Diario
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Francisco Ortiz Bello
domingo, 24 febrero 2019 | 01:29Para cualquiera que sea padre o madre de familia, no hay nada más sagrado y delicado que la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de nuestros hijos. Es una verdad del tamaño de la Torre Eiffel. Podemos aguantar casi cualquier cosa, hacernos como que no vemos o sentimos en otros temas, pero en ese en particular no dejamos pasar la más mínima posibilidad de afectación, por lo que implica.
Tan es de esa manera lo que afirmo, que, cuando en un hogar la disyuntiva para una madre o un padre de familia está entre cuidar y hacerse cargo de los pequeños o trabajar, la decisión no tiene vuelta de hoja: cuidarlos, hacerse cargo de su seguridad y su bienestar, aunque los ingresos para el sostenimiento de la casa sufran importante menoscabo. No perdamos de vista esta circunstancia.
El tema es de relevancia nacional. De acuerdo con Roy Campos, de Consulta Mitofsky, la noticia de la cancelación de recursos para el programa de Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, ha ocupado mayoritariamente el interés de los mexicanos. De todos los mexicanos.
En una medición semanal que hace a través de su empresa, en la que pulsa el interés de los mexicanos en las noticias que se publican, Roy Campos dio cuenta la semana pasada que el tema de las estancias infantiles había ocupado el primer lugar en el interés de la sociedad, es decir, había sido la nota publicada con mayor atención por parte de la ciudadanía. No es tema menor entonces.
El mismo reconocido encuestador nacional apunta que pocas veces una noticia ocupa el primer lugar de atención durante dos semanas consecutivas, ya que su reporte indica que, durante la semana del 05 al 11 de febrero de este año, la notica de la cancelación de fondos a las estancias infantiles ocupó el primer lugar de atención de los mexicanos con el 61 por ciento, contra 18 por ciento que obtuvo la nota del divorcio entre EPN y Angelica Rivera, 11 por ciento la nota sobre patrimonios de funcionarios del gabinete lopezobradorista y 10 por ciento las huelgas laborales en Matamoros. En la semana del 12 al 18 de febrero, la nota de las estancias infantiles se mantuvo en primer lugar con el 39 por ciento.
La noticia fue que el presidente López Obrador decidió cancelar los fondos o recursos asignados al programa nacional de Centros de Atención y Cuidado Infantil (Estancias Infantiles) operado por la antigua Sedesol, argumentando que existía mucha corrupción en la forma de operarlas, y que durante su gobierno no habría más intermediarios entre gobierno y sociedad para la asignación y entrega de apoyos o ayudas a través de diversos programas.
Esta decisión, enmarcada dentro de la narrativa construida por López Obrador en torno a la corrupción en todos los ámbitos de la vida política del país, enfrenta ya una amplia corriente de inconformidad social. Ya no son solamente los partidos políticos de oposición que, se entenderían claramente la naturaleza de sus protestas, ni los operadores o empleados de dichas estancias, de quienes también se entendería un interés muy marcado en defenderlas, sino que esta corriente opositora e inconforme es, principalmente, de las madres y padres de familia que verán afectado el ritmo de vida familiar, así como de un cada vez más amplio sector de la sociedad en general que no percibe positivamente la decisión.
Si bien esta es una nota de carácter nacional (porque el programa de estancias infantiles lo es), tiene una enorme incidencia en Chihuahua y, por supuesto, en nuestra ciudad. Una triple incidencia diría yo, lo que la hace de mayor interés aún para chihuahuenses y juarenses.
Primero porque ese programa tuvo su origen en esta frontera. Como parte de la fuerte intervención social que realizara el ex presidente Felipe Calderón en Juárez, con su programa “Todos Somos Juárez” para paliar la desbordada inseguridad, las guarderías de bajo costo y atención especializada son el antecedente inmediato del programa de estancias infantiles.
Segundo porque quien estaba encargada de la dirección a nivel nacional de dicho programa, ya con el gobierno lopezobradorista, era la juarense Clara Torres, una mujer con una larga y acreditada lucha social en favor de los niños y jóvenes. Y tercero porque, de manera natural, el efecto que tendrá a nivel nacional el cierre de este programa, tiene una incidencia particularmente determinante en nuestra frontera. Al cancelar estas estancias infantiles, miles de madres no podrán ir a trabajar o a sus actividades productivas para mantener sus hogares o contribuir al sostenimiento de los mismos. Grave.
Al cancelar el programa de estancias infantiles, López Obrador no solo deja sin cuidados a miles de niños, 340 mil a nivel nacional, sino que literalmente secuestra a miles de familias que deberán ahora solucionar el problema de quién cuida a los niños mientras los jefes de familia trabajan, sobre todo en un entorno seguro y adecuado.
El presidente ha dicho en su defensa, o en defensa de su decisión de cancelar el programa de estancias infantiles, que ahora el dinero llegará directamente a las madres de familia aunque no los 950 pesos que Sedesol aportaba mensualmente por cada niño inscrito en los centros de atención y cuidado infantil, sino 800 pesos por niño al mes, para que en cada familia decidan si con eso pagan otra guardería o le pagan a algún familiar para que los cuide. Qué peligroso, inseguro y delicado esquema.
Quienes defienden la postura presidencial, incluido el mismo presidente, se equivocan rotundamente en la argumentación. De entrada hay una diferencia sustancial entre el programa de estancias infantiles y la entrega del recurso directamente a las madres. El primero es un programa y fondos que atienden a los niños, directamente a los niños; el segundo se convierte en un programa de becas a las madres. Es decir, se despoja a los pequeños de este recurso para dárselos a las madres. ¿Qué cuál es la diferencia? ¡Todo!
Que las madres reciban 800 al mes por cada niño no asegura, de ninguna forma, que utilizarán ese dinero en pagar por el cuidado de sus hijos. Por el contrario, lo más probable es que lo utilicen en otros gastos. Por lo tanto se convierte en una beca económica a las madres, no en dinero para los niños. Ninguna guardería privada cobra 800 pesos al mes para el cuidado de un pequeño. Ninguna.
Los números siempre son fríos y al analizarlos en toda su dimensión y crudeza espantan. El Estado, entendido como el gobierno, tiene bajo su custodia apenas al 10 por ciento de la población infantil que debería cuidar, unos 600 mil infantes en números redondos, de los cuales las estancias infantiles tienen 340 mil pequeños. Sí ¡más del 50 por ciento de los niños que resguarda el Estado! 340 mil niños que se quedarán sin cuidados ni resguardo, para convertirse en pesada losa y responsabilidad que impida a sus madres trabajar, estudiar o dedicarse a cualquier otra actividad.
Es obligado analizar las cifras en relación con Chihuahua. En todo el estado hay 214 estancias que atienden a 5 mil 700 niños. En la capital son 60 estancias para 1 mil 772 infantes mientras que en Juárez hay 75 estancias con 1 mil 719 pequeños. De ese tamaño es el problema, de esa naturaleza es.
Podemos comprender que existieran sospechas o hasta certezas incluso, en cuanto al manejo de algunas de estas estancias infantiles pero, en todo caso, no se puede generalizar y era algo que se podía resolver investigando, denunciando y procesando a quienes las realizaran, no cancelando todo el programa que, para terminar de completar el cuadro, estaba reconocido en la ONU como el programa social que más niños atendía en todo Latinoamérica.
Clara Torres ha anunciado ya una cruzada nacional en defensa de este modelo de estancias infantiles, acudirá a la solidaridad de alcaldes y gobernadores que, aunque castigados en sus presupuestos también por el mismo gobierno federal, seguramente aprovecharán positivamente el enorme filón político que les puso en bandeja de plata el presidente López Obrador y se sumarán al rescate de los CACI de la desaparecida Sedesol, en beneficio de miles de familias.
El presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, y el diputado local Omar Bazán han interpuesto ya sendas controversias constitucionales contra la medida tomada por López Obrador. La batalla legal y social se prevé fuerte y decidida. Estamos presenciando lo que, eventualmente pudiera ser apenas el principio de “el Ayotzinapa” de López Obrador. Veremos y diremos.
Francisco Ortiz Bello
fcortizb@gmail.com
Ciudad Juárez, Chihuahua
Febrero 23 del 2019