Opinion

La tenía, era suya y la dejó ir

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Manuel Narváez Narváez

martes, 23 junio 2020 | 05:00

Se termina el gobierno del nuevo amanecer y con él se pierde la oportunidad de reformar la ley orgánica del Poder Ejecutivo para reducir la burocracia dorada y bajar los altos gastos que esta representa. 

Ya pasaron cuatro años desde que Javier Corral ganó las elecciones, y uno de los señalamientos más fuertes del entonces candidato aliancista para canalizar el descontento que prevalecía en contra del gobierno de César Duarte, era la monumental deuda que heredaría, la que rondaba los 43 mil millones de pesos.

Aunado al fuerte tufo de corrupción imperante en la administración del parralense, el candidato opositor centraba su propuesta en “La integración de un gobierno honesto a través de la implementación de un sistema administrativo abierto basado en la transparencia y la rendición de cuentas”.

Igualmente hizo hincapié en que: “Desde el gobierno de Chihuahua haremos una profunda reforma política para dignificar la política como la actividad más noble y legítima del ser humano, porque la política que se organiza por el pueblo, para el bien común, es la más clara herramienta para consolidar una democracia”.

Además, puntualizó: “Se presentará ante el Congreso del estado una iniciativa para la creación de una nueva Constitución para Chihuahua, con la finalidad de que se consagre el modelo de gobierno abierto con trasparencia total; esta nueva Constitución tendrá tres grandes propósitos: una reforma política, una reforma administrativa, y la redistribución de funciones y competencias para empoderar a la ciudadanía”.

Ya encarrerado, aseguró: “Que el mandatario estatal viaje en líneas aéreas comerciales”.

Corral, el entonces candidato tenía el diagnóstico financiero desde principios de 2017; ya sabía de qué tamaño era el boquete que recibió de Duarte. Sólo era cuestión de conectar el discurso y las promesas con esa realidad. Únicamente se trataba de ser honesto y aplicar el proyecto ejecutivo registrado para la campaña.

Ya como mandatario tuvo la oportunidad de construir y consolidar la reforma administrativa a la que se comprometió, pero el nativo de El Paso, Tx., simplemente pateó el bote y continúo con las viejas prácticas de ocupar todas las plazas de la burocracia dorada (se estima en 470), para acomodar a incondicionales, pagar facturas políticas y emplear a familiares, cuates y operadores políticos de diputados, dirigentes y funcionarios adictos a su persona.

El gasto público que representan esas plazas rebasan los 700 millones anuales de pesos, es decir, 3500 millones de pesos que van directamente a abultar el peculio personal de una pléyade de vividores de la administración pública y las prerrogativas partidistas.

Javier pudo, pero no quiso, llevar a cabo una reingeniería del Poder Ejecutivo estatal que, en el peor de los casos, le hubiese representado un ahorro anual estimado en más de 280 millones, suficientes para construir durante su quinquenio, al menos cuatro hospitales de primerísimo nivel, o eliminar el déficit de policías estatales y mejorado sustancialmente sus ingresos, o de perdida haber garantizado el ingreso gratuito de los estudiantes universitarios en cinco ciclos escolares.

Desafortunadamente, pudo más la tentación de rellenar todos los espacios de subsecretarios, directores, subdirectores, jefes de departamentos, de unidad, de los jurídicos, de los administrativos, de enlaces, de coordinación, de subcoordinación, y muchísimos etcéteras, que reducir la nómina militante y amiga.

El mismo DIF estatal debió ser eliminado, para ahorrar recursos por más de tres mil millones de pesos. Esta dependencia sólo duplica funciones de la Secretaría de Desarrollo Social, sirve como reducto de operadores políticos, es área VIP donde se acomodan familiares y amigos de funcionarios encumbrados y es la sala de maquillaje social del jefe del Ejecutivo estatal.

Lamentablemente, a menos de un año de las elecciones donde se conocerá a la sucesora o al sucesor, la gestión de Corral Jurado, no sólo no contuvo el endeudamiento, sino que contrató más deuda y muy probablemente deje comprometidas, todavía más, las finanzas estatales, en la escalofriante cifra de más de 50 mil millones de pesos, 7 mil millones más que el anterior.

De la reforma política, bueno, ésta vive sus últimos estertores en las circunstancias ya conocidas. Del empoderamiento a la ciudadanía, ja, la Ley aprobada en 2018 no aplicó para la mentada reforma electoral. Y de los vuelos en líneas aéreas comerciales, ya mejor ni hablo.

Es cuanto.

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com