Opinion

Elecciones y fraude a la ley

.

Jaime García Chávez

domingo, 13 septiembre 2020 | 05:00

Las futuras elecciones de Chihuahua transitan por la senda del fraude a la ley. No parece haber cultura democrática alguna, ni órgano electoral que lo contenga, que lo encause por encima de las ambiciones desatadas de una clase política que vive de espaldas al Chihuahua real. Este fraude es inherente a la cultura política dominante que por igual recorre transversalmente a todos los partidos políticos, sin excepción. 

Actualmente existe una detallada y casi minuciosa legislación electoral, sendos organismos electorales que desde la esfera administrativa hasta la jurisdiccional dicen ocuparse de la vigencia del derecho en esta materia. Muy pronto se dará el banderazo para iniciar el proceso electoral, pero este, en la realidad, ya tiene meses de desplegarse de manera incontenible. El orden jurídico no importa, lo que interesa es construir las veredas que conduzcan a hacerse del poder, sin importar para nada el consenso plasmado en las normas jurídicas para que la democracia se fortalezca como una forma privilegiada de construir acuerdos para nombrar representantes políticos en todos los órdenes de gobierno. 

El “obedézcase pero no se cumpla”, que dominó durante la Colonia, está más vivo que nunca, no se ha ido y es la esencia, precisamente, de una de las versiones del fraude a la ley que ha cobrado carta de naturalización entre nosotros. Lamentable si nos hacemos cargo de que tenemos muchísimos años construyendo un sistema democrático que no acaba de cobrar sus contornos, menos de consolidarse. 

El fraude del que hablo es el que cometen los que aparentan colocarse estrictamente en los términos de la ley para aparentar que la cumplen. Suele ser una práctica propia de los que, teniendo muy claros sus objetivos, actúan al filo de la navaja con inteligencia, pues siempre resultará difícil demostrarles lo antijurídico de sus conductas. 

Se amparan en una normativa jurídica existente con la finalidad de alcanzar sus propósitos, sabiendo que no son los propios de las normas jurídicas, que son contrarios a derecho y que sólo mediante el engaño a la sociedad, logran convertirse en conductas con vestuario de acatamiento de la ley aunque, en realidad, la desnudez de las mismas caractericen a quienes lo hacen. Los cínicos llaman a esto “habilidad política”, los pueblos que los toleran sufren las consecuencias, mucho más en un ambiente en el que estando indefinidos, utilitariamente, los perfiles que definen a los partidos es muy difícil columbrar los matices de esta malhadada práctica. Veamos algunos aspectos de este síndrome electoral de fraude a la ley. 

Los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua se han adelantado meses a lo que propiamente es la campaña electoral. Los que ocupan cargos de gobierno aprovechan todas sus actividades para mezclar sus obligaciones públicas con sus pretensiones políticas partidarias y personales. A esto le podríamos llamar “política total”: a la vez que gobiernan, descaradamente se apalancan en la institución para sacar adelante sus proyectos de poder. Somos, por empezar a poner ejemplos, un país en el que se felicita –les llaman “salutaciones”– a los funcionarios públicos por cumplir con sus deberes. Alguien ha dicho que es como ir al cajero a sacar el dinero propio y felicitar al banco. 

Así, hemos observado un alud de lisonjas hacia los alcaldes que recién rindieron informes de gestión. Se trata de las empresas proveedoras de los propios municipios, que seguramente ya hasta tienen presupuestado el gasto anual de rendir pleitesía al cliente  gubernamental. En esta práctica, lo mismo hemos visto desfilar a Alfredo Lozoya, el alcalde de Parral; a María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua, y hasta al alcalde de Guachochi, cuyo nombre no deseo consultar en mi libreta. 

De este elenco sobresale, sin duda alguna, Campos Galván, que un día después de la tarea de mal informar recibió, números más números menos, 101 desplegados de personas y empresas que la felicitaron a ciegas, porque no creo que en la noche se hayan dedicado a analizar las palabras de la alcaldesa. 101 desplegados en un periódico capitalino, a los que hay que sumar 59 más en otro impreso, lo que da un total de 160 espacios de diverso tamaño, la mayoría con fotos de rostro maquillado que lo menos que puede pensar uno es que la ambición de que las cosas continúen como van son indubitables y que el narcisismo inocultable va dañando, desde ahora, la personalidad de la protagonista de esta desfachatez, que de tanto escuchar loas no es extraño que después se reedite como una enferma de la hybris porque, desde ahora, proclama que ya está lista para ser la gobernadora de Chihuahua, dicho todo esto sin rubor alguno. 

Pero su historia no acaba ahí. En cada una de las casas habitación de la ciudad de Chihuahua se nos entregó un tabloide de 8 páginas a full color en la misma línea. ¿No es esto muestra de un deseo enfermizo por el poder? Creo que sí. Lo más grave es que viene envuelto en el sedoso papel del fraude a la ley.

Otro caso es el de Armando Cabada, quien aprovechó su informe creyéndose el mago del suspenso, Alfred Hitchcock. En medio del informe y con abultado cinismo expresó sus deseos de convertirse en candidato a gobernador, olvidándose que antes se envolvió en la bandera de independiente –en realidad es un hijo político de César Duarte– para anunciar que ya tiene propuesta firme de un partido político. La más mínima autocontención vemos en esto, aprovechan las instituciones como la trinchera para combatir por sus propias ambiciones, desentendiéndose de que está en marcha un proceso para revocarle el mandato. 

Por el lado del PRI se mueven con cierta parsimonia, porque no son sus tiempos y porque su olor a cadaverina ya no se soporta ni con abundante formol de por medio. Son los de MORENA también ejemplo de estas prácticas de fraude a la ley: tanto Rafael Espino de la Peña como Carlos Loera de la Rosa y Cruz Pérez Cuéllar parecen haberse doctorado en esta materia. El primero gasta munificentemente en una campaña formal, invierte lo que cobrará mañana y, sin pudor alguno, se presenta como el ungido por López Obrador, a sabiendas de que si algo transgrede a la ley es, precisamente, aparecer en calidad de futuro intendente de una república pretendidamente centralista. 

Y mientras Espino se las gasta así, Loera de la Rosa se apalanca en el presupuesto para aparecer en todos los confines del estado en calidad de “ogro filantrópico”, porque reparte y reparte cheques y becas al por mayor. Y en el sitial más alto del descaro, el senador derechista, Cruz Pérez Cuéllar, ya colgó espectaculares en muchas partes como si ya estuviésemos allá por mayo del 2021. Es el prototipo practicante del fraude a la ley, empleando artilugios ya muy sobados: él, en los espectaculares, pretende realizar una “cruzada” por Chihuahua (todavía no se da cuenta del desprestigio de las que se realizaron para recuperar las llamadas tierras santas), ambicionando que nos olvidemos de que, si por él fuera, Duarte tendría de hombre de paja en la gubernatura a su amigo Enrique Serrano. Digo que el ejemplo de Cruz es proverbial por una razón: no publicita en apariencia nada, sino la portada de una revista. Por tanto, es la revista la que comete la conducta. Y quiere que se lo creamos.

Todo esto es un manojo de ejemplos del fraude, que no para ninguna institución competente como las electorales. Pero más grave que esto es que el cuerpo ciudadano no aquilate el daño que estas prácticas generan. Nunca nación alguna progresó y alcanzó altos niveles de desarrollo con una clase política que hace del fraude el camino hacia el poder.