Opinion

Gobierno territorial

“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho”.- Wayne Dyer

Juan Carlos Loera de la Rosa
domingo, 14 julio 2019 | 05:00

Una de las características del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido la implementación de acciones de orden territorial. Desde la etapa de transición, un grupo muy importante de brigadistas, conocidos como Servidores de la Nación, salió a las calles de las ciudades, comunidades, ejidos y rancherías para realizar el Censo del Bienestar, enfocándose principalmente en los lugares donde hay más necesidad; esto con el fin de que los programas sociales del nuevo gobierno puedan aplicarse lo más pronto posible. Pero no solamente eso, las visitas domiciliarias de los Servidores de la Nación han permitido que quienes representan al gobierno federal en el territorio puedan identificar y a la vez transmitir las principales demandas de la sociedad; desde la problemática de la salud, hasta el levantamiento de datos en zonas que han sido afectadas por desastres naturales, y desde luego, todo aquello que tenga ver con el campo, los recursos naturales, etc. 

Pero antes de que el gobierno actual saliera a territorio, Andrés Manuel López Obrador había ideado una forma de estructurar el gobierno que permitiera, de entrada, eliminar a los intermediarios oficiales, es decir a los delegados de las secretarias de estado y otras instituciones en las entidades federativas, para que las políticas, proyectos y programas del gobierno federal pudieran llegar directamente a la gente.  

La nueva estructura permitiría desdoblar el personal al servicio del gobierno federal hacia todas las regiones del país, (en vez de hacerlo como era antes) ya que la inmensa mayoría de los funcionarios se concentraba en las capitales de los estados y los pueblos alejados difícilmente podían tener acceso a los beneficios sociales que disfrutaban quienes vivían en zonas urbanas. Para darle sustento legal, el 27 de noviembre de 2018, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, instrumento que le permite al Presidente y su equipo, adecuar la estructura y la administración federal, con el fin de ejecutar las políticas públicas de acuerdo a la plataforma política ofertada a los electores. 

La modificación que menciono crea las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en cada una de las entidades federativas, las cuales se coordinan con todas las oficinas de representación de las demás dependencias federales y además las faculta para que coordinen la implementación de planes, programas y acciones de desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y todos los programas a cargo de las dependencias y entidades.

Para cumplir eficazmente con dichos preceptos, el desdoblamiento principal consiste en el caso de Chihuahua, en la subdivisión geográfica del estado en 10 regiones: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Delicias, Parral, Guachochi, Urique y Guerrero.  En dichas regiones, a su vez, el gobierno federal ha dispuesto a un equipo de Servidores de la Nación para que atiendan las principales demandas de la comunidad, que de inicio han sido las de corte social. La grave desatención del régimen neoliberal que por cierto, provocó un grave atraso social y fue además incapaz de garantizar el desarrollo económico, ocasionó pobreza, marginación y desigualdad, que a su vez han deteriorado severamente la convivencia social y comunitaria, qué decir de las terribles condiciones de violencia e inseguridad que heredamos.  Es ahí donde radica el gran reto, el cual solamente podemos afrontarlo mediante el contacto directo con la gente y no detrás de un escritorio. 

Para materializar el esfuerzo y el gran sueño que muchos activistas han tenido, el de tener un gobierno progresista, que no se dedique únicamente a diseñar políticas públicas justas, sino que las aplique para que haya igualdad social y así el Estado mexicano pueda dar cumplimiento a sus obligaciones;  entre ellas, proveer educación, salud, seguridad y BIENESTAR, para decirlo en una sola palabra. Ya se han comenzado a instalar los primeros centros integradores del bienestar que darán sin duda un giro muy importante al progreso de las comunidades.

La idea de los centros integradores tiene su origen en el concepto “Pueblo-Hospital” estos pueblos tenían como objetivo brindar hospitalidad y fueron fundados por Vasco de Quiroga en Michoacán durante el siglo XVI,   dichos lugares denominados como dije anteriormente, fueron generadores de comunidad y de integración familiar para la reorganización de bienes, trabajo colaborativo y la participación de sus pobladores en trabajos de interés colectivo, como las actividades agrícolas, así como un recurso para la estructuración cívica de los pobladores. 

De inicio en Chihuahua, se han abierto en el estado los primeros centros integradores del bienestar en cada una de las diez regiones en que se ha dividido a la entidad; de entrada estarán atendiendo a la ciudadanía en cualquier trámite o solicitud ante el gobierno federal.  Pero van mucho más allá, en los centros integradores se instalarán cajeros y sucursales del Banco del Bienestar que distribuirá de manera directa los apoyos a quienes más los necesiten.  Los servicios bancarios que la tecnocracia les negó a los pobladores de las comunidades más alejadas y marginadas, y que ha sido causal de su escaso desarrollo, estarán a cargo de esta noble institución financiera manejada por el estado mexicano, es decir, el gobierno de México asegurará que se cumpla con una responsabilidad social básica para el progreso; por otra parte estos lugares también funcionarán como espacios culturales y de sana convivencia para un mayor desenvolvimiento de la comunidad. 

En los centros integradores también se asegurará el derecho a la Internet, este servicio será conectado a través de fibra óptica. A los proveedores de servicios de internet nunca les ha resultado atractivo invertir en las zonas alejadas, porque el modelo económico -que ya se va desterrando- solamente veía ganancias materializadas en dinero y no los beneficios sociales que finalmente también traerán prosperidad económica. Toda esta infraestructura social se traducirá en un verdadero desarrollo para todos.  Por eso, el gobierno de México también cumplirá con esa importante y moderna responsabilidad social, la de comunicar a todos los mexicanos.  

En Chihuahua, serán 297 centros integradores debidamente localizados, de tal suerte que las comunidades de atención no estén más allá de siete kilómetros o una hora caminando, en realidad es una microrregionalización del territorio,  sin duda, un gran reto para asegurar la presencia permanente del gobierno de la Cuarta Transformación por el bienestar de Chihuahua.