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Opinion

La gran mentira del semestre gratis en la UACH

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GPS Dominical

domingo, 11 febrero 2024 | 05:00

Los alumnos de la materia de geología de campo de la Facultad de Ingeniería fueron sorprendidos esta semana con el anuncio de que la UACH no tenía dinero para enviarlos a Coyame, Villa Ahumada y otros puntos del estado básicos para seguir su plan de estudios.

La razón fue que la unidad académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua no ingresaría los recursos suficientes para labores de campo, laboratorios, talleres y otras prácticas, debido a los amparos que podrían alcanzar hasta cerca del 10 por ciento de su matrícula total.

Como esos estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Geología, otros alumnos de Química, Odontología y Ciencias del Deporte, también comenzaron a ser prevenidos, dado que el presupuesto en labores que van más allá del salón de clases, proviene precisamente de los pagos de inscripciones.

Hay que apuntar ahora, también, el gasto de uniformes, viáticos, combustibles de los equipos deportivos representativos, que también tienen en esos recursos su fuente de financiamiento, dado que otras partidas del presupuesto global están comprometidas en temas académicos y administrativos.

Así comenzaron a sentirse los impactos de los primeros más de mil amparos en curso y vigentes, que al cierre de la semana reportaron el rector Luis Rivera Campos y la jefa del Departamento de Litigios de la Universidad, Liliana Loya.

Es preocupante el impacto. Más si, hay que insistir, son los primeros recursos jurídicos de esta naturaleza, que en este semestre, según las estimaciones, podrían elevarse a dos mil o poco más, pero que habrán de ser progresivos en los siguientes ciclos escolares.

No es gratuita la aparición de grupos de alumnos, encabezados ahora por dos egresados identificados como Luis Arrieta y Erick Dour como los principales promotores y agitadores, pues es la UACH territorio siempre en disputa por fuerzas políticas.

Pero la situación va mucho más allá de eso, pues de fondo hay no sólo intereses políticos que hacen resonar a la institución en cada periodo electoral, sino una falla estructural del Estado en la garantía de los derechos que reconoce a los ciudadanos, pero que en los hechos no puede solventar. O en realidad no quiere solventarlos.

Surgieron los amparos hace algunos semestres, en el caso de la UACH específicamente, pero han pasado de unas cuantas decenas en los previos -60 fue el mayor registro anterior- a los miles que se ya se contabilizan ahora y que habrán de aumentar hasta en tanto las instituciones de educación superior no eliminen las cuotas de acuerdo a la reforma del artículo tercero de la Constitución, aprobada en mayo de 2019.

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La cuestión financiera que enfrenta la UACH no es simple. Con poco más de dos mil millones de pesos de presupuesto para este año 2024, el impacto de los amparos ronda ahora apenas los cinco millones de ingresos perdidos. Parecen nada en comparación con el gasto global anual.

Podría duplicarse la cantidad y tal vez alcanzaría a ser manejable con ajustes, recortes y economías de otras áreas, pero de forma progresiva terminarían las pérdidas por elevarse hasta los cerca de 120 millones de pesos por semestre, monto que acumulan el total de las inscripciones en el nivel de licenciatura. Faltaría sumarle un poco más de lo que cobra la institución por sus programas de posgrado.

Anualmente, el impacto a precios actuales de las posibilidades futuras rebasaría una gran proporción de los ingresos universitarios totales, con los que cubre nómina académica y administrativa, programas de becas, mantenimiento de instalaciones y bienes, proyectos deportivos, científicos, de investigación, etcétera.

Tal vez tenga la UACH algunos gastos no indispensables para su supervivencia; es posible que tenga derroches, llaves sin cerrar del presupuesto, tuercas a las que les hace falta un apretón fuerte, pero son sólo suposiciones con las que han sido convencidos cientos de alumnos que han entrado por amparos colectivos o individuales.

Su gasto, finalmente, cubre la matrícula del 20 por ciento de la educación superior estatal. Es decir, tiene a una quinta parte del total de alumnos en este nivel, mientras que el otro 80 por ciento lo tienen otras 19 instituciones públicas y privadas. Esa es la dimensión e importancia de la UACH.

Suponer que es menor el impacto de dejar de percibir inscripciones es ingenuo. Pero de que deberá acatar la gratuidad que están ordenando los tribunales federales, no hay duda; tiene que hacerlo, no es opcional ni atacable.

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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en posicionamientos y análisis surgidos a raíz de la reforma constitucional que estableció la gratuidad en las universidades, lo advirtió hasta el cansancio.

En su momento, los rectores de las universidades públicas del país hicieron pronunciamientos para cuestionar la gratuidad o llamaron a buscar la forma de tapar el hueco financiero que dejaría, acorde a los análisis nacionales que establecían con toda claridad la responsabilidad del Estado mexicano a garantizar los fondos suficientes para hacerle frente al cambio.

“De dicha reforma se deriva que la educación superior, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Una vez reconocida la gratuidad, corresponde garantizarla y hacerla efectiva a partir del rango que le es inherente como derecho humano”, estableció la ANUIES en su momento.

“Ahora bien, precisamente en la naturaleza prestacional de este tipo de derechos (sociales y humanos) se encuentra el gran desafío de su garantía y efectividad. Si solo se anuncian, pero no se diseñan los instrumentos normativos que los posibiliten, suelen convertirse en meras aspiraciones. En ese sentido, además del derecho normado, es necesario regular el cómo, cuándo y quiénes lo deben hacer efectivo”.

Los grandes omisos fueron el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus tres titulares de la Secretaría de Educación Pública: Esteban Moctezuma, hoy embajador de México en Estados Unidos; Delfina Gómez, ahora gobernadora de Edomex y la actual, Leticia Ramírez Amaya.

Hay que agregar a todos los diputados federales, en especial a los de la 4T que, a sabiendas de la reforma constitucional, olvidaron los transitorios que los obligaban a programar presupuesto para la pérdida esperada de ingresos de las universidades.

Ahora, los alumnos amparados tienen en riesgo su formación académica completa por el tiempo que pierden en los recursos judiciales, a lo que debieron recurrir para exigir su derecho a la educación. Paradójicamente, pierden su derecho en la exigencia del mismo.

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La mentira del semestre gratis en la UACH o cualquier otra universidad la vivieron en carne propia los alumnos que aspiran a ser ingenieros geólogos, con cuyo reclamo comenzamos esta entrega. Ellos pagaron su inscripción los siete semestres que llevan, pero hoy no pueden realizar las prácticas regulares de geología de campo por falta de recursos.

En los hechos, en la realidad, fuera de suposiciones o complejos argumentos jurídicos, ¿es gratis la inscripción de alumnos amparados si finalmente el costo lo terminan pagando otros sin amparo? Desde luego no es gratuito, como nada lo es en la vida. Todo tiene un costo y alguien debe pagarlo, pero en este caso los sacrificados son y van a ser los estudiantes.

La gratuidad, independientemente de que haya o no intereses que quieran desestabilizar a la UACH como pueden decir muchos desde la paranoia y la ignorancia, se vuelve en una falacia dañina para la institución.

Es un fallo garrafal del Estado, obligado a garantizar la gratuidad a través de sus entes educativos como son las universidades, pero comodinamente la Federación avienta la papa caliente a las instituciones de educación superior, que no tienen de otra que acatar los amparos, les pegue como les pegue en sus finanzas.

Es la gran mentira y además un contrasentido también, porque en aras de garantizar un derecho humano como el de la educación para los amparados, es violado ese mismo derecho humano de los no amparados.

Así, sólo hay dos opciones: invalidar tan bonita pero irreal reforma de la gratuidad insostenible o encontrar la forma de reponer los recursos no ingresados, convertidos en pesados pasivos financieros que terminan por atacar la calidad académica universitaria.

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