Opinion
Hablando y escribiendo

Gobernar sin empatía, con garrote y fuerza pública

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Ernesto Avilés Mercado

domingo, 08 noviembre 2020 | 05:00

El cambio de semáforo epidemiológico a rojo para Chihuahua, representa un retroceso mayúsculo en el desarrollo de nuestra sociedad, ya que constituye un estancamiento en las principales actividades productivas, económicas, sociales y culturales, porque detiene prácticamente todas las acciones, privilegiando que las familias permanezcan en sus hogares, como forma única para abatir el alto nivel de contagio que se presenta en toda la entidad.

Para nadie es un secreto el hecho de que nos encontramos con el problema mas grave que como sociedad hemos tenido y además, esta claro que el gobierno y sus instituciones han sido incapaces para enfrentar con éxito el aumento de contagios del coronavirus, así como desgraciadamente los cientos de fallecimientos que hemos resentido, muchos en nuestros propios hogares y otros más, con personas allegadas al entorno en que nos desenvolvemos.

Es una realidad que sin la participación de toda la ciudadanía, cualquier acción que se pretenda imponer, no alcanzará las metas propuestas, sin la colaboración y compromiso social de todos.

El pasado miércoles 04 de noviembre, se presentó en el congreso Local una iniciativa de ley, firmada por el Gobernador Javier Corral, para crear la ley que regula el uso obligatorio del cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID 19.

Este iniciativa, es una copia de la presentada por el gobernador del Estado de Colima José Ignacio Peralta Sánchez, ante el congreso de esa entidad, y que fue publicada el 22 de Agosto en el periódico oficial de ese Estado, pero corregida y aumentada por Javier Corral, en lo que se refiere al capitulo de sanciones, ya que contempla multas hasta por 50 Unidades de Medida y Actualización, cierres temporales y definitivos en los comercios, arresto hasta por 36 horas y el uso de la fuerza pública para hacerlos efectivos.

En términos jurídicos, esta iniciativa de ley, esta viciada de inconstitucionalidad, porque el art 73 fracción XVI no habla de la posibilidad de facultades concurrentes entre la federación y el Estado, en el caso específico de pandemias y aunque la entidad si tiene   facultades en términos del 155 de la constitución local, la constitución federal otorga esas facultades solo a la Federación, y la local no puede contradecir a la federal, además de que con respecto al uso de la fuerza pública para hacer efectivo el cumplimiento de sanciones, contradice lo establecido en el mismo articulo 73 fracción XXII, por ser facultad expresa del congreso de la unión legislar en materia de seguridad pública. 

En términos generales, nuestra ciudadanía es consiente de que las acciones preventivas que podamos adoptar, son apenas una parte de muchas que podamos realizar para atajar la línea ascendente que mantiene la pandemia.

La realidad que tenemos en nuestras ciudades y en muchas de las regiones del Estado, es que no se les puede obligar a los padres de familia a quedarse en sus domicilios porque viven al día y tienen que salir diariamente a buscar el sustento de sus familias, los adultos mayores y demás personas con alguna discapacidad que quedan expuestas al apoyo de vecinos y familiares para subsistir, a todos ellos, el gobierno del Estado pretende obligar por medio de la fuerza pública a mantenerse en sus hogares, pero no brinda alternativa alguna para apoyar a estas familias completas, que esperan algo para cubrir sus necesidades primarias como es su alimento, el único apoyo que se recibe es por parte de los Municipios y eso algunos, porque Desarrollo Social, como el resto de las secretarías se encuentran de adorno.

Nuevamente la falta de empatía de Javier Corral se pone de manifiesto, al promover que por medio del uso de la fuerza pública, se cumpla con el uso del cubre bocas, se lleven a cabo el cierre parcial o definitivo de los comercios y demás establecimientos donde se presenten concentraciones de personas, pero además de ordenar detener hasta por 36 horas a los hombres y mujeres que no acaten sus indicaciones, además del pago de multas que pueden alcanzar hasta los 5 mil pesos.

La pérdida de confianza ciudadana para el mandatario estatal, se suma a la ausencia de credibilidad y ahora con la aprobación que pueda darse de esta iniciativa de Ley, es claro que Javier Corral prefiere el camino andado de la represión, que conoce muy bien, al de la prevención, empatía, solidaridad y apoyo a los que menos tienen; la esperanza que se mantiene es que sus días al frente del Gobierno, han comenzado la cuenta regresiva…..

PERFILES PARA SEGURIDAD

Uno de los renglones mas importantes de toda administración de gobierno, es el relativo a la seguridad pública en general; la procuración de justicia, la persecución de los delitos, la seguridad en los CERESOS y en términos generales todo cuanto se refiere a la responsabilidad del Estado por mantener en paz y tranquilidad a la sociedad, abatir la impunidad y fortalecer nuestro estado de derecho.

Hasta hace relativamente muy poco, el cargo de fiscal general para el Estado se encargaba a quien era amigo del gobernador, quien se había distinguido por su lealtad a la amistad o porque, como en el caso del actual Peniche, fue recomendado por la secretaria de desarrollo económico Alejandra de la Vega, uno de los capitales más importantes del norte del país y amiga personal del Gobernador Javier Corral.

El cargo de Fiscal en Chihuahua, representa una garantía de ingresos económicos no fiscalizables, como tampoco rastreables, ya que las ofertas por las bandas del crimen organizado que operan en la entidad, constituyen un gran atractivo para quien sabe que su cargo es temporal, pero el precio por apoyar a un bando, puede representar el retirarse de manera definitiva de la carga de trabajar para vivir, una vez que utiliza la fuerza del Estado en beneficio de los intereses de quien pueda pagar por ellos.

En Chihuahua, como en el resto del país, resulta muy difícil pensar que un fiscal puede aceptar esa responsabilidad por el simple hecho de servir, sobre todo cuando se cuenta con un capital económico que ni siquiera se podría haber acumulado sin haber gastado un solo peso de sus anteriores salarios; enriquecimiento inexplicable se le conoce.

Policías y ladrones en la eterna lucha por el gran mercado que representa ejercer el poder de la fiscalía en una entidad de frontera con USA, pueden llegar a establecer una relación simbiótica entre Fiscalía y Criminalidad que beneficie de gran manera a los fines contrarios a los que representan a la sociedad.

Con la detención del general Cienfuegos, ha quedado claro que quien puede más, puede lo menos, de tal forma que aquellos que ostentando un cargo público representando a la fiscalía general o a cualquier otra instancia de seguridad pública, no esta exento de investigación, tanto por nuevos gobiernos o por instancias del gobierno de USA, de tal forma que sería bueno conocer quien de los funcionarios actuales, al término de su función se van de paseo al vecino país del norte….netoaviles@gmail.com

*INTEGRANTE DE LA AECHIH