Opinion
Hablando y escribiendo

La justicia en Chihuahua

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Ernesto Avilés Mercado

domingo, 10 enero 2021 | 05:00

La perversión que se ha presentado de la administración de la justicia, donde por igual se evidencian entrevistas entre los titulares de los poderes, con la finalidad única de ponerse de acuerdo respecto de la denuncia presentada en contra de Maru Campos, pero además de hacer pública la grabación de Liliana Rojero Luévano, presionando a una maestra para que apoye a Gustavo Madero, es un claro reflejo del total desprecio de Javier Corral, en contra de la división de poderes y más concretamente, que se está convirtiendo en todo aquello cuanto más criticaba 

Desde siempre, los mandatarios estatales han utilizado la fuerza del Estado para hacer cumplir sus pretensiones, de muy diferente propósito, desde la desaparición de asaltantes de bancos, el armar investigaciones para encerrar por décadas a personas, aunque también “orientar” la acción de la justicia para fines políticos o de diferente índole, que, en muchos de los casos, nada tienen que ver con criminalidad.

El problema es que la política es el poder más fuerte que existe en el Estado, quien gobierna a una entidad, es prácticamente quien regula el clima de justicia y quien, además, solamente ordena sobre lo que hay que hacer y como lo quiere hacer.

El caso más reciente lo tenemos en el caso de César Duarte, quien simplemente no escatimaba recurso económico alguno para lograr su objetivo de cambiar a los magistrados integrantes del Poder Judicial, que le resultaban poco afines a su proyecto político; al final, sus objetivos se cumplieron y sin respetar las formas, el Poder Judicial quedaba bajo las órdenes del Ejecutivo.

Con la llegada de Javier Corral, las cosas no pudieron ser peores, con un total desconocimiento jurídico, comenzó a ser asesorado por quienes, si sabían, pero también entendían que como político no le importaban las formas, sino los objetivos, de tal forma que, al comenzar a pagar los compromisos de campaña, metió a Lutero al frente de la Iglesia.

La Sra. Lucha Castro fue nombrada integrante del Consejo de la Judicatura y con ello, se daría un fuerte golpe a la estructura del mismo Poder Judicial, ya que uno de los principales detractores que había tenido la justicia en tiempos del Barzón, ahora estaba al frente de la carrera judicial, de la disciplina y del control total del Poder Judicial, por instrucciones directas del propio Javier Corral.

En una reacción natural y sobradamente bien pensada, los integrantes del Consejo de la Judicatura nombraron por unanimidad al jurista más respetado, al juzgador con mayor prestancia y sobre todo, el de mayor ecuanimidad: Pablo Héctor González Villalobos.

Sin embargo, la resistencia del gobernador a entregar el control del Poder Judicial a Pablo Héctor, no se dio por añadidura, había que llevar a cabo las venganzas que se tenían que cumplir, básicamente en contra de Jorge Ramírez.

El nombramiento del administrador del Poder Judicial, fue una muestra más del control que debería de mantener Javier Corral en el Poder Judicial, este nombramiento recayó en el suplente de Gustavo Madero, Carlos Alfredo Olson San Vicente, quien prácticamente rendía cuentas solamente a Javier y a Gustavo y a veces, no necesariamente en ese orden.

Al magistrado Jorge Ramírez nunca se le incorporó a la élite de los magistrados de manera plena, pero también nunca se cuidaron las formas…

Durante el proceso de desafuero, la comisión del Congreso solicitó a un subalterno de Carlos Alfredo Olson San Vicente, se presentara a declarar ante la comisión instructora, para decir que, en su carácter de funcionario del Poder Judicial, había solicitado al banco donde tiene sus cuentas el magistrado su esposa y demás familiares, le informara todos los movimientos que había realizado, sin que hubiese una orden expresa de un juez federal.

Esta acción, estuvo avalada por la presidenta de la Comisión jurisdiccional Georgina Bujanda Ríos, quien, a pesar de su formación jurídica y experiencia laboral en la fiscalía del Estado, no se opuso a la acción del todo ilegal presentada en la audiencia.

Inexplicablemente, la funcionaria del banco, le proporcionó al funcionario menor del Poder Judicial, toda la información solicitada.

Una más de las integrantes de la Comisión Jurisdiccional, Rocío Sarmiento, abogada de formación, defensora penal, no convalidó esta acción del todo ilegal rechazando las acciones, votando en contra del dictamen que buscaba el desafuero, siendo la única congruente, la única que demostró capacidad y lealtad hacia ella misma, a sus propias convicciones y sobre todo, al Estado de Derecho.

CUANDO LA JUSTICIA ES REBASADA POR LA POLÍTICA

En un alarde más de su propia capacidad política, Javier Corral no se detenía en sus declaraciones afirmando que Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar habían recibido recursos del ex gobernador César Duarte y que existían carpetas de investigación, que ya estaban en las oficinas de los jueces de control y que solamente esperaban las respectivas ordenes de aprehensión para cumplimentarlas y de esta forma continuar con el propósito de hacer justicia por Chihuahua.

La fuerza política de Maru Campos y la exhibición que hiciera de la estrategia fallida de la fiscalía General del Estado y la Fiscalía anticorrupción, por presionar más a Maru para que desistiera de su intento de alcanzar la candidatura y dejar el espacio para Gustavo Madero, fue evidenciada a nivel nacional, con la consiguiente afectación de todo el proceso: la estrategia de Javier Corral había sido descubierta y por lo tanto se consideraba fallida.

La postura de Maru Campos, en el sentido de hablarles directamente a los jueces de control, para que no cayeran en las presiones del gobernador y actuaran conforme su compromiso con la ley, pareciera tuvo un efecto tranquilizador, ya que, en una postura inédita, pero sobre todo bien valorada, los jueces de control endurecieron las ordenes de aprehensión y no fueron tan sueltos como anteriormente se había comportado.

El fiscal Peniche ha intentado tomar el papel de gobernador cuando no le corresponde; ha criticado la acción de los jueces de forma grosera, impune y por demás ofensiva, y aunque en ocasiones el poder judicial ha respondido cambiando de adscripción a los juzgadores señalados, incluso por prevaricación -sin pruebas-, la respuesta del magistrado presidente Pablo Héctor ha sido muy puntual: El Poder Judicial no avalará las irregularidades cometidas por la fiscalía.

Hemos llegado a este punto, en el cual, por parte de la Función Pública se comienza a hacer un recuento de las denuncias a los funcionarios y de las denuncias también presentadas en contra de no funcionarios que debió haber trabajado la fiscalía.

La postura de Javier Corral en el sentido de pretender todavía administrar las órdenes de aprehensión, las de comparecencia e incluso las citas jurisdiccionales, representan ya una total afrenta al Poder Judicial; pero además, la postura de Maru Campos, en el sentido de desafiar abiertamente al Poder Judicial, a que no emitan ordenes o acuerdos que vayan a detener la marcha de las campañas políticas, es una decisión que simplemente no le corresponde a ella, ni a Javier; sólo y exclusivamente al Poder Judicial. netoaviles@gmail.com

*INTEGRANTE DE LA AECHIH