Opinion
Periscopio

Las “nuevas” cruzadas del presidente

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Armando Sepúlveda Sáenz

miércoles, 21 abril 2021 | 05:00

La minuta turnada por la Cámara de Diputados a la de Senadores en 2020, conteniendo el Dictamen para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con las disposiciones al caso, mediante reforma del articulado de la Ley Federal de Telecomunicaciones que estuvo esperando la luz de los justos senadores y ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara. 

A nadie escapa que el presidente ha considerado oportuno acelerar el proceso legislativo que llevará a su aprobación y entrada en vigor. La reforma se ha consumado con su publicación en Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril. 

El otro frente lo constituye la medida determinada por el Consejo General del INE para imposibilitar la candidatura de los candidatos de Morena a las gubernaturas de los estados de Guerrero y de Michoacán, por haber incumplido un requisito básico de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Medida que ha sido cuestionada por el precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero haciendo gala de violencia política y al unísono con declaraciones del presidente en las mañaneras. El mismo presidente ha reconocido de hecho que la partitura de Salgado, él la dicta.

En este caso la resolución del INE se basó en la infracción al artículo 29 fracción 3 de la LGIPE que a la letra establece: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de los votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”. 

El cuestionamiento formal de la resolución original del INE se sometió al Tribunal Electoral de la Federación, el cual devolvió el asunto al INE para su revisión; éste reiteró su resolución. Ahora el TEF deberá resolver necesariamente el diferendo. Por sus resoluciones previas, de asuntos dictaminados por el INE, no sorprendería que el Tribunal asumiera el criterio de determinar la sanción en función del valor de la falta.  

Llaman la atención las declaraciones presidenciales al respecto: primero, aplicar la Ley le parece una decisión antidemocrática, cuando en un estado democrático de Derecho la aplicación estricta de la ley es una condición necesaria. Segundo, para el primer magistrado lo que debe primar es la voluntad popular, que ya ésta está plasmada en la Ley conforme al sistema de gobierno establecido en la Constitución. La voluntad del pueblo mediante encuestas telefónicas es un mecanismo no contemplado en la LGIPE, esto es, la propuesta presidencial es extralegal. Tercero, la declaración expresa en respuesta a uno de los reporteros asistentes a la mañanera del conflicto político contra el INE y los integrantes de su Consejo General, al reconocer que está estudiando modificar la Ley del INE para cambiar a sus funcionarios y sus disposiciones a fin de garantizar su “honestidad y profesionalismo” en su desempeño. Si nos apegamos al significado de los términos (consúltese rae.es) y al comportamiento colectivo del Consejo General del INE, entonces no amerita cambio alguno la LGIPE.

Por lo que corresponde a la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil el motivo aparente de la reforma es la pérdida de control de la extorsión, el tercer delito con mayor incidencia. Durante 2019 se cometieron 4.6 millones de extorsiones. En 88.9% de los casos, la extorsión fue telefónica y en 8.6% de las veces se cubrió el costo de ésta (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2020). 

Entonces, en aras de la seguridad ciudadana a los senadores les pareció recomendable vulnerar los derechos humanos, esto es, datos personales y biométricos los ponen a disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por ende de las autoridades de seguridad y procuración de justicia y de las empresas operadoras. El riesgo de filtración se maximiza, tanto por el potencial manejo político como por hackeo (véase el artículo 180 ter). En este caso, la identidad del usuario está en manos ajenas cuyos propósitos pueden ser muy diversos. Con esos datos se puede, por ejemplo, obtener una tarjeta de crédito. Los datos biométricos son únicos para cada persona e irrepetibles.

Ahora bien, supóngase que pierde o le roban su celular y con él realizan una extorsión o un secuestro. Por veloz que usted tramite su notificación, en tanto se aclara su papel, usted es presunto responsable con todas sus consecuencias, incluso detención preventiva.

Por otra parte, los delincuentes no son dechados de virtudes y respetuosos de la Ley y los derechos de las personas; así que suponer, como lo han hecho los senadores, que para darse de alta en telefonía móvil van a jugar conforme a las reglas, es de una ingenuidad sublime. Adicionalmente, si tienen acceso a sus datos personales, pueden obtener los aparatos móviles que deseen.

Por esta vía no van a resolver o aminorar la incidencia de la extorsión telefónica. Además, los concesionarios de telecomunicaciones ya están obligados a colaborar con las instancias de seguridad y procuración de justicia en la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil. 

Al margen del costo de la instrumentación y operación del Padrón, que al final de cuentas pagaremos como usuarios o como contribuyentes al fisco, y dado que no resuelven el problema que dicen los legisladores querer enfrentar, dados los términos en que entró en vigor la reforma a la LFTR, deberá enfrentar a la brevedad, la repulsa formal de los legisladores que, en su momento, la repudiaron con su voto y que presenten una acción de inconstitucionalidad contra las reformas. Complementariamente, los reguladores como el IFT y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberán actuar en el mismo sentido, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de los derechos humanos harán lo propio con amparos, contra las graves violaciones a los derechos a la privacidad, la protección de datos personales y de acceso a las tecnologías de la información. Si así ocurriera, un juez le formulará en su oportunidad, una suspensión cautelar en tanto se determina la inconstitucionalidad de la reforma.