Opinion

Fiscalía: “candil de la calle, obscuridad de la casa”

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Héctor García Aguirre

martes, 25 mayo 2021 | 05:00

“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.” Francisco de Quevedo

Triste e indigno peregrinar de los cientos de agentes del Ministerio Público que aspiran a un ascenso dentro las absurdas categorías contenidas en el Tabulador de Sueldos con Compensación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Lograrlo es una hazaña, aunque al parecer, si tienen alguna “buena relación” pueden conseguirlo fácilmente.

Uno de los problemas de la Fiscalía para eficientar su encomienda social es la constante rotación de agentes del Ministerio Público derivada de los bajos sueldos que perciben, de las jornadas extenuantes de trabajo y de la verticalidad de las decisiones que los despoja de autonomía para ejercer sus funciones.

Es urgente que el próximo gobierno atienda ese aspecto medular de la procuración de justicia: que los sueldos se homologuen (a la alza desde luego). Los agentes del Ministerio Público no son abogados de primera, segunda o tercera clase. Así como en el Poder Judicial no existen categorías entre los magistrados, entre jueces de primera instancia, entre secretarios de sala o entre secretarios de juzgado. Así debe establecerse en el Ministerio Público, que desde su ingreso, previo proceso de selección y capacitación, todos ganen lo mismo, sin importar la trinchera en que actúen. Es inadmisible que existan agentes “D” ganando la mitad de lo que gana un “A”, cuando las funciones para todos, sin distingo, vienen establecidas en los artículos 12 y 13 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

No se justifica, por ejemplo, que un agente del Ministerio Público que asiste a juicios orales gane más que uno que atiende audiencias en el Tribunal de Control, cuando es de sobra conocido que el trabajo en juicio oral es mucho más relajado que la atención de audiencias del proceso. En éstas, el agente del Ministerio Público debe atender desde la audiencia inicial hasta la audiencia intermedia, pasando por acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del proceso, procedimientos abreviados, sobreseimientos, cumplimientos, solicitudes de órdenes de aprehensión y cateo, etcétera. De ahí que resulte injustificada la gran diferencia de sueldos entre unos y otros, sin que se pase por alto destacar que todos los agentes del Ministerio Público, sean de la categoría que sean, comparten, sin diferencias, las atribuciones conferidas por su ley orgánica, y tienen además un mismo antecedente académico: son licenciados en derecho.

Según información oficial, la Fiscalía cuenta con una élite de 31 agentes con categoría “A” (de 1,059 en total), entre ellos están los que atienden juicios orales en todos los distritos, mis preguntas a los representantes sociales de la categoría “C” son las siguientes: a) ¿son suficientes 31 agentes del Ministerio Público para atender juicios orales en 14 distritos judiciales? b) En el caso de los que están ubicados en las categorías B, C y D y son enviados a juicio oral, ¿les pagan los 35,000 pesos que tiene asignado un agente de categoría “A”?...tengo mis dudas.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Transparencia, dice que la diferencia de sueldo tiene sustento “en las competencias de la Fiscalía General del Estado” invocando como sustento jurídico su Reglamento Interior. Desde luego ni una ni otra respuesta satisface la cuestión, porque no sabemos a qué competencias se refiere, como tampoco el sustento jurídico, por la generalidad de la respuesta.

La próxima administración debe atender esta desigualdad salarial que pugna con los artículos 1 y 123 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad debe poner el ejemplo en aras de mejorar el ingreso de los agentes “de a pie”, de los que “arrastran el lápiz”, no de la burocracia ministerial, porque dicho sea de paso, en la Fiscalía hay demasiados generales que sólo dan órdenes y muy poca tropa, quien es, finalmente, la que saca el trabajo diario ante los tribunales y en la propia dependencia integrando las carpetas de investigación.

Por otro lado, la capacitación del Ministerio Público debiera ser una constante para empatar con sus contrapartes, ya sean defensores públicos o particulares, aunque estos últimos han sido satanizados por su alto nivel de desempeño. Como quiera que sea, en la medida en que se asegure a los representantes de la sociedad un salario digno y una capacitación constante y efectiva, en esa medida estarán en posibilidad de enfrentar con éxito cualquier tipo de audiencia, claro, no necesariamente las van a ganar de todas todas, pero sí, hacer un papel argumentativo decoroso.

Como corolario es bueno saber: a) que los agentes del Ministerio Público “D” ganan alrededor de 17,000 pesos mensuales, y los de categoría “A” 34,000 pesos, es decir, el doble entre una categoría y otra por hacer el mismo trabajo; y, b) que un agente de la Policía Ministerial y un oficial de la Comisión Estatal de Seguridad ganan 25,000 mensuales, es decir, 8,000 pesos más que un agente del Ministerio Público. Qué ironía, según el artículo 132 del CNPP, la policía está bajo las órdenes del Ministerio Público, pero éste gana menos que sus subalternos. Algo anda mal.