Opinion

El problema agrario en Chihuahua

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Francisco Flores Legarda

jueves, 23 junio 2022 | 05:00

Subsisten alrededor de 60 problemas agrarios derivados del propio cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Superior Agrario, mismas que por su propia naturaleza implican modificaciones a los proyectos de afectación original, afectando diversas superficies, ordenando la segregación por considerarse pequeñas propiedades y como consecuencia se generó la interposición de juicios de amparo, pendientes de resolución.

Existen alrededor de 50 núcleos que carecen del plano definitivo o algún otro documento de los llamados básicos que implica reponer el procedimiento de ejecución, sin que cambie la superficie que los conformó. Es decir, con documentos que acrediten la superficie que les fue entregada. Asimismo, encontramos ejidos y comunidades que no se les entregó la superficie señalada en la Resolución Presidencial, por existir algún impedimento de índole jurídico, o simplemente imposibilidad material por no encontrarse la totalidad o parte de la superficie señalada como afectable.

Existen 25 conflictos de los linderos que conforman el o los polígonos de las tierras concedidas a los poblados mediante las Resoluciones Presidenciales sobre las acciones agrarias, en unos 26 núcleos agrarios por sobreposiciòn de tierras entre ejidos con pequeñas propiedades.

La indefinicion de los límites geopolíticos del estado de Chihuahua, con el estado de Sonora, ha generado problemas agrarios, de 12 núcleos cuyas acciones de dotación o reconocimiento de bienes comunales ha venido provocando problemas con otros núcleos, con propiedades particulares y con terrenos de presunta propiedad nacional, localizados en el estado de Sonora lo que ha creado inseguridad en la tenencia de la tierra en ambos lados de las entidades federativas mencionadas.

Por lo que toca a la región tarahumara en la actualidad se encuentran ventilándose diversos juicios en los distintos juzgados de distrito en el estado y tribunales colegiados del XVII circuito, así como en los tribunales en materia agraria.

La problemática de los sujetos agrarios en la sierra, en las tierras al interior del ejido y principalmente en las áreas agrícolas, es grave, ya que no existen áreas parceladas y la mayoría de los ejidos no ha aceptado programa para regularizar, por cuestiones internas de los núcleos de población y la delincuencia.

No existe un control para la apertura de pequeñas superficies, que son utilizadas en la agricultura de subsistencia, generándose el conflicto por la posesión de las mejores áreas susceptibles de cultivo

La superficie de los ejidos forestales de la sierra, está considerada como de uso común, es decir, que el usufructo de esta, es en proporción directa al número de ejidatarios y al total de la superficie, que se disfruta en forma equitativa y proporcional, al derecho o derechos que le correspondan a cada sujeto agrario. Esto en la práctica ha acarreado una serie de conflictos en la explotación forestal y ganadera de la región serrana.

En el área forestal, el derecho a la explotación forestal está considerado común, por lo que pequeños grupos de poder, a través de los órganos de representación, realizan la explotación, aserrio y la comercialización de los productos forestales en forma deficiente. Esto ha alentado a los ejidatarios y comuneros inconformes a integrarse en sectores, grupos, SPR,SSS, y algunas otras figuras económicas, para solicitar el usufructo de la cosecha forestal y poder procesarla y comercializarla provocado con esto un enfrentamiento con sus representantes, dando como resultado un desorden en la comercialización y en la explotación de los bosques.

Los pastizales son explotados por unas cuantas personas de cada ejido y comunidades, desconociendo el derecho que tienen los ejidatarios del usufruto de los pastos, causando conflictos por posesión de estas áreas, que no han sido reglamentados en algunos casos en su uso y explotación a través de los reglamentos internos. 

El fenómeno de la migración de los pobladores de la sierra, se da a los centros urbanos, en primer lugar, porque el 60% de los pobladores no tienen derechos agrarios y no existen fuentes de trabajo que los pueda retener en su zona, no tienen derecho al usufructo de los pastos, ni a la cosecha forestal.

En el caso de los ejidatarios y comuneros, los recursos pastales y forestales se agotan rápidamente, o son usufructuados por unas cuantas personas, año con año, y tienen que salir de sus lugares de origen a buscar trabajo para el sustento familiar.

Con acciones inminentemente sociales realizadas por las autoridades agrarias no históricamente no han logrado resolver el problema.

Ahora que tenemos que la Sedatu está más preocupada en construir casas para los campesinos entre otros beneficiados, y no en resolver los problemas agrarios señalados con anterioridad. Más grave aun que los titulares de estas dependencias no cuenta con experiencia alguna, empezando con el secretario y en seguida los demás funcionarios, que no saben cuáles son sus funciones. 

Mediante el procedimiento de regularización de tierras ejidales y/o comunales previsto por el artículo 56 en relación con el 23 fracciones VII,VIII Y X de la ley agraria, se pretende brindar seguridad jurídica y documental sobre la tenencia de la tierra de los núcleos agrarios localizados en esta entidad, teniéndose un avance sobre este rubro del 55.11% de los poblados ubicados en la región tarahumara, habiéndose generado a la fecha 46,025 documentos que amparan derechos sobre tierras y títulos de propiedad derivados de los asentamientos humanos con que cuentan los referidos poblados. Como se observa sólo la mitad de los ejidos en la Sierra Tarahumara.

En esta región se encuentran 221 solicitudes de terrenos nacionales, los cuales se encuentran ventilándose en las diversas etapas del procedimiento para efecto de culminar con la expedición del título de propiedad correspondiente. Algunos de estos se encuentran en conflicto de linderos con ejidos, comunidades y pequeñas propiedades.

En la región tarahumara existen algunas posesiones irregulares debido a las resoluciones de diversos juicios que dejaron insubsistentes las resoluciones presidenciales, las posesiones precarias derivadas de los aseguramientos por parte de la P.G.R.  y puestos a disposición de la S.R.A. para las necesidades agrarias.

También encontramos posesiones de este tipo, de grupos indígenas que la ejercen esporádicamente por su propia condición de migración, quienes son sujetos a una extrema desigualdad y no tienen otra opción que migrar a las ciudades.  

Con datos duros de la entonces de la Secretaria de la Reforma Agraria.

Así como del suscrito cuando desempeñé cargos en la entonces Representación Regional del Norte de la SRA, Delegación de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario, trabajos y estudios para diversas dependencias, incluyendo el Gobierno del Estado de Chihuahua, incluyendo revistas publicadas a nivel nacional, y aportaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.