Opinion

La protección a la vida en la Constitución de Chihuahua

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Olivia Aguirre Bonilla

jueves, 10 noviembre 2022 | 05:00

El 10 de octubre del presente año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una porción normativa del artículo 2 de la Constitución de Aguascalientes que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, artículo que se encontraba redactado de la siguiente forma: “Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.

Es decir, los legisladores del estado de Aguascalientes habían incorporado en el cuarto párrafo del artículo 2, apenas hace un año, para ser específica el 29 de marzo de 2021, que se reconocía la vida desde el momento de la concepción delimitando así el momento el cual inicia la vida humana, así como la protección y reconocimiento de todos los derechos fundamentales. Sin embargo, derivado de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es que se demanda ante la SCJN la invalidez del párrafo cuarto del artículo 2 de la citada Constitución. 

Y es que el argumento toral de la decisión de invalidez por parte de la SCJN, es en el sentido de que las entidades federativas no están facultadas para modificar el concepto de persona en sus constituciones locales, además precisa que la norma impugnada podía comprometer el ejercicio de los derechos a la autonomía reproductiva, vida, igualdad, salud e integridad personal de las mujeres y personas gestantes.

Conviene señalar que el Congreso de Aguascalientes se extralimitó al determinar el alcance del derecho a la vida al indicar cuándo comienza su protección constitucional, pues ni siquiera la Constitucional Federal lo señala, lo cual significa que se alteró el núcleo esencial de ese derecho.

Ahora bien, en la Constitución del Estado de Chihuahua tenemos precisamente una norma similar a la de la Constitución de Aguascalientes, pues en nuestro artículo 5 se precisa que la protección jurídica del ser humano se da desde el momento de la concepción, encontrándolo de la siguiente manera: “Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”.

Es importante señalar que dicha norma se encuentra vigente desde 1994, y a la fecha ese párrafo no ha sufrido reforma alguna, es decir, permanece intacto. Por tanto, se observa que la Constitución del Estado también determina el momento a partir del cual inicia la protección constitucional de los derechos fundamentales de un ente siendo esto a partir de que es concebido, lo cual significa que el constituyente local determinó jurídicamente el inicio de la vida humana y de su protección. 

Por lo que dicha norma también podría declararse inválida, en primera instancia porque está fuera de la competencia del constituyente local, ya que no se encuentra habilitado constitucionalmente para determinar a partir de qué momento inicia la protección a la vida y ello trae consigo la violación al derecho a la seguridad jurídica, a los principios de legalidad y a la supremacía constitucional, por eso dicha norma es inconstitucional.

Por otro lado, dicha norma violenta los derechos a la salud reproductiva y sexual, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a elegir libremente su plan de vida, la libertad de procreación y se advierte que afecta especialmente a las mujeres, por ello resulta también inconstitucional. Las legislaturas de los estados no pueden y no deben alterar el núcleo esencial de los derechos de fuente constitucional como lo es el derecho a la vida y el resto de los derechos involucrados.

Exhortamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien respecto a ello, promoviendo acciones de inconstitucionalidad, con la finalidad de que la SCJN pueda declarar inválido el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución de Chihuahua, pues anteriormente ya se ha pronunciado invalidando artículos similares de las constituciones de Sinaloa, Nuevo León y Veracruz. Requerimos órganos que sean verdaderos garantes de los derechos humanos.

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