Opinion

Es reality el del ministerial en mansión de Aras

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GPS / Columna

martes, 18 enero 2022 | 05:00

- Por cuatro millones sigue preso Andrés Valles

- Carta es misil desde Miami al inútil

- Bye, bye a Hans, pero faltan más

El arresto de  agente ministerial comisionado a la integración de la carpeta respectiva por administración fraudulenta o lo que sea que vaya configurándose, sólo es para darnos cuenta del poder de Aras, y sólo como para abrir boca.

Fue detenido el interfecto ministerial con las manos en la masa, en un pleito de cantina de esos que pululan. Para colmo, trágame tierra, hay prueba más que evidente del mal uso y abuso del embargo a una de las casas del CEO Armando Gutiérrez… las pistolas Taser encontradas en su vehículo, pero no es todo.

Hay videos de que dicha residencia ubicada en exclusivo fraccionamiento era utilizada casi casi como vivienda por el ministerial, donde aparecen como en reality show él y otras gentes.

Si ya antes era débil la posición de la Fiscalía que se ha visto sumamente tímida en la persecución de los probables delitos cometidos, ahora es debilísima, por error muy lejos de ser institucional, pero con fuerte golpe a procedimientos de control y mínima ética policial y de investigación.

No es sólo el fiscal General, que suponemos está ajeno a estos aspectos, sino sus principales mandos medios, en quienes descansa su confianza.

Todo ello cuando ya hay antecedentes muy cercanos, ya que en la pasada administración el uso y abuso de los bienes incautados en la 'Operación Justicia' para Chihuahua fueron de escándalo, hicieron lo que quisieron con objetos de valor y bienes muebles incluido el ganado, debió entonces ponerse especial atención en estos temas.

Imposible evitar una indagación no sólo penal, sino administrativa en contra del ministerial y todos quienes se encuentran involucrados en la investigación.

Los pelos de punta en los miles de inversionistas que no han recibido su pago del capital ni de intereses, al ver estos extravíos imperdonables en los funcionarios responsables de los procedimientos que en el colmo aún no se judicializan.

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Es una diferencia de cuatro millones de pesos la que existe entre los productores de La Cruz liberados a finales de noviembre del año pasado y el caso del líder de los usuarios de riego de Delicias, Andrés Valles.

Esa realidad es la que explica que se mantenga en prisión al productor chihuahuense, cuya liberación se ha buscado desde antes de Navidad por parte de su defensor Maclovio Murillo y las autoridades estatales que buscan ponerle fin a la guerra del agua.

La Fiscalía General de la República igual enfrenta presiones para destrabar el caso por parte de la Secretaría de Gobernación (por los acuerdos con el gobierno de Chihuahua), que de la Comisión Nacional del Agua, por los daños que ocasionaron las protestas a la presa La Boquilla.

Los productores de La Cruz, Juan Carlos Rivera, Rosendo Lerma y Juan Lechuga, tenían encima cargos por acopio de armas que se diluyeron tras el desistimiento del Ministerio Público Federal y la evidencia de que las granadas de humo robadas a la Guardia Nacional no actualizaban dicho delito.

No obstante, se les sentenció en procedimiento abreviado a dos años y tres meses de prisión por la posesión de uniformes de la corporación federal y cartuchos; la pena permitió la liberación tras el pago casi simbólico de mil pesos de multa a cada uno.

No había, pues, daño mayor al patrimonio nacional por parte de los primos productores del sur del estado, lo que facilitó su liberación.

Pero este no es el caso de Valles. Lo cuantioso del daño que se le achaca es lo que le mantiene en prisión.

Y aunque la expectativa es que el caso se resuelva antes o durante el mes de febrero, según avancen las pláticas de entendimiento con la FGR y otros involucrados, el monto no desaparece por arte de magia.

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Es la segunda ocasión en que el exgobernador Duarte manda un mensaje clarito a su persecutor Javier Corral, desde una celda que se supone es de alta seguridad en Miami.

Ha de estarse retorciendo del coraje el oriundo de El Paso, mandando mensajes a diestra y siniestra por el inconcebible atrevimiento epistolar.

Fue lo suficientemente hábil el extitular del ejecutivo estatal para dinamitar aún más la confianza existente en la Operación Justicia para Chihuahua –en crisis una vez más por las revelaciones del ratificado juez Samuel Mendoza-, desde lo más profundo de su construcción, la compra de testigos y la manipulación de jueces.

Sin esos testigos protegidos y con esos jueces a modo, la investigación se derrumba como castillo de naipes, porque está sostenida sobre ellos. Le resultan indispensables para dar sustento a las indagatorias.

La larga carta tiene un elemento adicional, que ya en tiempos previos a la campaña del 2016 sirvió de elemento de discusión en una comparecencia de Duarte en el Senado de la República, la acusación de colusión entre el corralismo y el crimen organizado.

La misiva es un misil, habría Corral entregado al crimen organizado la entidad para desestabilizar a la nueva administración. Los efectos están a la vista, son más que palpables, con hechos como los ocurridos en Juárez hace media semana como prueba irrefutable del desorden dejado.

Evidentemente la carta es hechura y redacción de la defensa jurídica de Duarte, sería ingenuo pensar lo contrario, pero los elementos esenciales salieron con dictado especial y palabras textuales de César contra su sucesor Javier, que hoy deambula buscando sol en la resolana del frío enero, sin que nada lo caliente.

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No tardan en dejarse sentir las presiones para colocar en Chihuahua y Juárez mandos militares en los principales cuerpos policiacos, como está ocurriendo a nivel nacional.

En automático los gobiernos morenistas están colocando personal de la Secretaria de la Defensa Nacional y la Marina, activos o jubilados, como principales responsables en las posiciones de seguridad en entidades federativas y municipios relevantes.

Hasta el momento son más de 10 los estados que cuentan con este tipo de personal, por supuesto alineado en virtud de jerarquía al titular de la Sedena y como consecuencia, al primer comandante, el Presidente de la República.

No es tema del cual se hable abiertamente, pero es explicación soterrada –que más bien pareciera pretexto- desde la Sedena y la Guardia Nacional, que no pueden darse resultados efectivos hasta en tanto existan estos mandos de coordinación verdaderamente efectiva, dejando a un lado a los mandos civiles.

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Carecía de cualquier mérito relevante para ocupar la posición administrativa como jefe del deporte universitario, pero bastó la amistad con el rector Luis Fierro.

Jugó softbol donde fue seleccionado nacional, todo su mérito, de ahí en más nada. Desde el 2016 usufructó la posición cobrando quincenalmente sus emolumentos como si realmente trabajara.

Hubo crisis con el basquetbol universitario que abandonó una de las principales ligas, donde había destacado la UACh. Lo mismo con el futbol americano, donde se restringieron apoyos a los equipos de las facultades en franca crisis que los orilló a la desaparición.

Nunca hubo la más mínima defensa al interés deportivo universitario, al contrario, se entregó la UACh al equipo Caudillos del americano, interés estrictamente privado.

Ese es el resumen del paso de Hans Flores Porras que ayer abandonó el puesto. Hay otros funcionarios como él que ya debieran haber sido desplazados por raquíticos resultados, pero la guadaña avanza muy lentamente para perjuicio de la misma vida universitaria.