Opinion

¿La 4T es una revolución social?

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Luis Javier Valero Flores
domingo, 14 julio 2019 | 05:00

La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda del gobierno federal ha puesto en evidencia -con mayor fuerza que la de Germán Martínez al IMSS- las evidentes contradicciones al interior de la administración federal.

Hay titubeos, dudas, incomprensión, adujo el presidente López Obrador, al tratar de explicar las razones de la más importante de las renuncias de su equipo.

A pesar de la renuncia de Urzúa, la contradicción continuará pues hay una evidente confrontación, no sólo entre algunos de los integrantes del equipo, sino entre las diversas concepciones existentes al interior y, sobre todo, en las distintas apreciaciones acerca de lo que están realizando.

¿De veras la confrontación se dio porque la visión de Urzúa era “neoliberal”, al grado de que el Plan Nacional de Desarrollo presentado al presidente era la continuidad del que pudiera haber elaborado el ex candidato José Antonio Meade, o el ex Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, como dijera López Obrador?

Es momento de decirlo abiertamente, hasta ahora la política económica elaborada y aplicada por el gobierno de López Obrador es, en lo general, la misma de los sexenios inmediatamente anteriores, particularmente del de Enrique Peña Nieto.

Dos son los hechos que ratifican el aserto anterior: 

Primero, La ratificación y apoyo del equipo de López Obrador a las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC (en inglés: United States–Mexico–Canada Agreement o USMCA), continuación del Tratado de Libre Comercio, efectuadas por el gobierno de Peña Nieto, en las que, esencialmente, se mantuvieron los parámetros negociados desde los tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, y que contienen prácticamente toda la política económica del gobierno mexicano. 

No existen en este tratado diferencias tales que permitan afirmar que la política económica del gobierno de la 4T es contraria al neoliberalismo.

Segundo, el presupuesto del gobierno federal para el presente año. Es, con algunas pequeñas modificaciones, la continuación del aplicado en 2018, el último año de Peña Nieto.

De ese modo, resulta falsa la aseveración de que Urzúa representaba la parte “neoliberal” del grupo gobernante, y que Arturo Herrera, el sustituto en Hacienda, represente la visión contraria. 

No, por lo menos desde el punto de vista de la política económica, lo que hoy realiza el gobierno de López Obrador es una política neoliberal.

No podría ser de otro modo, así lo resolvió desde muchos años atrás, lo que planteaba el tabasqueño -y hoy está concretando- no era una ruptura con el orden establecido, sino una modificación de algunos de los aspectos de la estructura social y política del país, en particular, lo referente a la corrupción en el gobierno.

Y es que lo denominado por el presidente como las tres transformaciones previas (la guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910) fueron verdaderas revoluciones sociales.

La Guerra de Independencia no sólo expulsó a los españoles, sino que realizó un profundo cambio de posesión de la riqueza, los españoles perdieron sus propiedades, de la noche a la mañana. Los nuevos propietarios tuvieron a su alcance un inmenso mercado interno, sin las regulaciones y restricciones de la corona española. Eso produjo un profundo cambio social.

A su vez, la Reforma cambió, de raíz, la tenencia de la tierra y al delimitar las funciones de la iglesia católica y el Estado -especialmente al decretar que ya no habría una religión de Estado- también cambió de raíz las estructuras económicas y sociales de México.

Y no se diga de la Revolución Mexicana. 

Los viejos propietarios de las riquezas en el porfiriato fueron expulsados violentamente del poder. Pueden haber regresado -algunos- al poder, pero en condiciones radicalmente diferentes a las del pasado inmediato. 

La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en quitarle el rango de divino al derecho a la propiedad, para entregárselo al Estado mexicano, que le “podía imprimir a la propiedad privada todas las modalidades que dictara el interés público”.

Esa Revolución reclamó y obtuvo, no sin dificultades, que el Estado fuera quien controlara los aspectos estratégicos de la propiedad nacional.

Con los años, los gobiernos priistas, con el apoyo de los panistas, cambiaron lo anterior, hasta concluir en el gobierno de Salinas de Gortari con la estructuración de un Estado en el que las recetas del neoliberalismo se aplican a rajatabla.

¿Transformaciones de ese calado se aprecian en los primeros meses del gobierno de López Obrador? 

Digámoslo claramente, no; más bien lo que hay una continuidad en lo esencial, con algunas modificaciones, sobre todo en el aspecto del desarrollo social, pero nada más.

Así, la política industrial, la agropecuaria, la energética, la de finanzas públicas, en especial la del manejo de la deuda -tanto la del gobierno federal, como las de Pemex y CFE- se mantienen esencialmente en las mismas condiciones que en el sexenio anterior.

Ubicadas así las cosas, de ninguna manera hay razón en quienes, casi de inmediato, al momento de conocerse la renuncia de Urzúa, empezaron a denostarlo y a calificarlo de traidor. 

No, lo que hay en el gobierno de López Obrador son cualquier cantidad de profundas divergencias en temas que no son, de ninguna manera, menores, entre ellos, el del modo en que se operan las directrices de austeridad de la 4T, el de los recortes presupuestarios; el de la manera en que se atacan los indudables índices de corrupción en el aparato estatal, entre ellos, y de manera sobresaliente, el de las compras consolidadas, así como el de cómo operar al interior de las dependencias.

Establecidas así, en lo general, las diferencias, se podrán apreciar sus consecuencias en la operación del aparato gubernamental, a todas luces deficiente, cuyas evidencias asoman en casi todos los rubros y que le han hecho pasar, hasta malos ratos, al presidente López Obrador, especialmente en lo referente a los programas de bienestar social, pero que han adquirido ribetes de escándalo en las estancias infantiles, en las compras de medicamentos, en el aeropuerto de Santa Lucía (tema al que seguramente se refería Urzúa, pues su preparación académica le impedía comprender como era posible que se iniciara la construcción de un proyecto de tal envergadura, sin contar con los permisos de impacto ambiental, ni los de viabilidad aérea); en el desmantelamiento de la Policía Federal; en la ubicación de oficinas federales (ahí está de ejemplo la decisión de quitar la oficina de Profeco en Juárez y obligar a los ciudadanos a acudir a las oficinas en la capital del estado); el de modificar la licitación de los libros de texto gratuito, con lo que éstos llegarán, para el próximo ciclo escolar en el estado de Chihuahua, solamente al 20% de los educandos.

El enlistado anterior pareciera darle la razón a Urzúa, cuando asentó en su carta de renuncia que “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública…”.

Y las contradicciones son mayúsculas. Así, por ejemplo, tanto Urzúa, como Arturo Herrera, su suplente, son contrarios a la construcción de la refinería de Dos Bocas pues son impulsores de la política de elevar la producción petrolera, antes que la de combustibles, pues propugnan la necesidad de elevar sustancialmente los ingresos del gobierno federal por esta vía.

En esa tónica, se oponen a la cancelación de las licitaciones de los proyectos petroleros, fruto de la reforma energética de Peña Nieto, convencidos de la necesidad de contar con más recursos frescos para impulsar el desarrollo nacional.

¿Que estas son recetas neoliberales?

Por supuesto, pero en política económica las que no lo son pasarían por la nacionalización de las industrias estratégicas del país, entre ellas, seguramente, de la banca, de la industria petrolera, de las gasolineras, etc.; el establecimiento del control de cambios, así como el de la intervención de las bolsas de valores y otros cambios a cual más de importantes, pero que no están en la ruta crítica del actual gobierno, el que sí está obligado a responder a la más grave de las aseveraciones del renunciante Urzúa: “… Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

¿Quiénes son esos personajes?

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF