Opinion

La consulta ¿sobre los expresidentes?

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Luis Javier Valero Flores

domingo, 04 julio 2021 | 05:00

A poco menos de un mes de la realización de la consulta popular, solicitada por el presidente López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como en casi todos los temas, se ha desatado la controversia.

Más allá de la discusión sobre las figuras de la democracia participativa a las que se debe promover, en el fondo de la presente consulta estarán a prueba dos aspectos esenciales, que podrían tener repercusión sobre su futuro a corto plazo: La de su certidumbre y la de sus verdaderas repercusiones, en caso de resultar aprobada por la mayoría de quienes participen en la consulta.

De acuerdo con la regulación existente sobre las consultas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía, antes de enviar la pregunta al INE y dar pie a la consulta, revisar si la pregunta era constitucional, es decir, si violaba  o no normas constitucionales, y si llegaba a la conclusión que incurría en violaciones constitucionales, desecharla.

Es decir, las consultas populares, para que sean democráticas, deberán colmar las inquietudes de la sociedad, o de una parte de ella, deberán estar redactadas de tal modo que no haya margen a la confusión, y que su contenido guarde relación con la intención de lo que se quiere consultar.

Y ese es, precisamente, lo que ocurrirá con la consulta promovida por López Obrador.

La pregunta original del presidente era esta:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

La Corte, para no dictaminar la improcedencia de la pregunta, porque la pregunta implicaba la posible comisión de delitos, lo que afectaba sus derechos y con ello, obtener los amparos respectivos, redactó una nueva, porque la propuesta por el presidente violaba uno de los derechos constitucionales de todos los mexicanos, el  del debido proceso, es decir, que todos los acusados de algo tienen derecho a la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario.

Así, para no quedar mal con nadie (cosa que está lejos de sus facultades), la Corte decidió no desechar formalmente la pregunta de AMLO y, contrario a sus facultades, redactó una nueva, de forma tan general que, en caso de aprobarse, no arrojará vinculación alguna, a ningún personaje.

Miren si no. 

Esta es la pregunta que estará en la boleta el 1 de agosto:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Es un verdadero mamotreto tal pregunta.

En primer lugar ¿En dónde dice que se investigará -para luego someterlos a juicio- a los 5 expresidentes? 

No es cierto que esta consulta tenga como objetivo llevar a tribunales a los ex mandatarios.

Ahora bien. Se pregunta si estamos de acuerdo en que “se lleven a cabo las acciones pertinentes…”? ¿Cuáles serían esas? 

¿En iniciar las investigaciones? Pero para hacerlo, de acuerdo con el “marco constitucional y legal”, se necesitaría que se presentaran las denuncias correspondientes ante la FGR ¿Quién las presentaría?

La segunda parte de la pregunta está peor que la primera.

Dice que la consulta es para que se emprenda un “proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas…”. Es decir, no de las acciones que presuntamente pudieron constituirse como la comisión de un delito, pero ¿Qué es eso del esclarecimiento de las decisiones “políticas”? Dicho de ese modo, entonces cualquiera de las decisiones que hayan tomado en el pasado se pudiera incluir en este mamotreto, independientemente de si fueron delitos o no.

Sin embargo, no todas las decisiones políticas tomadas en el pasado pudieron generar víctimas, entonces ¿Cuáles serían las decisiones políticas que deberán someterse a procesos penales? ¿Quién determinará eso?

¡Híjole!

La parte final de la pregunta arroja más o menos incertidumbres que la inicial. Se pregunta si debe instaurarse un proceso “de esclarecimiento” de las decisiones tomadas “en los años pasados por los actores políticos,…”.

Vuelta a la indefinición ¿Cuáles actores políticos? ¿Los expresidentes? ¿Los exgobernadores? ¿Los funcionarios prejudiciales? ¿Los integrantes del Poder Judicial Federal? ¿Quiénes?

¿Podrían agregarse a quienes fueron legisladores federales y que aprobaron el Fobaproa, o las reformas estructurales, o la reprivatización de bancos y empresas del Estado? ¿Bajo qué cargos? ¿Cómo, si solo ejercieron su facultad de aprobar leyes? ¿Cómo demostrar que cometieron delitos?

Pero, además, la consulta es tan ambigua que podría no considerarlos.

Aún más: ¿De qué época? ¿De qué años?

Vistas así las cosas, pareciera que solo la parte final tiene lógica. Habla de que el proceso que se pudiera instaurar estaría “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

La pregunta habla de “esclarecimiento” ¿Qué cosa es eso, desde el punto de vista jurídico?

Ahora bien, supongamos que se cumple con el requisito constitucional de que debe votar el 40% del electorado (alrededor de 37 millones de ciudadanos) para que se declare vinculante el resultado ¿Quién determinará todas las cuestiones planteadas -y otras- líneas arriba?

N’ombre, una vacilada la consulta y una tremenda grosería al pueblo de México, pues los que acudan lo harán pensando que su voto sí será para enjuiciar a los expresidentes. Pero de la consulta no se derivará facultad legal alguna para hacerlo y, además, no se necesitaba efectuar la consulta para saber la opinión generalizada sobre el tema.

Será, como muchas otras cosas efectuadas por la 4T, sólo un episodio que acarreará desprestigio a las consultas populares, en lugar de convertirse en una formidable herramienta de la sociedad para acotar el poder de los gobernantes.

Tampoco servirá para evitar que en el futuro se tomen decisiones contrarias al bien societario.

El análisis, crítico, sobre la consulta de López Obrador no tiene que ver con los supuestos delitos cometidos por los expresidentes. 

Sobre ello, el gobierno de la 4T nos sale debiendo. 

Cuando vamos a la mitad del gobierno, éste debió presentar un concienzudo estudio jurídico, económico y social sobre la responsabilidad de los exmandatarios en muchos de los fenómenos negativos sufridos por la sociedad mexicana y tener preparadas las correspondientes denuncias a fin de que en el resto del sexenio pudiesen celebrarse los correspondientes enjuiciamientos.

 ¿Quién, con un mediano conocimiento sobre los hechos trascendentales de los períodos en que ejercieron el poder los expresidentes involucrados, podría estar en contra de que fueran enjuiciados? Prácticamente nadie.

¿Cómo se les podría vincular penalmente a los ex mandatarios si no hay -salvo Peña Nieto y Felipe Calderón- procesos penales instaurados en su contra? ¿De veras la respuesta positiva es la que necesita el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para iniciar dichos procesos? 

Si el presidente tiene la convicción de que sí son responsables de los delitos que se les imputan públicamente, cosa que no es especulación pues fue el mismo mandatario el que solicitó la consulta y ha sido, desde antes, el principal animador de la consulta ¿Porqué no ha iniciado las investigaciones y ha fincado las denuncias correspondientes? 

¿Porqué esperar el resultado de una consulta si fincarles responsabilidades a los exfuncionarios, si son culpables, es una de sus obligaciones y facultades?

¿De veras existe la convicción presidencial de establecer la consulta popular como un eficiente mecanismo de participación ciudadana?

¿O solo es un distractor, como ya lo califican muchos de los adversarios del presidente, que se ha erigido, a partir de su celebración del tercer aniversario de su triunfo electoral, en dirigente partidario, cuando lo que esperábamos muchos, ilusionados y expectantes, en el Jefe del Estado mexicano democrático, justiciero y transformador que esperábamos?

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