Opinion
Periscopio

Igualdad formal y diferencia real en la política social

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Armando Sepúlveda Sáenz
viernes, 29 noviembre 2019 | 05:00

Si bien en la formulación de la política social se reconoce el principio según el cual el esfuerzo que el Estado realice  debe atender a las diferencias que presentan las personas respecto de la igualdad real. A  mayor distancia del punto ideal, el Estado debe realizar un mayor esfuerzo. Considerando un ejemplo: el derecho a la seguridad social, un trabajador del sector formal de la economía tiene acceso a las diversas “prestaciones” que proporciona el IMSS, está en un nivel socialmente deseable, un pobre extremo para alcanzar ese nivel requiere de un mayor esfuerzo en recursos por el Estado. 

Esto lleva a definir una política social que contenga programas plenos de acciones compensatorias o afirmativas (también conocidas como de discriminación positiva). Si bien los humanos nacemos iguales en dignidad y derechos (Declaración Universal de Derechos Humanos). El mismo artículo precisa que deben comportarse de manera fraterna unos con otros, lo cual implica una práctica de los derechos. 

Los pactos internacionales de derechos humanos establecen la igualdad formal o capacidad de goce unida a la capacidad de ejercicio. No obstante, la Constitución federal dispone en su artículo 1º  que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, (derecho de goce) y como pervive el concepto de garantía para la protección de derechos, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, “salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

A la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, estos son prerrogativas de las personas que no distinguen el goce del ejercicio. Y las obligaciones del Estado aparecen claramente especificadas. Por ejemplo el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estable en su artículo 2.1: Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos hay disposiciones análogas. En las libertades políticas el sujeto de derechos no puede ejercer su deber para pugnar por el ejercicio de sus derechos.

Las obligaciones del Estado establecidas en los tratados para garantizar los derechos deben constituir la  sustancia de la política social. Y las modalidades deben estar acordes con el derecho a la no discriminación que especifica las categorías  prohibidas, y recogidas por la Carta Magna en su artículo 1º: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En este espacio en artículos previos a este se ha mostrado como la política social al uso, incurre en estas prohibiciones y menoscaba algunos derechos, como los de seguridad y salud.

Finalmente, las obligaciones del Estado asumidas por el Estado mexicano al ser parte de los tratados internacionales se resume en el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En términos del acceso a los derechos humanos, las personas presentan una gran diversidad, lo que hace imperativo que se conozcan las condiciones de cada sujeto de derecho. 

El gobierno federal ha decidido apartarse del enfoque de derechos en el diseño de sus programas enmarcados en la política social. Supliéndolo por ministraciones en efectivo que no cubren el acceso cabal a ningún derecho menos aún la necesaria interrelación entre unos y otros. Se ha demeritado el acceso pleno a la salud en los sistemas institucionalizados. El más desventajado queda a la deriva y pierde calidad de vida, reduciendo su esperanza de vida, discriminando de paso, y siendo discriminado por edad y etnia en el caso de los adultos mayores.

Este panorama no tiene vías de solución, pues las personas titulares de derechos humanos, los desconocen y menos aún se pueden organizar para ejercer el deber de exigirlos.