Feminicidios, impunidad, silencio

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

Teporaca Romero del Hierro
domingo, 10 febrero 2019 | 01:35

Las violencias contra las mujeres son prácticas comunes y constantes, invisibles e indiferentes para la gran mayoría, violentar y/o matar a una mujer, es sinónimo de impunidad, de burla; a pesar de los protocolos internacionales, la vasta legislación en la materia y las alertas de género, en México es vivir bajo el acecho, la amenaza constante, datos de la ONU revelan que 9 mujeres al día son asesinadas y 41.3% han sido víctimas de violencia sexual.
De las 87 mil mujeres que fueron asesinadas en 2017, casi el 60% en todo el mundo fue víctima de feminicidio, cometido por sus parejas, ex parejas o familiares hombres, el hogar se considera el lugar más peligroso para ellas, en cuatro paredes el infierno del maltrato, las agresiones sexuales, la humillación y la muerte, son la constante.
Un informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) señala que el hecho de que las mujeres sigan estando afectadas por este tipo de violencia en un grado mayor que los hombres es indicativo de un desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres dentro de la esfera doméstica. El texto denuncia que la violencia de compañeros sentimentales contra mujeres y niñas tiene sus raíces en normas sociales, fomentando la cultura machista.
Ante la ola de violencia, miles de mujeres en la ciudad de México, marcharon el fin de semana pasado contra la violencia, feminicidios e intento de secuestros en el metro. Al grito unísono de ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Vivas nos queremos”, “Basta ya, basta ya, ni una asesinada más”.
Asimismo, representantes de 23 organizaciones de 23 entidades federativas, agrupadas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, denunciaron que los homicidios de mujeres han pasado del ámbito privado al público, en un contexto de violencia criminal, el 70% de los feminicidas tiene el estatus de desconocidos y 30% de los agresores están ubicados como personas conocidas por las víctimas. Sólo en el 20% de los casos quien comete el crimen es la pareja, o expareja, reflejando un evidente contexto criminal, así lo señaló María de la Luz Estrada, presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Dicha información, dijo, la han recabado a lo largo de 12 años de trabajo. “Hemos documentado cómo los cuerpos de las mujeres y niñas son ocultados y sepultados -incluso en viviendas- como fue el caso en Empalme, Sonora. Documentamos también cómo abandonan o arrojan los cuerpos en la vía pública, o cómo asesinan a las mujeres embarazadas para extraer a sus bebés del vientre”.
Sostiene que las autoridades niegan la existencia de grupos delictivos que operan en diversos estados del país, dijo: “si invisibilizan las prácticas o hay autoridades involucradas, están poniendo en mayor riesgo la vida y la integridad física de las niñas, adolescentes y mujeres”.
Una omisión grave, denunciaron las activistas, es no vincular el feminicidio con otros delitos como lo es la trata de mujeres y niñas, como en el caso del estado de Tlaxcala, en donde los protocolos de búsqueda no se activan de forma inmediata, “Estamos hablando de bandas que secuestran y matan a las jóvenes o grupos que las obligan a vender droga y luego las matan, y el gobierno lo que dice es que estaban implicadas en el narcotráfico y ni siquiera se abre una investigación para saber lo que realmente pasó”.
Alegan que se requiere de voluntad política, de entrar de fondo a lo que está generando esta violencia extrema contra las mujeres. Hay que diferenciar a los actores que están cometiendo los feminicidios, pero también hay que investigarlos, porque en México no se hace una investigación objetiva, real, por eso la atrocidad de las resoluciones. Ejemplo de ello, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Mariana Lima Buendía, una abogada de 29 años, asesinada por su marido, un policía judicial con largo historial de golpes y amenazas contra ella, quien se defendió aludiendo que la causa de muerte de su esposa fue suicidio, cabe destacar que las autoridades así lo dictaminaron a pesar de las pruebas contundentes en contra del esposo. La SCJN dictaminó feminicidio.
En el caso de Mariana, si su madre Irinea Buendía luchó sin descanso por 5 largos años, tratando según su dicho de convencer a veinte ministerios públicos, tres fiscales y tres procuradores estatales de que la muerte de Mariana no había sido un suicidio. Se hubiera archivado como un caso más bajo el signo de impunidad o sentencia incorrecta.
Las activistas al ser cuestionadas por medios nacionales, respecto a si se han reunido con autoridades del gobierno federal y cómo se está abordando en ese ámbito el problema del feminicidio, respondieron que todo está en proceso. “No tenemos claro cómo se va a reestructurar la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), no sabemos quién va a estar al frente, no tenemos clara la política de seguridad, pero el gobierno federal es sólo una parte, los que tienen el mayor compromiso son los gobiernos estatales”.
Ahí es donde está el mayor problema, “Lo que han hecho las autoridades estatales  es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar, a tal grado que del 24% de los asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidio, la mayoría la ubican en el ámbito familiar. Prevalece un contexto de simulación de las autoridades estatales y municipales”.
En esos ámbitos, señaló el OCNF, no sólo se sigue ocultado la violencia hacia las mujeres, sino que se están desmantelando mecanismos como los centros de justicia para las mujeres, como en el caso de Oaxaca, las comisiones de víctimas, la coordinación de implementación de alerta de género, como en Morelos, o los institutos de las mujeres, como sucedió con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que desapareció el 29 de enero.
Este hecho según sus palabras, pone en evidencia un retroceso y nos alerta del camino que podrían tomar otros gobernadores, lo que supondría omisiones y desacato a recomendaciones internacionales en la materia y a la propia Constitución del país. “la impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y estatales, busca poner bajo la sombra un crimen abominable, que rebasa la violencia familiar y la discriminación, y a la que se imponen los grupos delincuenciales, quienes acaban con la vida de las mujeres de las maneras más inhumanas”.
En este contexto, aseguró el Observatorio, es necesario evaluar las Alertas de Violencia de Género que han sido decretadas, con la finalidad de entrar a la fase de resultados e impacto de las acciones, fortalecer las Unidades de Análisis y Contexto de las fiscalías locales para identificar cómo, dónde y por qué están siendo asesinadas las mujeres y contar con Bancos Estatales de Datos de Violencia hacia las Mujeres.
Urge tomar medidas drásticas sobre el tema, concientizar a la sociedad sobre temas de perspectiva de género para que juntos, hombres y mujeres cosechemos la cultura del respeto mutuo. Hasta no abatir las brechas de desigualdad entre ambos géneros, seguiremos condenando la opacidad de hombres y mujeres que ocupan espacios políticos, en el servicio público, poder judicial, empresariado, medios de comunicación, universidades, partidos políticos, espacios de conducción artística y deportiva, por permitir los abusos y crímenes de mujeres con su silencio. Ni una menos. Sumemos voces