Opinion
Periscopio

El rol obligatorio del Estado respecto de los derechos humanos

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Armando Sepúlveda Sáenz

sábado, 25 julio 2020 | 05:00

Cerraba mi colaboración previa refiriendo que la obsesiva determinación de la Administración Federal para omitir la aplicación del marco legal establecido en materia de derechos humanos, requiere definir si los derechos humanos son exigibles y por qué los derechos humanos son responsabilidad y obligación de todas las autoridades ejecutivas de los órdenes de gobierno. En esta ocasión se atenderá lo relativo a esta última dimensión.

Si el Estado mexicano estaba comprometido con el respeto de los derechos humanos sancionados como universales por las Naciones Unidas, no fue sino hasta mucho más tarde, 2011 cuando fueron explícitamente reconocidos en la Constitución Federal. 

Antes teníamos garantías individuales concedidas por el Estado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor en marzo de 1976, en tanto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entro en vigor al inicio de 1976. Estos instrumentos fueron ratificados por México en 1981.

Para incorporarlos en el ámbito constitucional hubieron de transcurrir 30 años. No sin que mediaran sendos informes (con las consiguientes observaciones y preocupaciones) de los Comités y Comisiones de las Naciones Unidas sobre los principales instrumentos normativos de derecho internacional sobre derechos humanos. Esto expresa la resistencia de las fuerzas políticas hegemónicas por quitarle la facultad al Estado para brindar derechos con generosidad política.

Por ello se puede entender que las obligaciones del Estado quedaran diáfanas en el párrafo tercero del artículo 1º. Constitucional: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

El gobierno de Peña Nieto, fue el primero en incorporar a la planeación y programación de las políticas públicas, el enfoque de derechos humanos, así como las correspondientes acciones, más bien escasas, siguieron aplicándose los criterios políticos y las visiones de corto plazo en la instrumentación de los derechos humanos.

Para la actual administración federal el enfoque de derechos humanos no existe, las omisiones para su observancia, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos están fuera de la realidad alternativa que se construye cotidianamente desde las conferencias de prensa mañaneras del Presidente.  

De modo que ni por asomo la 4T pretenderá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Salvo si le significa un costo político evidente y le resulta barato el resarcimiento, (primero está “ahorrar”, la más reciente ocurrencia de ahorro es hacer “descuentos voluntarios“ a los emolumentos de los burócratas federales).

¿Puede el Poder Judicial hacerse de la vista gorda con las sistemáticas violaciones del Ejecutivo Federal a la normativa nacional e internacional de los derechos humanos? Hipotéticamente puede. Sin embargo, la legitimidad de sus resoluciones muy pronto será objeto de cuestionamientos, cuando no de rechazos.

A modo de ilustración se pueden citar algunos instrumentos y las disposiciones de vigilancia y obligatoriedad de su aplicación: Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), “Artículo 1. (1). Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

En la vertiente de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enuncia en su artículo 2, “(1). Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (2). Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Para complementar las obligaciones el mismo Tratado, prevé: “3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene disposiciones análogas, como todos los restantes instrumentos de orden internacional. 

En consecuencia: a) El poder Judicial no tiene espacio para faltar a lo estipulado en los Tratados; b) A la luz de las disposiciones de los Tratados se puede entender el origen de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos., aunque algunos años después de su ratificación.