Opinion

Huachichol verde en Chihuahua

“Los grupos de la delincuencia organizada están contendiendo con las autoridades y el mismo estado para tener una capacidad delictiva que ya raya en el control político y territorial”. (Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República)

Víctor M. Quintana S.

viernes, 24 julio 2020 | 05:00

El horror guanajuatense ya se equipara al horror de la violencia en Chihuahua los años 2008-2011. El cártel de Santa Rosa de Lima se ha convertido en un estado dentro del estado.  Las masacres, sin hacer distingo de personas, ni siquiera niñas, niños, personas mayores y mujeres embarazadas, los incendios de locales comerciales, casas habitación, vehículos; los robos, no hormiga, sino mamut de vagones completos de ferrocarril, todo esto lo opera como extensiones criminales del principal negocio delictivo; el huachicoleo de combustible de la refinería de PEMEX en Salamanca. A tanto llega el poderío de esta organización encabezada por José Antonio Yépez Ortiz, El Marro que lograron la casi inmediata liberación de la madre de éste, quien había sido detenida en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales el 21 de junio.

Varios diagnósticos coinciden en lo mismo: las autoridades dejaron crecer al cártel de Santa Rosa de Lima. Hubo omisiones cómplices que permitieron que este poderoso grupo de la delincuencia organizada se consolidara en el robo del combustible y luego diversificara sus actividades delictivas a muy diversos rubros hasta llegar a construir una importante base social de sicarios, vendedores, consumidores, adictos, halcones, saqueadores de trenes, etc., etc., que ahora lo hace disputarle el control del territorio de las principales ciudades guanajuatenses al gobierno y convierten en un baño de sangre cualquier intento de las fuerzas del orden por detener a sus miembros o incautarles mercancía. El propio presidente López Obrador criticó la pasividad de las autoridades guanajuatenses y pidió se investigue el por qué se liberó con tanta facilidad a la madre de El Marro.

Pero Chihuahua no sólo es una referencia en pasado a lo que sucede hoy en Guanajuato, puede ser muy pronto una reedición del horror que ahora vive esa entidad. Y no hablamos tanto de Ciudad Juárez o de la capital del estado, sino de lo que sucede en la zona de la Sierra Tarahumara: si en el Bajío hay un intenso huachicoleo de gasolina; acá lo que se huachicolea son pinos, madera, el bosque. Ya lo hemos denunciado en otras entregas, por ejemplo en el diario nacional La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/05/22/opinion/023a2pol

El problema que se vive en la Sierra Tarahumara aun no alcanza las proporciones de lo que sucede en Guanajuato, pero va a llegar allá muy pronto porque ya se están dando acá algunos de los factores que llevaron al infierno del bajío:

Presencia de organizaciones criminales: en Guanajuato domina el Cártel Santa Rosa de Lima y rechaza la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación. En la sierra de Chihuahua, aunque grosso modo se puede decir que el Cártel de Sinaloa domina la parte sur y el de Juárez, la zona de Madera, las ramificaciones de uno y de otro se disputan palmo a palmo todo el territorio.

Combinación del narcotráfico con otra actividad delictiva principal. En Guanajuato, el cártel de Santa Rosa de Lima tiene como su actividad delictiva principal el Huachicoleo del combustible. Eso lo hizo fuerte, pero también se dedica al narcotráfico. En la sierra de Chihuahua, los cárteles se dedican al cultivo y trasiego de drogas, mariguana y amapola, pero han encontrado muy rentable también la tala de los bosques, de los cuales ya lleva arrasadas más de 25 mil hectáreas. Manejan aserraderos clandestinos, transportes robados o semisecuestrados, venden madera a precio muy bajo, sobornan o amenazan inspectores.

Construcción de bases sociales con la población. Como en Guanajuato, los cárteles que opera en la sierra de Chihuahua han construido una base social muy amplia, ya sea cooptando, ya sea amenazando a segmentos importantes de la población serrana. Reclutan, casi como leva, a jóvenes serranos, amenazan a ejidatarios e indígenas, obligan a camioneros, pagan a aserradores. Así, la población involucrada en el negocio, voluntariamente o a fuerzas se va ampliando, lo que les brinda un cómodo espacio social de protección a los criminales. 

Falta de coordinación estratégica en el combate. Hasta la reciente visita de López Obrador a Guanajuato es que se establece ya un acuerdo para combatir coordinadamente a la delincuencia en ese estado. Antes de eso cada orden de gobierno iba por su lado, para beneplácito de los delincuentes. Eso mismo sucede en otras partes de la República. Las organizaciones criminales aprovechan los vacíos de poder para controlar el territorio y cometer todo tipo de delitos. Se requieren acuerdos y formas efectivas y evaluables de colaboración entre los gobiernos federal, estatal y municipales, para ir acotando y sofocando a la delincuencia. Esto es mucho más urgente en la Sierra de Chihuahua por su inaccesibilidad y lejanía de los centros de poder.

Son precisamente la lejanía, la dispersión y el aislamiento de nuestras poblaciones serranas lo que exige una presencia de Estado en todas sus formas: coordinada, eficaz, contundente para salvar a la población del terror y garantizar el goce de sus derechos básicos.