Opinion

La eficacia de los derechos

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Sergio Alberto Campos Chacón
domingo, 28 julio 2019 | 05:00

El 6 de septiembre de 2018 los diputados locales del Partido Acción Nacional presentaron iniciativa de ley para reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a fin de armonizar sus artículos en materia de derechos humanos con las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2011.

En abril de 2019, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez presentó un alcance o documento adicional.

La propuesta de reforma se distingue por su excelente fundamentación y argumentación, rica en sustentos jurídicos a partir del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia varia tanto de ésta, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opiniones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por mencionar algunos. 

Los motivos son irrebatibles. Chihuahua requiere adecuar su Constitución Política en consonancia con los principios jurídicos actualizados, nacionales e internacionales que robustecen y amplían, por el principio de progresividad, los derechos humanos, proteger y no lesionar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación que el quinto párrafo de ese artículo 1º prohíbe vulnerar.

El estado de Chihuahua daría un ejemplar salto cualitativo, aunque en la iniciativa se aluda a la “concepción” es una palabra revestida de religiosidad, la correcta es fecundación, que significa fertilizar, engendrar, preñar.

Los ayuntamientos deben fijar su postura dentro de los 40 días siguientes en que reciban la iniciativa, como lo ordena el artículo 202 de la Constitución local, pues se requiere que la aprueben al menos 20 ayuntamientos que representen más de la mitad de la población del Estado.

Todo iba bien, pero asustó el texto del artículo 3º, fracción V, que se pretende diga: “En el Estado, todas las personas gozarán de forma enunciativa mas no limitativa, de los siguientes derechos: V. Autodeterminación. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. Este derecho deberá posibilitar que todas las personas pueden ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad”.

Más que el concepto “libre desarrollo de la personalidad” ya clarificado y admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo en el divorcio sin causa, la palabra “autodeterminación” alertó a personas y grupos opuestos a la interrupción del embarazo y al matrimonio igualitario, pues para ellos éste forma parte de lo que ellos denominan “ideología de género”, es decir, imponer a las personas roles culturales e individuales homosexuales o lésbicos que destruye a la familia tradicional, “natural”, dicen.

En marzo último, el Frente Nacional por la Familia en Chihuahua emitió un manifiesto para detener la iniciativa sugerida por Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena relacionada con la “autonomía reproductiva… que fomenta el aborto…”, dijeron.

También argumentó el Frente que es propagar la cultura de la muerte, imponer falsos derechos para adoctrinar a los hijos, anular de facto la patria potestad y perseguir y enviar a la cárcel a profesionales, maestros, comunicadores y padres de familia que disientan de la ideología de género. Presencia mefistofélica, pues.

La iniciativa panista local de reforma constitucional transita por similares críticas, al punto que el martes 23 de julio, la presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván en sesión de cabildo, solicitó devolverla al Congreso del Estado por ambigua, ya que puede interpretarse de diferentes formas que afectarían al derecho de crianza de los padres para con sus hijos, y sería permisible la libertad de abortar.

El documento que la presidente leyó en esa sesión está redactado hábilmente, pero sus razonamientos son tangenciales porque si bien funda su oposición en la ambigüedad de la iniciativa, su lógica ideológica no acepta que las mujeres decidan libremente la interrupción de su embarazo que, a mi parecer ya está reconocido en el artículo 4, segundo párrafo, de la Constitución Federal, como es decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Entiendo los motivos de quienes se oponen a esas reformas, no es mi interés refutarlos, cada quién es titular del derecho de libertad de creencias, pensamiento y libertad de expresión.

Centro mi reflexión en la preocupación que por años he expresado: la paradoja humana de no visibilizar a mujeres pobres, especialmente indígenas que mueren por abortos mal practicados y que, supondría, todas las mujeres y hombres, sin distingos de posición económica, social, política, cultural o religión, alzarían la voz para evitar esas muertes garantizando su derecho a decidir libre e informadamente.

No creo que Dios admita esas muertes. Lo imagino con rostro de dolor al mirar que sus seguidores prefieren mueran mujeres y dejen huérfanos a la deriva; que no ejerzan el libre albedrío que Él les confirió.

Legalizar el matrimonio igualitario es no entrometerse en la identidad sexo genérica de las personas, sean homosexuales, transgénero o transexuales. Recuerdo un potentado de extrema derecha cuya hija es lesbiana. La naturaleza le hizo guardar silencio y, aceptarla… como es.

En mi artículo “La naturaleza de las cosas”, aquí publicado el 16 de septiembre de 2018, recomendé la película “El Crimen del Padre Amaro” (Gael García. 2002. de la novela escrita en 1875 por el portugués José María Eca de Queirós), que narra el drama de una mujer joven, enamorada de un sacerdote católico del que resulta embarazada, se somete a un aborto clandestino y muere por hemorragia incontenida.

Cito textual dos partes de ese artículo: “… las omisiones legislativas…, dejan a su suerte la vida y la libertad de las mujeres, casi todas pobres, ya que las afortunadas de patrimonio van a la interrupción (del embarazo) a El Paso, Texas, u otros lugares”.

“El periodista de El Diario de Chihuahua, Miguel Chavarría, en su nota del 3 de septiembre, nos informa que, de enero de 2007 a diciembre de 2017, fueron sentenciadas siete personas por el delito de aborto, de ellas cuatro son mujeres, y nos describe varias situaciones en las que son severamente victimizadas según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) …”.

Frenar la iniciativa panista es impedir la eficacia del principio de igualdad, de los derechos humanos y fundamentales; es, una conducta discriminatoria por negar la diversidad humana, efecto de la naturaleza, no de la llamada “ideología de género”.

Los feminicidios por machismo, homicidios por homofobia, lesbofobia o transfobia son la expresión física, mortal, de la intolerancia inyectada en la consciencia colectiva con prejuicios, estigmas y odios irracionales a las diferencias de pensar, creer, y ser.


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