Opinion

El voto de la responsabilidad

.

Lilia Aguilar Gil

miércoles, 09 noviembre 2022 | 05:00

Ciudad Juárez.- Ser responsable o no serlo, esa es la cuestión. Esta semana el Congreso del Estado discutirá en el Pleno la reforma para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 para auxiliar en tareas de seguridad pública. ¿De qué se trata? De no dejar en manos del crimen nuestras calles y a nuestra gente. Porque los juarenses ya vivimos lo que significa hacerlo, el jueves negro es un vivo recuerdo. 

La reforma en cuestión propone el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones policiales, no se trata de ninguna forma de suplantar a las policías estatales y municipales, se busca reforzarla, pues es evidente que estas son el eslabón más débil de la seguridad pública. 

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2022, se tiene una mejor percepción del trabajo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional que la Policía Estatal o las municipales y la misma señala que las policías estatales tienen un 52 por ciento de percepción de efectividad, mientras que las policías preventivas municipales no alcanzan el umbral del 50 por ciento. 

De 2018 a 2022, solo ha habido un aumento de 300 elementos al pasar de dos mil 24 a dos mil 324, es decir, solo hay un policía por cada mil 800 habitantes, muy por debajo del estándar internacional de la ONU que recomienda 2.8 policías por cada mil habitantes. 

Es una incongruencia y hasta un despropósito decir que se prefiere a policías locales “bien preparadas, bien equipadas y pagadas” cuando en los hechos no se ha hecho nada para lograr ese objetivo. Parte del grave problema que padecemos en Chihuahua tiene que ver con que no hay una estrategia que refuerce ese eslabón. El Gobierno estatal está empeñado en enfocarse en una torre de concreto, ladrillo y fierros que no resuelve el problema de fondo de seguridad. 

La reforma en cuestión, incluye los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para normar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, esta debe ser extraordinaria, es decir, temporal y solicitada de forma expresa por la autoridad civil; regulada, o sea, con apego al orden jurídico; fiscalizada, es decir, sujeta a revisión o supervisión del funcionamiento institucional; y subordinada y complementaria, es decir, con acciones en auxilio o complemento a las instituciones de seguridad pública.

Esto es hacer las cosas con estrategia, con reglas, con ideas claras que buscan un solo objetivo: contribuir al proceso de pacificación del país, situación muy diferente a la de hace años en el sexenio de Felipe Calderón cuando, así, de la nada, sacaron a las Fuerzas Armadas a las calles sin protocolos de actuación. Y esos mismos son quienes hoy se escandalizan por una supuesta militarización. ¿Cinismo? 

En Juárez ya vivimos en carne propia cómo es que no haya control del crimen organizado, ya no solo se trata de guerras entre grupos delictivos, se trata de la inseguridad de todas y todos los juarenses. Ante esa situación, el Gobierno estatal solicitó de forma “urgente” el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo mismo que en el secuestro y asesinato de los jesuitas en la sierra. Sería totalmente incongruente negar la presencia extraordinaria de las Fuerzas Armadas. Ya veremos el sentido de responsabilidad de nuestro Congreso.