Opinion

La corrupción en tiempos del Covid-19

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Gerardo Cortinas Murra

lunes, 02 noviembre 2020 | 05:00

La implementación, hace más de dos años, del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en el Estado de Chihuahua, exigió, en primer lugar, reformar la Constitución Local y, posteriormente, adecuar diversos ordenamientos estatales; entre ellos, la Ley de la Auditoría Superior, la Ley Orgánica de los Poderes Ejecutivo y Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la Ley de Programación y Presupuesto, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Para los diputados panistas de aquella Legislatura, la adecuación reglamentaria de la reforma a la Constitución del Estado en materia de anticorrupción, será sinónimo de un “toque de modernidad” a la legislación local; en aquella ocasión, diversos diputados (del PAN) expresaron: “vamos a trabajar mucho para dar a los chihuahuenses un Sistema Anticorrupción integral y moderno que nos llevará a ser ejemplo a nivel nacional…” 

Sin embargo, desde entonces, he sido reiterativo en denunciar que el diseño del SEA es muy deficiente; ya que tan solo incrementaría la burocracia estatal, en virtud de que las personas que integrarán los ‘órganos internos de control’ de las dependencias estatales y de los organismos autónomos, serán personas afines al gobierno estatal en turno.

A la fecha, el mandato del Art. 178 de la Constitución Local, es letra muerta, ya que ninguna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuentan con órganos internos de control, con facultades “para prevenir, corregir e investigar actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas”.

En otras palabras, si se toma en cuenta la cantidad de dependencias estatales, centralizadas y descentralizadas que integran la Administración Pública Estatal, y los órganos autónomos y los desconcentrados; imagine usted amable lector, el número de burócratas que habrían de engrosar la nómina estatal. 

Por otra parte, el SEA creó una burocracia inútil e inepta; como lo es el personal asignado a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, “órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere como delitos en materia de corrupción”. Y cuyo desempeño ‘profesional’ tan solo ha evidenciado el prematuro fracaso del SEA.

Dos años después, en el 2019 se reformó la Constitucional Local para otorgarle facultades al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para resolver las “faltas administrativas graves que sean investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado… Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control” (¿Cuáles?).

Ahora bien, con la asunción al poder Presidencial, AMLO inició un discurso reiterativo contra la corrupción, asociado al cuestionamiento del modelo neoliberal como el origen de este problema en el país. Para López Obrador, la lucha contra la corrupción está pensada como una cruzada moral, una lucha virtuosa.

Tal y como se desprende de las frases más famosas de AMLO, con relación al combate a la corrupción: 1. “…les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales… (es) desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

2. “los opositores piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia…”; y 3. “…los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios”.

Así las cosas, el nuevo discurso anticorrupción está plagado de frases moralistas; cuyo único objetivo es el de exhibir, mediáticamente, a los “corruptos neoliberales” desde la óptica presidencial; sin que exista sentencia condenatoria alguna de por medio.

En el ámbito local, existe una opinión pública uniforme en cuanto a la ineptitud del gobernador Javier Corral. El problema es que para denunciar los actos de ineptitud de este servidor público, no existe legislación al respecto.