Opinion

La Patria es Primero

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Sergio Alberto Campos Chacón
sábado, 06 abril 2019 | 19:15

El trato desconcertante que la administración pública federal y el Senado de la República dieron a dos asuntos de especial interés nacional, denotan negligencia y una trama reprobable.  

El más grave, por afectar la salud de los niños recién nacidos (neonatos), la orden de suspender aplicar el tamiz neonatal en 12 estados de la República a cargo de las unidades de la Secretaría de Salud, y que los Estados sufraguen los costos que, ni tienen presupuesto ni infraestructura para los exámenes.

Esta prueba (screening), promovida por la Academia Americana de Pediatría empezó a aplicarse en 1963, pronto seguida por Irlanda, Noruega e Inglaterra; hoy se emplea en muchos países, México entre ellos, así el universo de neonatos sea reducido. 

Se recomienda efectuarla dentro de las 24 horas siguientes al nacimiento. Consiste en tomar una muestra de sangre del talón del niño y proceder a varios análisis. Sus resultados pueden detectar trastornos metabólicos, enfermedades fibroquísticas del páncreas, de hipertiroidismo congénito, problemas pulmonares o digestivos, incluso riesgos de muerte súbita.

También discapacidad intelectual, problemas hepáticos, cataratas o septicemia, inmunodeficiencia del sistema, trastornos neuromusculares. Uno de 300 niños puede ser detectado con algún problema. Desde 1999, en los Estados Unidos de América, se aplica el tamizaje auditivo; a partir de 2012, la oxiometría digital pata descubrir enfermedades cardíacas.

El propósito es que el niño tenga un futuro feliz y saludable. 

El secretario de salud Dr. Jorge Alcocer aceptó el miércoles 3 en entrevista que nada más en 12 Estados se decidió no aplicarla “por cuestiones de licitación” a revisión y “que desde luego estaba atrasada”, “se mantiene en pausa”, pero espera que se normalice en tres semanas en todo el país, pero en el resto la interrupción duró tres días, es decir, hasta el 3 de abril.

Agregó que se revisaron las propuestas, las bases técnicas de licitación e identificaron 20 compañías que potencialmente participan en el mercado nacional para los insumos del tamizaje. Concluyó: “En las siguientes dos a tres semanas ya estará normalizado”. Deja entrever que hay un problema de corrupción.

Admitamos que hubiere irregularidades que deben investigarse, pero no dejar en riesgo a los niños, que es parte de su esfera al derecho fundamental a la salud. Ni el presidente de la República ni la autoridad sanitaria federal ponderaron los intereses en conflicto.

En principio, me parece, la Secretaría de Salud, o la entidad que corresponda, incurrió en grave e injustificada omisión de no estar al tanto de cualquier situación que diera lugar a suspender la prueba y, adoptar las medidas oportunas para garantizar el tamizaje a los recién nacidos. El secretario de Salud, por incapaz, ética médica y de servicio público, debió renunciar. No vale argumentar que el asunto le compete al Dr. Víctor Hugo Borja del IMSS.

La espiral de responsabilidades arrastra al presidente de la República que es quien responde por sus subordinados y ante la nación. Debió ordenar la provisión inmediata de recursos para evitar perjuicios a los niños y enseguida investigar el asunto de las licitaciones. No hay excusa de justificación para nadie.

La suspensión del tamizaje, o “pausa”, es una falta administrativa grave que, supongo (¡cuántas cosas he supuesto!) la Secretaría de la Función Pública ya lo investiga, para, en su caso, aplicar responsabilidades, sin perjuicio de que el presidente de la República, López Obrador debió cesarle igual que a los servidores públicos involucrados.

Desde luego que no lo hizo; la nación merece explicación y disculpas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió notificación fundada y motivada al Ejecutivo para que, privilegiando el interés superior de la niñez, no se suspendiera esa prueba en las unidades del Sistema Nacional de Salud.  No le hicieron caso, sólo declararon que se emitirían medidas emergentes.

Es más que urgente el derecho fundamental a la salud de los niños que la compra de las 600 pipas autotanques para transportar gasolina, y lo pasaron a segundo o tercer término. Salvo analistas, ningún Congreso de los Estados, diputados federales o senadores se pronunciaron al respecto, cuando se esperaría lo hicieran los morenistas. Silencio infame.

Otro asunto que insulta el lema La Patria es Primero, con letras doradas en la Cámara de Senadores, es el cuestionamiento del senador Dante Delgado del partido Movimiento Ciudadano, a la ostensible diferencia de rasgos grafoscópícos de la firma bien conocida de la senadora Sanil de León Villard, Coordinadora Parlamentaria del Partido Encuentro Social, con la que aparece en el Dictamen sobre la calificación de las personas propuestas por el presidente López Obrador para formar parte del Consejo Regulador de Energía (CRE).

Además, dijo el senador Delgado, la senadora no tenía registrada al momento de dar a conocer el dictamen estar presente y asistiendo a la sesión.

Mientras debatían los senadores, arribó la senadora Sanil de León, reclamó airada al senador Delgado la duda y cuestionamientos que éste expresó, la senadora dijo que sí es su firma y que la ratificaba.

Ahí se argumentó que hay jurisprudencia del criterio que, si una persona ratifica una firma como suya, debe admitirse y reconocerse en ese sentido.

El escándalo no paró ahí, porque la firma del senador Higinio Martínez Miranda, representante de Morena, tampoco corresponde con su original bien conocida y difundida por muchos medios de prensa, con la que se ve en el dictamen.

Por la elevada responsabilidad del senado de la República que debe ser ejemplar en el seguimiento escrupuloso de los asuntos que ahí se tratan, con transparencia, legalidad, ética política y honestidad, condiciona a directivos de la Mesa y todos los senadores, vigilar se cumplan esos principios.

El jueves 4, Aída Ramírez del Prado, perito en grafoscopía y directora del Instituto de Grafoscopía Latinoamericana, A.C., señaló que, si bien se requiere un estudio con las firmas originales, a simple vista no coinciden.

Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado sostuvo la legalidad del dictamen en base a la ratificación de la senadora Sanil de León Villard, y, por tanto, satisfacía los elementos reglamentarios respectivos y susceptible de aprobar el decreto, como así ocurrió.

Como el dictamen rechazó a las personas propuestas por el presidente de la República para conformar el Consejo Regulador de Energía, ello, por segunda ocasión, la facultad para designarlos sólo era del presidente, quien, desde luego ya las designó, no obstante, el bajo nivel que mostraron en las entrevistas en el Senado.

No votamos para agraviar la Patria, en esta ocasión suspendiendo, con desamor, el tamizaje neonatal, y elaborar la cuestionada legalidad de la conformación del dictamen con proyecto de decreto.

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