Opinion

La ética judicial

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Francisco Flores Legarda

jueves, 22 septiembre 2022 | 05:00

La falta de conducta judicial deshace el tejido de lo que es necesario para un Poder Judicial funcional: ciudadanos que crean que sus jueces son justos e imparciales. El Poder Judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Por lo tanto, los jueces deben rendir cuentas ante los estándares éticos y legales. Al responsabilizarlos por su comportamiento, los exámenes de conducta judicial deben llevarse a cabo sin irrumpir en la independencia de la toma de decisiones judiciales. Esta tarea puede ser desalentadora.

Más que ninguna otra rama del gobierno, el Poder Judicial se erige sobre los cimientos de la confianza pública: los jueces no dirigen ejércitos de fuerzas policiales, no tienen poder sobre el presupuesto para financiar iniciativas y no pueden aprobar leyes. En cambio, dictan sentencias a partir de la ley.  Sentencias que las personas deben creer que provienen de oficiales judiciales competentes, legítimos e independientes.

La falta de conducta judicial se manifiesta de distintas formas, y los estándares éticos corrigen acciones, omisiones y relaciones problemáticas que erosionan la confianza pública. Entre las demandas más comunes por falta de conducta ética cabe mencionar comportarse de manera inadecuada, incumplir con la inhabilitación de un juez envuelto en un conflicto de intereses, involucrarse en una comunicación ex parte e incumplir con la ejecución de sus tareas judiciales en su debido tiempo. El comportamiento fuera de la sala del tribunal también puede ser un problema. La supervisión de la conducta judicial no debe intentar controlar meros aspectos personales de la vida de un juez. Sin embargo, un juez puede tener una mala conducta al exhibir un comportamiento que ponga en tela de juicio la integridad judicial. Esto es cierto incluso si el mismo comportamiento se considera simplemente imprudente para el ciudadano promedio. Como suele decirse, la toga resalta la conducta. Algunos ejemplos obvios son el incumplimiento del derecho penal; la conducta sexual indebida con el personal, los abogados o las partes involucradas; la participación en organizaciones discriminatorias, y el uso de su posición judicial para satisfacer sus intereses privados.

Muchos códigos de conducta judicial también se expresan con lenguaje ambiguo que insta a los jueces a preservar la integridad del Poder Judicial y a evitar incluso la apariencia de la indecencia. Por ejemplo, el preámbulo del Código de Conducta Judicial de Arkansas establece que "los jueces deben preservar la dignidad del tribunal en todo momento, y evitar tanto la indecencia como la apariencia de la indecencia en sus vidas profesionales y privadas". 1

¿En qué punto la sentencia de un juez se aleja tanto del precedente y del código legal o se vuelve una infracción tan atroz de los derechos fundamentales para que parezca que el juez está actuando con impunidad en contra de la ley? Por lo general, la decisión de un juez debe quedar sujeta al control judicial, no a la crítica de una comisión sobre la conducta. Sin embargo, incidentes en los que jueces encarcelaron a personas sin el debido proceso legal o inventaron compensaciones indebidas para los casos, o el quebrantamiento del Estado de Derecho pueden llegar a considerarse faltas de conducta judicial.  Regular ese tipo de comportamiento sin quebrantar la separación de los poderes o la independencia de la toma de decisiones se vuelve extremadamente difícil.

Implementar una forma significativa para que el público esté protegido de la falta de conducta judicial es vital: tiene que haber una regulación. Además, debe lograrse reduciendo al mínimo el riesgo de que las fuerzas que intentan prevenir las sentencias correctas, pero poco populares, de la ley intervengan de forma ilícita. Por supuesto, debe estar disponible un sistema apropiado para proteger los derechos de los jueces a cuestionar las acusaciones éticas. Si se descubre que un juez transgredió las normas éticas, determinar una sanción o compensación sería el siguiente paso. Una comisión bien equipada sobre la conducta debe tener disponible varias compensaciones. La disciplina pública cumple el doble propósito de corregir al juez en cuestión y de educar a otros miembros del poder judicial. Las comisiones sobre la conducta normalmente tienen la autoridad para publicar advertencias o amonestaciones para el comportamiento poco ético. Pueden ordenarse medidas correctivas que requieran, por ejemplo, la tutoría, el monitoreo y la formación adicional. Las penas graves y poco frecuentes de suspensión o remoción del cargo se reservan solo para los casos más atroces de falta de conducta.

Le corresponde al Poder Judicial apoyar las medidas que los hagan rendir cuentas. Mientras que la mayoría de los jueces se desempeñan con honor, las faltas éticas deben corregirse y los abusos graves de la confianza deben reconocerse. El Poder Judicial debe tener la voluntad de ayudar a implementar las normas éticas y ser una parte activa de cualquier mecanismo de ejecución.

Cito al expresidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt: "Ningún hombre está por encima de la ley y ningún hombre está debajo de ella. No pedimos el permiso de nadie cuando le exigimos que la obedezca. La obediencia a la ley se exige como un derecho, no se pide como un favor". Los jueces que imparten justicia en sus países deben ser percibidos como individuos morales y sujetos a castigos pertinentes cuando sea necesario. Nada más que el Estado de Derecho está en juego.

[1]  Código de Conducta Judicial de Arkansas, https://www.unodc.org/ji/en/resdb/data/usa/arkansas_code_of_judicial_conduct.html

Fuente

https://www.unodc.org/dohadeclaration/es/news/2019/08/judicial-misconduct-and-public-confidence-in-the-rule-of-law.html.