Opinion

La arbitrariedad de dar nuestros datos biométricos a la delincuencia

.

Héctor García Aguirre

martes, 04 mayo 2021 | 05:00

"Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una Constitución. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y solo la Constitución es inmutable" 

Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución argentina de 1853.

Vaya que levantó ámpula la adición de la fracción XLII Bis del artículo 15 y 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el pasado 16 de abril, y cómo no, si va de por medio ni más ni menos que los datos más sensibles de nuestra identificación, que estarán, de no evitarlo nosotros mismos, a disposición del mejor postor, incluida la delincuencia organizada.

La esencia de la reforma se encuentra en la exposición de motivos: "…inhibir en su totalidad los principales delitos que aquejan a la sociedad mexicana, mismos que se cometen a través de la utilización de equipos móviles como herramientas fundamentales para la realización de ilícitos, en distintos rubros…". En una reforma similar (Enero de 2020), la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz aceptó, en la exposición de motivos, que la reforma tiende a inhibir el delito de extorsión telefónica; pues bien, debiera empezarse por corregir las fallas que se reconocen como sus detonantes: a) La evidente debilidad institucional; b) La carencia de un sólido estado de derecho; c) La impunidad y corrupción que inunda las instituciones de seguridad pública y de procuración y administración de justicia; y, d) La realización de delitos desde centros de readaptación social.

El gobierno federal quiere ahora controlar nuestros datos biométricos ante la incapacidad (¿deliberada?) de investigar a la delincuencia organizada que desde los centros de "reinserción" social mantiene a la sociedad en constante acecho; es ahí donde el ejecutivo debiera ser implacable. Las TIC´s o tecnologías de la información y la comunicación están de tal manera revolucionadas que es posible inhibir por completo el espectro radioeléctrico, es decir, la autopista por la que viajan todas las señales que nos comunican a través del espacio libre, y que, solamente por una acción intencionada de sus operadores pueden dar acceso a los reclusos a los servicios de internet y telefonía. Si el gobierno de Beiging tiene aislada a una población de 1,400 millones de chinos, ¿no podrá el gobierno mexicano cercar a una población carcelaria 215,000 personas? !Claro que se puede!, sólo es cuestión de voluntad política de los altos mandos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Gobernación federales y las secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas.

Los ciudadanos de a pie nos preguntamos, ¿cómo es que desde las cárceles nos estén llamando constantemente para extorsionarnos si se supone que: a) Los reclusos no pueden contar con un teléfono celular, y, b) Que nuestros números telefónicos e información complementaria son de uso exclusivo de las compañías telefónicas y sin embargo, en los CERESOS se cuenta con listados de todas ellas?

Ahora no sólo estarán a disposición de los reclusos los números telefónicos sino todos nuestros datos biométricos, es decir: huella dactilar, reconocimiento facial y de iris, geometría de la mano, geometría de retina, reconocimientos vascular, de firma, de escritura, de voz y de escritura de teclado.

En caso de que los ciudadanos lo permitamos, sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el órgano autónomo encargado de ejecutar la reforma, cuya finalidad era originalmente "…el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones."

Sin embargo, llama la atención el sesgo que se le dio al objeto del Instituto, pues ahora tendrá, eventualmente, la facultad de adentrarse peligrosamente a nuestra privacidad e intimidad.

La reforma no es inmediata, el artículo tercero transitorio impone al Instituto un plazo improrrogable de 6 meses para emitir las disposiciones administrativas de carácter general para su ejecución, y será hasta entonces en que los nuevos usuarios deberán proporcionar sus datos biométricos al momento de la contratación. Caso contrario, se les negará el servicio, sin embargo, para quienes contamos con una línea, dispondríamos, si así lo permitimos, de dos años para cumplir con las obligaciones del registro.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es una imposición del legislador federal que atenta contra los artículos 1, 6, 16, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.2, 8.11. y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, argumentos jurídicos de peso para que prosperen las acciones de inconstitucionalidad que están por interponerse y los miles o millones de demandas de amparo contra la citada reforma que los ciudadanos hemos elevado ante la Justicia Federal.

¡¡No permitamos este artero ataque a nuestra intimidad!!; que la Justicia Federal y la Constitución nos amparen.