Opinion

La ley se vuelve hacha

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Arturo García Portillo

viernes, 27 agosto 2021 | 05:00

Regístrelo como una mera percepción, pero tengo para mí por cierto que el presidente López Obrador ha tomado a mal los resultados de las elecciones pasadas, y ahora anda viendo no quién se la hizo, sino quién se la paga. 

La lista de aquellos en quienes puede cebar su encono es variada, y en todos está enderezando y malgastando su tiempo y esfuerzo. 

En esa suerte de inquisición huizachera en que se ha convertido la rueda de prensa diaria, popularmente llamada “la mañanera”, de pícaras connotaciones, justo después de las elecciones comenzó una sección llamada “quién es quién” y donde según su juicio y sin réplica, exhibe con limitada apreciación a quienes dicen mentiras en los medios de comunicación. Ha habido de todo, opiniones tomadas como hechos, verdades a medias, hasta algunas acusaciones de plano falsas. 

Desde luego, como guión de radionovela pueblerina, no faltan nunca semana a semana, ataques por episodios, como cuando cortaban la serie justo antes de que uno creía que iban a matar a Kalimán, para averiguar en el capítulo siguiente que el hombre increíble burló nuevamente el mordisco de la muerte, y de ahí su justo mote. Solo que aquí los protagonistas son los pobres, quienes son por él defendidos de los ricos explotadores, y de esa manera, liberados de su mísero destino. Claro que con puro rollo y unos litros de saliva, porque las estadísticas oficiales indican que sucede exactamente lo contrario. 

A ratos, esto si no cada semana, se lanza contra los enemigos de hace 500 años, encarnados en sus descendientes que por el solo hecho de serlo también son sus enemigos. Y no cejará en su empeño, a fe mía, hasta que los tenga de rodillas suplicando perdón. Y advertidos están de que sea antes de tres años o si no acudirán hasta su finca tabasqueña de retiro.  

Pero una línea que le gusta explotar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es la de batir su espada contra los corruptos. O, mejor dicho, contra los que él dice que lo son. O mejor dicho aún, contra los que él decidió que lo sean. Hay muchos ejemplos, pero esta semana le tocó a Ricardo Anaya. 

Debo decir por delante que no me agrada Ricardo Anaya. Lo conozco muy bien y desde hace muchos años. Ambos somos militantes del PAN y no pasa nada con que no me simpatice. Seguramente al revés sucede igual. Pero de ahí a que AMLO la cargue contra él sin el mínimo recato, por motivos políticos, mezquinos, por venganza, eso es otra cosa. Ahora sustento mis afirmaciones. 

De lo que dicen que lo acusan es un delito grave, que le puede ocasionar prisión preventiva. Y para conseguirla basta cualquier indicio. Al fin el juicio vendrá después.

El tal señalamiento, según leímos en el documento que hizo circular la FGR, tiene estos elementos. 

Emilio Lozoya dice que por órdenes superiores le mandó dinero a Anaya. Claro que no dice quién le dio esas órdenes. Ni da elementos de prueba de que dichas órdenes hayan existido. 

Emilio Lozoya dice que le mandó el dinero con alguien que trabajaba para él. Voy a suponer que esa persona ya confirmó el dicho... con otro dicho. Pero no se han mencionado pruebas de la entrega. 

Los tiempos no coinciden. A decir de Anaya, la fecha en que supuestamente se le dio el dinero él ya ni siquiera era diputado. 

Oficialmente no le han dicho de qué se le acusa, y por tanto no puede defenderse. Debido a eso tuvieron que posponer la audiencia.  

AMLO dice que él no decide si Anaya es culpable. Ni la FGR. Solo que para el gobierno es suficiente con lo que he mencionado, dichos, para que encarcelen a Ricardo. Y ahí lo dejen el tiempo que les dé su gana. Si dentro de tres años o más un juez dice que no es culpable, ya el caso habrá entregado todo su jugo político. Veamos si no es cierto lo que digo con el ejemplo de Rosario Robles. Tampoco sé si inocente o no, pero el hecho es que podría seguir su proceso en libertad y sin embargo está encarcelada desde hace un año sin que se haya iniciado el juicio. 

En cambio, el mismo Lozoya, acusado de desfalcos multimillonarios, ni siquiera ha pisado la banqueta de afuera de los juzgados, y sigue todo el proceso desde su lujosa mansión. Y ni qué decir de parientes del presidente acusados, con evidencia incluso gráfica, de presuntos delitos. O narcotraficantes, esos sí merecen la benevolencia presidencial. O Alonso Ancira, extraditado de España, beneficiado con un acuerdo judicial que no será reparado porque puso un fideicomiso con el que iba a pagar, y que no tiene manera de ser cobrado. 

Siempre ha ocurrido que quien gobierna pretenda usar la ley con una intencionalidad política. Aquí mismo lo vimos con Javier Corral en el caso de Maru Campos, o con su intromisión en el Poder Judicial. Una tentación debe ser desalentada por los ciudadanos.