Opinion

Empoderamiento o paridad

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Gerardo Cortinas Murra

lunes, 22 noviembre 2021 | 05:00

El empoderamiento de las mujeres hace referencia “al proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en la toma de decisiones en toda las esferas de la vida personal y social”.

De esta manera, el proceso de empoderamiento femenino “incorpora una visión crítica sobre el sistema de género, sobre los papeles y estereotipos asignados por el género a los sexos y sobre los déficits de participación históricos de las mujeres”.

Así, se “incorpora el reconocimiento y revalorización de las mujeres por sus aportaciones en cualquier campo de la actividad humana y por su capacidad para luchar por sus derechos y su emancipación, es decir, una genealogía feminista”.

En el ámbito político, el empoderamiento exige “afrontar estrategias para lograr la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida. Y, particularmente, impulsar una mayor participación de las mujeres en los escenarios de poder, hasta lograr una participación paritaria”.

En la Plataforma de Acción de Beijing se estableció que las mujeres tienen igual derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. Sus dos objetivos estratégicos, son: 1) garantizar a las mujeres igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones; y 2) aumentar la capacidad de las mujeres de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos.

Como consecuencia de ello, en los últimos años, se han aprobado diversas reformas constitucionales y legales para impulsar el empoderamiento de las mujeres; ya que ello, “contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo”. 

En México, en materia político-electoral, la paridad sexual tiene su sustento en datos demográficos (cantidad de mujeres). La Sala Superior del Tepjf mediante aberrantes criterios jurisprudenciales ha extendido su aplicación a todos los cargos de elección popular.

En días pasados, la mayoría de los analistas políticos han calificado como un ‘hecho histórico’ la conjunción de que tres mujeres representen a los tres Poderes del Estado.

En el Poder Legislativo, la diputada Georgina Bujanda fue designada como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Y en el Poder Judicial, la magistrada Myriam Hernández fue designada como presidenta sustituta del Tribunal Superior de Justicia. En ambos casos, el ejercicio de sus respectivos cargos será de tan solo un año.

En el evento de la designación de la magistrada, el magistrado decano Rafael Quintana, precisó que “en el cuerpo de leyes que regulan al Poder Judicial, no existe la obligatoriedad de atender la paridad o la alternancia, por lo que fue electa, no por el hecho de ser mujer, sino por cumplir con los requisitos que tan importante cargo exige”.

Obviamente, en los casos de las titulares de los Poderes Legislativo y Judicial no se trata, propiamente, de dos casos de empoderamiento femenino; sino tan solo de la designación -coyuntural- de dos mujeres que, por circunstancias ajenas a su desempeño profesional, llegaron a ostentar -temporalmente- un cargo de relevancia política. 

Yo me pregunto: ¿El empoderamiento femenino y la paridad político-electoral, deben ser considerados como sinónimos? Por supuesto que no.

En efecto, en la mayoría de los casos, las mujeres acceden a cargos de elección popular por su mera condición sexual; ya que casi siempre, los partidos políticos postulan mujeres sin experiencia política y sin vocación de servicio.

En el caso de Maru Campos, sus reiterados triunfos electorales son una clara muestra de empoderamiento femenino, dada su amplia empatía con la ciudadanía chihuahuense y de su anhelo personal para triunfar en el mundo hostil y despiadado (para las mujeres) de la política local.