Opinion

La educación jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Sergio Alberto Campos Chacón
domingo, 11 agosto 2019 | 05:00

El Ejército y la Suprema Corte son instituciones fundamentales que confieren solidez al Estado Mexicano, aquél por su profesionalismo y lealtad, y la segunda, por su responsabilidad de que se respeten la Constitución y demás leyes, que interesan a todos los mexicanos. La permanencia del estado de Derecho.

Ya comenté en otro artículo el dicho desafortunado del presidente López Obrador de que si por él fuera desaparecería el Ejército, sustituyéndolo por la Guardia Nacional. 

En los meses recientes ha trascendido la pretensión de desaparecer las Casas de la Cultura Jurídica, dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, éste de la Suprema Corte, por recortes presupuestales del gobierno del presidente López Obrador.

El esquema se relaciona con debilitar, en principio, dos instituciones que garantizan la permanencia de la división de los poderes constitucionales. Si la cuestión es de preservar la constitucionalidad, merece analizar algunos aspectos.

El abogado Don José Fernando Ramírez Álvarez nació el 5 de mayo de 1804 en Hidalgo del Parral, Chih., fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación allá por 1840. Jurista brillante, historiador, escritor, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Maximiliano de Austria. Murió en Alemania en abril de 1871.

La Casa de la Cultura Jurídica en esta ciudad de Chihuahua lleva su nombre y, sin bien recuerdo, fue a sugerencia de la abogada chihuahuense Maricela Fierro Murga, primera responsable de esa Casa.

Don José Fernando es famoso porque en 1840, como ministro de la Corte emitió lo que se llama Voto Particular en una histórica discusión legal en ese alto tribunal, para que toda autoridad se ciñera a la Constitución por sobre leyes secundarias, y no fuera la Suprema Corte quien conociera de la constitucionalidad de leyes o actos de las autoridades, incluido actos del Poder Ejecutivo. No prosperó su propuesta.

A lo que se refería es que, como ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, cualquier autoridad debe omitir aplicarla. Se llama Sistema de Control Difuso o Autocontrol.

Las Constitución de los Estados Unidos de América establece ese control oficioso desde 1787, en su artículo 6º., fracción II.

Don José Fernando lo propuso siguiendo el principio norteamericano; juristas como el ministro Don Gabino Fraga insistió en 1942 en ese autocontrol, no fue admitido por el Pleno, pero ambos tenían razón.

El maestro Don Eduardo García Máynez, en su libro Introducción a la Lógica Jurídica (1949) ya sostenía que el principio lógico de razón suficiente, en lo normativo, bastaba para, de oficio, no aplicar una ley inconstitucional.

Hoy la jurisprudencia de nuestra Corte mexicana asigna el deber a toda autoridad de sujetar sus actos a la Constitución y los tratados, revisarlos de oficio y, de encontrar contradicción, abstenerse de aplicar la norma que pugna contra aquéllos.

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencias contra el gobierno de México que son obligatorias por tratados internacionales, por lo que instruyó, a través de la jurisprudencia a toda autoridad que vigile, digámoslo así, que no se violen la Constitución ni los derechos humanos, especialmente a partir de la reforma al artículo 1º., constitucional en junio de 2011.

Los Consejos de la Judicatura se originan en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial, más en Italia, para mejorar la administración de justicia, formar mejores jueces en las llamadas Escuelas Judiciales.

No sé de quién fue la idea, plausible, de crear en todo el país las Casas de la Cultura Jurídica.

Bien nos explica el Maestro Carlos Martínez García, en entrevista del periódico digital Tiempo, que el inmueble donde funciona aquí en Chihuahua la Casa de la Cultura Jurídica lo adquirió la Suprema Corte, e inauguró el 28 de enero de 1999.

Son 45 Casas de la Cultura Jurídica. Ejerce elevada influencia académica; gratuitamente se imparten diplomados, cursos especializados, conferencias presenciales o videoconferencias simultáneas a las 45 Casas, interacción con ponentes, talleres; a bajísimo costo vende libros de alta calidad sobre diversas ramas del derecho, discos compactos con materiales únicos de leyes interpretadas por el Poder Judicial de la Federación; temas sistematizados de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia, el derecho prudente, pues.

Las Casas de la Cultura Jurídica son una especie de escuelas/facultades superiores de derecho abiertas al público, estudiantes, pasantes, abogados litigantes de todo el Estado, magistrados, jueces locales o federales, funcionarios estatales o municipales, en las que se accede a los criterios de interpretación más actualizados.


Su empatía es tal que asiste población no relacionada con el foro judicial, de los barrios, niños, funcionarios policíacos, de protección civil, abogados, maestros, doctores en derecho, reciben clase o comparten sus conocimientos, madurez y experiencia en un amplio plano de igualdad, con plena libertad de opiniones, todas enriquecedoras.

Sin excepción, el personal que en ellas labora diario acredita compromiso, entusiasmo, atención, calidez y apoyos a quien ingresa a esa gran casona que está en la Avenida Zarco, donde hoy vemos manifestaciones de abogados y población en general protestando contra el cierre de estas nobles aulas.

Basta entrar a la página de la Corte en Internet para reconocer, con respeto y humildad, cuánto ha edificado esta institución para la cultura jurídica de la República.

La restricción de recursos, que en este caso se verá en el presupuesto de 2020, como cualquiera relacionada con la cosa pública, es asunto político, porque responde a derroteros de política de Estado: menguar el ejército y disminuir la influencia de la Suprema Corte.

Nos enseña Luis Fernando Pérez Hurtado en su libro La Futura Generación de Abogados Mexicanos. Estudio de las Escuelas y los Estudiantes de Derecho en México (CEEA-IIJ-UNAM), que para 2009 se contaban más de 960 escuelas o facultades de derecho con planes de estudio y perfiles de abogado heterogéneos, con disparidades en los niveles formativos de los egresados. Para 2019 se estima que son mil las instituciones que forman abogados y, en cada esquina, las que imparten y otorgan grados de maestría y doctorado.

El mérito de la Corte al actualizar criterios jurisprudenciales, promover su análisis y divulgación popular, es colocar a todas las personas y abogados en un plano de igualdad académica, la que trasciende por medio de las Casas de la Cultura Jurídica.

Cerrarlas es una vía indirecta, inicial, para evitar se controle la legalidad de las decisiones del presidente. Sus críticas a las sentencias de los tribunales federales que le incomodan, o serle, así lo anuncian. 


El daño será irreversible para la nación.

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