Opinion

La Escuela es Nuestra

“No se puede enseñar a leer, sin dar que leer”. José Vasconcelos

Juan Carlos Loera de la Rosa
domingo, 06 octubre 2019 | 05:00

Las vergonzosas e infames condiciones en las que se encuentra gran parte de las escuelas públicas en el país alcanza inimaginables proporciones, y como casi siempre, la ausencia en la aplicación de las responsabilidades del Estado, se ensaña donde viven los más pobres, particularmente en las zonas indígenas.

En las semanas recientes, el Gobierno de México ha puesto en marcha la conformación de los Comités Escolares de Administración Participativa, los cuales serán los encargados de administrar los recursos económicos para la mejora en la infraestructura escolar y también de coordinar el seguimiento y supervisión de las obras físicas en los planteles.

Es obligación del Estado mexicano garantizar la educación laica, gratuita y de calidad, sin embargo, ¿cómo puede cumplirse dicha obligación, sobretodo en lo que a calidad se refiere, si los espacios para el aprendizaje son deficientes? Muchos de ellos sin piso, sin techo, sin electricidad, sin agua corriente y otros literalmente al aire libre, a veces bajo la sombra de un árbol cuando se tiene suerte, pero en ocasiones ni con eso se cuenta.

El desmantelamiento al patrimonio nacional por parte del régimen neoliberal, no sólo afectó al área de las finanzas, del manejo de la economía o por la privatización de bienes públicos, también alcanzaron niveles insospechables de olvido a una de sus principales obligaciones, la educación, particularmente en lo que tiene que ver con proveer de espacios dignos e idóneos que generen condiciones favorables para el máximo aprovechamiento y cumplimiento de los planes de estudio.

Literalmente arrinconaron a alumnos y maestros, para después a estos últimos, achacarles el deterioro que el modelo económico privatizador había provocado, incluso en lo educativo; disfrazaron sus ominosas intenciones con una reforma educativa que soslayó la imperiosa necesidad de proveer a los maestros y maestras de las herramientas básicas y planteles funcionales para cumplir con la enorme misión de transmitir conocimientos, de formar seres humanos libres para construir una ciudadanía más justa y equitativa. 

Luego de la derogación de uno de los saldos negativos del peñanietismo, con la nueva reforma se da un paso al frente, el nuevo texto del artículo tercero constitucional, prevé que los planteles educativos sean el espacio fundamental en la cadena educativa y obliga al Estado para que las condiciones físicas de las escuelas sean idóneas para la educación. Incluso, el Plan Nacional de Desarrollo establece que las mejoras materiales en las escuelas es uno de sus principales compromisos. 

La Ley General de Educación señala que el mantenimiento de la infraestructura escolar correrá por concurrencia a cargo de los tres diferentes órdenes de gobierno y de manera voluntaria los integrantes de la comunidad, incluidos los padres de familia. Y también señala que el gobierno fomentará la participación social en la mejora de los espacios educativos.

Para cumplir con dichos preceptos es que se han conformado los Comités Escolares de Administración Participativa, compuestos por presidente, secretario(a), tesorera, dos vocales y un estudiante de cuarto grado en adelante (con derecho a voz, pero sin voto).

La elección de los comités ha sido hecha mediante asambleas comunitarias en donde se privilegia la democracia participativa. Los comités tendrán por objetivo la dignificación de los planteles y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país, también recibirán de manera directa un presupuesto anual para poder ejecutar las obras necesarias y así cumplir con la importante tarea de recomponer el deterioro de las escuelas.

Estas disposiciones reafirman dos de las principales convicciones de la Cuarta Transformación: una, la participación de la sociedad en las acciones de gobierno  mediante la organización popular, y la otra, que todos los apoyos para el bienestar de la población sean entregados de manera directa, sin intermediarios. 

Estas primeras acciones ya en marcha, forman parte del programa La Escuela es Nuestra, el cual en una primera etapa prioriza su aplicación en las zonas de alta y muy alta marginación, así como las comunidades indígenas. Este modelo procura la capacitación de niñas, niños y jóvenes en la toma de decisiones, los hace partícipes en las asambleas de los comités y escucha su voz, también se agiliza la entrega de recursos ya que son de manera directa sin tanto burocratismo ni papeleo. La Escuela es Nuestra evita la corrupción ya que pone en manos de la comunidad los recursos para mejorar el entorno de la misma, los planteles escolares  en este caso. También se evita la discrecionalidad en el uso de recursos y los grandes contratos que se asignaban a empresas predilectas que dilapidaban mediante los famosos “moches” el presupuesto para el mantenimiento funcional   de las escuelas. La entrega directa de los recursos seguramente incidirá también en las economías locales.

Ahora bien, el programa contempla que para obras mayores, el comité deberá de contar con la asesoría técnica debida y que para ello deberá recurrirse a organismos públicos estatales de infraestructura educativa, como el ICHIFE en el estado de Chihuahua, municipios o cámaras de la construcción para tal efecto. 

Para asegurar el uso correcto de los recursos, la Secretaría de Educación Pública dará puntual seguimiento al programa, pero además, la Asamblea Escolar al mismo tiempo se convierte en una contraloría social que verificará la transparencia y honestidad en el manejo del programa.

En el estado de Chihuahua, en una primera etapa son 892 las escuelas beneficiadas, 512 de ellas en los municipios de Guadalupe y Calvo y Guachochi, 195 entre Balleza, Batopilas y Bocoyna, 105 entre Morelos, Uruachi y Urique; es decir, una intervención de gran magnitud para resarcir el oprobioso olvido que por generaciones ha tenido la Sierra Tarahumara.

La organización de este programa en el estado de Chihuahua ha contado con el gran respaldo de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, a cargo del doctor Carlos González Herrera y también con la aportación de Conafe, ya que mediante su importante despliegue territorial han hecho posible las convocatorias para la conformación de los comités.

Sin lugar a dudas, la coordinación y cooperación que en el territorio chihuahuense se ha dado entre el Gobierno federal y el estatal, debe coronar en la suma de recursos tanto humanos como materiales para que por fin, la equidad, inclusión, multiculturalidad y espacios dignos con que debe conducirse la educación pública sea una realidad. La reciente visita del presidente de la República dio fe de la gran voluntad entre los gobiernos municipal, estatal y federal para el bienestar de Chihuahua.

Finalmente quiero concluir recordando a José Vasconcelos quien emprendió una ambiciosa cruzada educativa cuya principal premisa era que el poder de la educación era un factor determinante para la equidad social, uno de sus proyectos, (ya más bien diría sueños), fue que mediante las bibliotecas se pondría a disposición de cualquier ciudadano libros que contribuyeran a una mejor formación cultural de los mexicanos, quizá este proyecto sea uno de sus anhelos inacabados, pero confiamos en que esto vaya en aumento con ayuda de las nuevas estrategias políticas y educativas.