Opinion

Hay muerte de posibles inocentes en prisión preventiva

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GPS / Dominical

domingo, 04 septiembre 2022 | 05:00

José Joaquín Lázaro López fue titular del Fideicomiso para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech) en el gobierno de César Duarte. Su caso es emblemático. Murió bajo prisión preventiva oficiosa, figura usada con innegable fin político y de persecución, en este caso por Javier Corral Jurado.

Detenido en la Ciudad de México en julio del 2018, al momento de su muerte acababa de cumplir dos años de prisión bajo esa modalidad, hoy puesta en duda por ser contraria a la Constitución y tratados internacionales. Mañana será discutida por los ministros de la Suprema Corte, en cuyas manos está la decisión de su permanencia.

Joaquín Lázaro era un funcionario de tercer nivel de la administración estatal, en un fideicomiso cuyos montos de manejo presupuestal son relativamente importantes, con cartera de créditos por casi 300 millones de pesos y un gasto operativo de nueve millones al año.

La Fiscalía estatal divulgó en aquel entonces mediante comunicado de prensa que “se estableció que entre mayo y junio de 2012, el acusado –en este caso Joaquín Lázaro- en calidad de titular del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), intervino en la distracción del recurso (6 millones de pesos), con el objetivo de destinarlo a la Financiera de la División del Norte S. A. de C. V., propiedad del exgobernador, César Horacio Duarte Jáquez”.

“Para ello, el imputado simuló la tramitación de un contrato de crédito con la Financiera cuyos accionistas eran el entonces jefe del Ejecutivo y el exdirector de FIDEAPECH, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, con lo cual permitió la salida del recurso”.

Lázaro López siempre negó los hechos y presentó pruebas en su defensa, pero a principios de agosto se le fijó prisión preventiva oficiosa, por el delito de peculado. No fue admitida prueba alguna, ni argumento.

Esa es la naturaleza de la prisión preventiva automática, por disposición del legislador, al juez no le está permitido realizar ninguna ponderación o valoración particular en función del tipo de delito, las circunstancias de su comisión o los aspectos personales del presunto infractor. Es el legislador quien con dedo flamígero establece cuáles son los delitos por cuya comisión debe ser impuesta la prisión carcelaria de inmediato.

Primero encarcelan, y luego investigan.

El delito de Joaquín Lázaro no era grave. Entendemos que había dificultad para acreditar que radicaba en la ciudad, porque su detención se realizó en la capital del país, pero pidió prisión domiciliaria en esta ciudad, mientras se realizaba el juicio, con brazalete y fianza, la juez aceptó pero pidió cash 10 millones de pesos, cuando el supuesto ilícito era por seis millones.

No pudo el exfuncionario con esa carga y no le quedó de otra. Fue confinado en el Cereso de Aquiles Serdán, con una sobrepoblación que a la fecha prevalece y el gravísimo riesgo de contagio que implicó el Covid-19 a partir de marzo del 2020, cuando ya tenía año y medio recluido.

Fue precisamente esa enfermedad la que lo llevó a la tumba al cumplir con exceso los dos años que marca la Constitución como límite para que se le dicte sentencia sin ser liberado, ni concedida la prisión preventiva domiciliaria aún con brazalete electrónico.

Después de su muerte, tras casi 15 días de convalecencia por Covid, y sin recibir atención médica especializada que pudo haberlo salvado, uno a uno fueron cayendo los amparos protegiendo al resto de implicados en los expedientes X, Manuel Esparza, Marcelo González Tachiquín, Antonio Tarín, que es el último en diciembre pasado, utilizando argumentos en contra del exceso de la medida cautelar impuesta y el riesgo que implicaba el Covid, con el antecedente inmediato de Joaquín Lázaro, una víctima de la prisión preventiva oficiosa, que en manos de jueces de consigna se convierte en extraordinaria arma política.

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Son nada menos que 93 mil las personas quienes en estos momentos se encuentran en prisión preventiva a nivel nacional -41% del gran total de la población carcelaria-, de acuerdo con la asociación civil Intersecta, en un estudio realizado para un recurso de Amicus Curiae interpuesto para fortalecer la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

Ese medio de impugnación tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, a cargo del ministro Luis María Aguilar, y del amparo en revisión 355/2021, a cargo de la ministra Norma Piña, puestos mañana lunes para resolución en el máximo tribunal.

A nivel estatal se calcula en poco menos de tres mil las personas que se encuentran en dicha condición de prisión preventiva, de los poco menos de nueve mil internos.

Los datos solo son aproximados. No hay en realidad un censo ni información oficial acerca de las personas que se encuentran bajo esta situación, ni mucho menos de los que fueron sujetos a la prisión oficiosa y a la justificada, que son distintas.

Muchos de ellos pueden obtener su libertad de manera automática, así como en automático quedaron presos sin tomar en cuenta sus condiciones particulares ni las especificas del delito que se les imputa, si es que los ministros se sostienen en echar abajo esta figura.

Hay gravísimas consecuencias de la prisión preventiva oficiosa desde 2011 en que se aplica a nivel nacional, por la reforma al artículo 19 constitucional, segundo párrafo, con las ampliaciones a los delitos que ameritan dicha prisión oficiosa, que alcanzan inclusive los de tipo electoral, ejercicio de la función pública o conductas en la materia fiscal.

Si antes de 2019 la tendencia era la reducción de la prisión preventiva, con base en las reformas que fortalecieron el respeto a los derechos humanos, entre ellos el debido proceso, a partir de las reformas implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la tendencia era a la alza, como hasta la fecha se mantiene.

Con datos interesantes de la información presentada por Intersecta a la SCJN, se está victimizando a las mujeres, a las personas económicamente vulnerables y que carecen de una defensa jurídica adecuada y se está propiciando el hacinamiento y sobrepoblación en los Ceresos tanto federales como estatales.

Con agravante adicional, las muertes por Covid. Documenta Intersecta que entre el 2020 y el 2021 el fallecimiento a nivel nacional de 1 mil 859 personas privadas de la libertad, entre ellas Joaquín Lázaro, sujeto a prisión preventiva oficiosa, igual que muchísimos internos también fallecidos.

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El caso de Joaquín Lázaro tiene todos los elementos para ser llevado a los tribunales internacionales, como acaba de ocurrir con Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes estuvieron detenidos bajo el concepto de prisión preventiva oficiosa 17 años, después de permanecer 45 y 34 días en arraigo.

La Corte Interamericana acaba de resolver el pasado 26 de agosto la responsabilidad del Estado Mexicano tanto por el carácter punitivo del arraigo como privación ilegal de la libertad como por la arbitrariedad con la que fueron sometidos a la prisión preventiva oficiosa, sin posibilidad de ofrecer pruebas de descargo.

Hay agravante y muchos en el caso de Joaquín, como el hecho de que el cuerpo fue entregado días después de su muerte, porque supuestamente era sometido a pruebas para deslindar responsabilidades, alejando a la familia de la posibilidad de darle sepultura y despedirlo como parte del duelo.

De ese tamaño es la decisión que mañana se adopta por el tribunal constitucional mexicano, en medio de fuertes resistencias del mismo Gobierno de la República y embates hacia señoras y señores ministros de la Corte, y en el contexto, la sombra innegable de Joaquín Lázaro y muchas más víctimas de la inconstitucional figura en discusión.