Opinion

La Corte Interamericana y el diálogo interjudicial

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Jesús Antonio Camarillo

sábado, 05 noviembre 2022 | 05:00

La función que los tribunales internacionales llevan a cabo en la defensa de los derechos humanos no se puede soslayar. Con contornos definidos, es con inmediata posterioridad a la Segunda Guerra Mundial donde los esfuerzos para concretizar la custodia de los derechos fundamentales en el plano convencional, irrumpen en el mundo. Punto de quiebre, a partir de ese momento histórico empieza un camino que todavía no concluye, pero que muestra, un innegable desarrollo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un claro ejemplo de esta evolución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye una institución clave dentro del complejo modelo de protección de los derechos fundamentales.

Cada caso que encuentra resolución en la Corte Interamericana se vuelve un modelo de adjudicación y los ojos de la cultura de los derechos humanos se posan en él, no solamente por el razonamiento que el tribunal esgrime en cada asunto, sino también por las implicaciones que, en materia de reparación del daño, vendrán para el Estado responsable.

Un fallo que impactó de lleno nuestro entorno fue la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso del “Campo Algodonero” de Ciudad Juárez. Primera ocasión en que un tribunal internacional se pronunció sobre el homicidio de mujeres por razones de género. En uno de los puntos medulares de la sentencia, la Corte reprocha al Estado mexicano por la ausencia de una política general que debió adoptarse años antes de los homicidios de las jóvenes, cuando ya existían focos rojos que evidenciaban un patrón de violencia contra la mujer.

Como la gran mayoría de los procesos bajo su escrutinio, el caso del Campo Algodonero llega hasta esa instancia porque los sistemas internos de protección de derechos de los países presentan serias falencias a la hora de realizar, desde adentro, el control de la convencionalidad. Es decir, todo el engranaje del Estado mexicano está obligado a aplicar e interpretar las normas internas de forma tal que sean compatibles con las obligaciones internacionales del Estado. Como esto no se hace, a la Corte Interamericana seguirán llegando casos inherentes a las omisiones de los Estados que han reconocido en América la competencia contenciosa de la Corte.

Al respecto, lo que se observa es que muchos de los operadores u oficiales del derecho de estos países no han entendido el papel que juega el control de convencionalidad. Aferrados a interpretaciones letristas, siguen pensando que el mundo del derecho es el mundo de sus códigos nacionales o estatales. Por esta razón y otras similares, la posibilidad de un diálogo interjurisdiccional es poca o nula.

La Corte Interamericana, al igual que cualquier tribunal del mundo, tiene el permanente desafío de legitimarse social y políticamente. Y una de esas formas podría ser la de entablar una especie de diálogo con las realidades, órganos e instituciones que impacta con sus resoluciones. En algunos de sus fallos, la Corte observa la realidad social del entorno que, en parte, nutre su sentencia. En otros, simplemente, la Corte pasa por alto ese aspecto y parece sujetarse sólo al discurso de la “universalidad” de los derechos.

Otra manera de entablar un diálogo interjudicial implica una carga interpretativa de alto calado para los tribunales internos de los países, sobre todo, a nivel de las Supremas Cortes de Justicia o Tribunales Constitucionales, donde estos existan: receptar críticamente y con talante heurístico las sentencias del tribunal internacional. Esto implica excluir el modo pasivo en la recepción y evidenciar una actitud argumentativa del más alto rango. Después de todo, debemos tener presente que no existe una única y absoluta respuesta en materia de interpretación del derecho. La Corte Interamericana, como cualquier tribunal del mundo, también se puede equivocar.