de seguridad pública, contrario a la Constitución y los propósitos de quienes votamos por López Obrador.  No aceptamos poder por sobre el Ministerio Público Civil, ni demás autoridades civiles competentes para la indagación de los delitos.
Parto del supuesto que pidió opinión al Lic. Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia, y le hizo ver que mientras legalmente no esté autorizada constitucionalmente la Guardia Nacional nada de ella se puede hablar, menos iniciar operaciones de hecho, a riesgo de incurrir en probables responsabilidades, por las que podría ser sometido a procedimiento administrativo.
Este procedimiento ya debe haberlo iniciado la Lic. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaría de la Función Pública, por incumplir los deberes de conducirse bajo los principios de legalidad y honradez, y otros criterios de actuación que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previene, y las sanciones podrían ser amonestación privada o pública, sanción económica, y en su caso, en los plazos legales, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, como establece el artículo 13 de esa ley.
Sujeto a más estudio, pensar si ameritaría someterle al juicio político que señalan los artículos 110 y 111 de la Constitución.
Legalidad equivale a actuar dentro de los márgenes de competencia que la ley señala, y honradez la virtud de actuar con honor; hablar y actuar con verdad.
Es probable que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México se sitúe en igual potencial grado de responsabilidades cuando admitió que 58 personas cobraban como Aviadoras” en la administración de Miguel Mancera, y no se ejercería acción legal en su contra.
En igual suerte estarían los secretarios de la Defensa, Marina, y Seguridad Pública, quienes sin duda también consultaron a sus abogados, expertos y entendidos de la cosa pública, pues como he escrito, nuestro régimen jurídico es de facultades expresas y limitadas, lo que significa que cada autoridad, entidad o unidad del gobierno tiene atribuciones bien específicas en la ley.
Entonces, si la Guardia Nacional no tiene vida jurídica, orgánica, estructura y funciones delimitadas en las leyes que habrán de regirla, muy probablemente el presidente y los secretarios de Estado pasan por alto el principio de legalidad.
Las decisiones del presidente tienen su razón, dada la urgencia de atender la violencia arraigada en el país, no obstante, como ciudadano y abogado, mi marco jurídico pugna con acciones como la que comento, tanto y más cuando expresa que no habrá acciones legales contra los huachicoleros de cuello blanco.
López Obrador se adelanta a la reforma constitucional para dar nacimiento a la Guardia Nacional, objetada por ONGS y organismos internacionales, entre ellos la ONU.
Él sabe que poca o nula oposición tendrá en la base popular a su convocatoria para formar esa Guardia, cuyas consecuencias la sociedad civil parece no valorar, así se reitere que esa institución protegerá y respetará los derechos humanos.
La mayoría apuesta a que posee, como los buenos chamanes, la magia blanca o positiva, y permiten su control social; por eso no cuestionan sus decisiones, salvo la racionalidad de los juristas o constitucionalistas expertos.
Observamos resoluciones personales no fundadas en atribuciones legales, regladas, expresas, delimitadas. Acciones de alto riesgo y fuerte impacto en la vida individual ciudadana o la colectividad nacional.
Inquieta que desestime el Derecho y el tiempo, el que como bien afirma el ilustre jurista uruguayo Don Eduardo J. Couture, se venga de las cosas que se hacen sin su consideración, por no haber tenido paciencia.   La premura atropella los principios sustanciales de la ley, de la naturaleza de las cosas, nos enseña, aún, Aristóteles.
Para que el crimen organizado termine en México es necesario que no haya millones de adictos en los Estados Unidos, Europa y otros lugares. La confronta entre cárteles subsistirá en igual proporción a la demanda extranjera de drogas. México seguirá caminando ensangrentado en círculos, con Guardia Nacional o sin ella, o la legalización del consumo de marihuana con “fines recreativos, lúdicos”, primer paso para adicciones graves.
Tatiana Clouthier, igual que otros legisladores de Morena, se opone a la Guardia Nacional; plausible.  Su postura es congruente, honesta, si bien objeto de críticas por los adherentes sin límites a López Obrador, sus razones son fundadas.
En este entorno del círculo directo del poder, y el indirecto en las legislaturas, federal o de los Estados, se observa una coalición de liderazgos que representan grupos disímiles, naturales del PRI, PAN, PRD y otros, en conciliábulo surrealista, pero lógico en política electoral para obtención de votos. Esa composición imbrica contradicciones ideológicas y de intereses, que subyacen en conflicto dialéctico y saltarán en poco tiempo.  
En el periodo de incubación se consolidarán en las posiciones conferidas, no se opondrán a las decisiones de López Obrador, le dejarán hacer, aunque sepan se aparta de la ley, como la Guardia Nacional anticipada e incurra en muy probables responsabilidades, a fin de cuentas, serán de él.
O no le anticipan y previenen, o no escucha sin remedio y hace lo que considera, expuesto y muy descubierto a lo que sobrevenga de parte de sus contrarios políticos que, han de llevar contaduría de los desaciertos legales que cometa.
Próximo frente de batalla le espera frente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que rechaza el proyecto del Tren Maya y otros programas que en su opinión agravias a los pueblos originarios del sureste del país.
Cuidar la legalidad, actuar con tino y prudencia, es aconsejable para el presidente, sus proyectos sociales lo merecen.
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