Opinion

Inútil crisis constitucional en la era del Covid-19

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Luis Javier Valero Flores

jueves, 26 marzo 2020 | 05:00

La ilegal detención y la casi automática liberación del magistrado Jorge Ramírez, así como las declaraciones del consejero Jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, del secretario de Gobierno, Luis Mesta y del mismísimo gobernador Javier Corral debieran ponernos de punta todos los pelos: son un verdadero dechado de ilegalidades y de justificaciones estrambóticas de los más altos funcionarios de un gobierno estatal.

Son, además, el más fiel reflejo de la actual administración estatal: Violan el fuero de un magistrado, al más puro estilo de los caciques del México premoderno; lo hacen en medio de uno de los momentos más críticos de la pandemia en el país y, luego, abortada la inconstitucional acción, acusan a un juez federal de corrupto, sin más pruebas y sin actuar como lo dice la ley.

La acción intentada en contra del magistrado Ramírez, por otra parte, sustenta la impopular opinión de que el fuero no debe desaparecer, especialmente el de los legisladores, funcionarios judiciales y mandatarios estatales y municipales, precisamente para evitar que los titulares de los poderes ejecutivos (estatales y federal) que poseen mando sobre fuerzas armadas y/o policiales puedan actuar en contra, impunemente, de los funcionarios incómodos a su administración.

Sólo porque al gobernador Corral se le ha ocurrido poner tras las rejas al magistrado Jorge Ramírez, a costa de cualquier precio.

Puede costarle muy caro pues si el magistrado (y sus representantes legales, que han demostrado contar con el suficiente arsenal jurídico) deciden presentar la solicitud ante la Cámara de Diputados de efectuarle un juicio político al gobernador del estado, por haber cometido una grave transgresión constitucional, consistente en la violación del fuero de un magistrado y de la resolución de un tribunal federal.

Más aún, hay un elemento que agrava la violación. El magistrado Ramírez le notificó verbalmente al fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, que elementos bajo su jurisdicción, y de la Comisión Estatal de Seguridad, estaban violando su fuero.

Así que, una vez superada la crisis de la pandemia, el gobernador Corral deberá enfrentar una de las más serias acusaciones, y ante una instancia que no le es particularmente cómoda, la Cámara de Diputados, la que puede fallar en su contra, en un momento en el que, hipotéticamente, será de lo más inconveniente pues, si bien le va, entre octubre y noviembre estará desahogándose, cuando estaremos en plena efervescencia política por la inminente designación de candidatos a la gubernatura de Chihuahua.

Para entonces habrá grupos políticos muy interesados en golpear al actual grupo gobernante y entonces, además de las evidentes ilegalidades cometidas por los gobernantes de Chihuahua, se sumará el más que evidente interés político por someter al gobernador Corral a un más que interesante y decisorio juicio político.

Por si fuera poco, la administración estatal de Chihuahua tiene muy pocas simpatías en el Poder Judicial Federal (a cuyo acervo contribuyen las ilógicas e irracionales acusaciones del gobernador y del Consejero Jurídico, de declarar “corrupto” al juez octavo de distrito) pues cuenta con el cartel de no respetar la división de poderes en el estado y que ya llegó al extremo de destituir (por primera vez en la historia nacional) a un presidente del Tribunal Superior de Justicia, además de enmendarle la plana en varios asuntos, incluida la ilegal destitución de magistrados del mismo tribunal.

Increíble, con esos antecedentes y una buena cantidad de inconsistencias en la frustrada detención del magistrado resulta inexplicable porqué decidieron hacerla.

¡Cuánta víscera al momento de gobernar Chihuahua!

CERVECERAS.- A propósito de la consulta popular celebrada en Mexicali para resolver acerca de la continuación, o no, de la construcción de la cervecera en Mexicali, que ha motivado muy ácidos comentarios -sobre todo empresariales- sí es necesario precisar que el gobierno de AMLO, al convocar a la consulta, lo hizo pensando que la ganaría, porque en realidad estaba de acuerdo con la construcción de la cervecera, pero la CNDH había emitido una recomendación, no acatada por ambos gobiernos. 

Para superar la recomendación decidieron convocar a la consulta, a pesar de que la construcción de la cervecera tiene serias ilegalidades en la aprobación del suministro del agua, tantas, que hasta el intento de la aprobación de una nueva ley del agua, en tiempos del gobierno estatal panista y de Peña Nieto, que avalaba cosas como la construcción de la cervecera, motivaron las más grandes manifestaciones presentadas en Mexicali y que fueron el catalizador para la derrota del PAN.

Ahora, también la continuación de la construcción ha sido derrotada.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF