Opinion

Estancias infantiles y derechos de la niñez

PERISCOPIO

Armando Sepúlveda Sáenz

martes, 12 febrero 2019 | 00:40

En la vorágine de los cambios decididos por la 4ª.T, se destacan la ausencia de diagnóstico correcto y la determinación caprichosa, “ocurrencias” del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre adicionadas por declaraciones festivas y laudatorias de sus funcionarios. Y no habría de escandalizarse si sólo se tratara de declaraciones efectistas y voluntaristas del “tengo el poder en las manos”, del personal estilo de liderar un cambio de régimen. El problema preocupante se ubica en que la instrumentación de medidas saturadas de improvisación como si se tratara de barrer basura infecta y en el escobazo se desdeñaran las minucias de los derechos humanos consagrados por la constitución, los tratados internacionales y la legislación secundaria.

Vayamos por partes. La Constitución Federal establece en su artículo 1º. : Primero) “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Define así el denominado por los juristas, “bloque de constitucionalidad”. En máximo rango del orden jurídico vigente. Segundo) El fragmento relativo a “todas las personas” incluye a todos los mexicanos independientemente de si son niños o adultos, mujeres y hombres. Los niños y niñas son sujetos plenos de derechos, de goce y ejercicio. Tercero) ¿Con qué reglas determinamos su aplicación, “protección”: El mismo artículo define: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales (énfasis añadido) de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Esto es, lo que los juristas denominan principio pro persona; que en breve significa que en caso de proceso judicial por ejemplo, al niño o cualquier persona se le aplicará la norma que más le beneficie.  Cuarto) Las medidas administrativas que ha instrumentado el gobierno al retirar recursos de la atención de los infantes por centros especializados se confronta con el último párrafo del artículo en cita: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El recorte arbitrario que no significa otra cosa, con base en los resultados de la revisión por la Auditoría de la Federación de 1.8  por ciento de la totalidad de las Estancias Infantiles cuando los centros de atención son uno de los medios para satisfacer los derechos de los infantes. Los niños y niñas en ellos atendidos son sujetos de esos derechos. El recorte de recursos afecta directamente las posibilidades de realización de sus derechos.

El ámpula que levanto la medida de recorte, se ha centrado en la capacidad de dichos centros, o la relativa incapacidad de sobrevivencia de los mismos. El pretexto esgrimido es que había casos de corrupción (¡vaya novedad!). Si hay ratas en el barco, hay que hundir el barco. En este caso, como en otros, la ley obliga al gobierno a indagar y denunciar los presuntos delitos. Sin embargo, este no es problema central. El problema radica en el atropello de los derechos de los infantes. Es obvio que las niñas y niños tienen todos los derechos que tenemos los adultos más aquellos especiales que reconocen su vulnerabilidad por ser personas en proceso de adquisición de su autonomía o madurez.

El marco jurídico de las Estancias Infantiles es la  Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil., en cuyo artículo 1º. establece “….en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos”. En artículo 4º. Constitucional, se expresan los derechos garantizados como la obligación estatal de atender el principio del interés superior: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos (Énfasis añadido). Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Para remachar cito el artículo 4º. de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado suscrito por el Estado mexicano: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan (énfasis añadido) y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

En definitiva, lo que está en juego son los derechos de la niñez y los recursos para su concreción.