Opinion

Las esposas de los funcionarios públicos deben impedir la corrupción

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Benito Abraham Orozco Andrade

martes, 23 febrero 2021 | 05:00

Tanto en la celebración del matrimonio civil, como religioso, las palabras que se expresan vienen a ser de llamado al amor, al compromiso y a la responsabilidad, entre otras cuestiones positivas. En ningún momento se le invita a la pareja a perjudicarse entre ellos, o a permitirse conductas nocivas que les afecten entre sí o a otras personas.

Aunque no es lo deseable, la vida conyugal puede transitar de una sana convivencia en los primeros años, a una “armonía” impuesta principalmente por la necesidad de satisfacer intereses materiales, dejando de lado el verdadero y valioso afecto entre los integrantes de la familia. Esto es, mientras a la esposa (o esposo en su caso) y a los hijos no les falte un buen vehículo, una casa amplia y lujosa, vacaciones en los lugares de su predilección, etc., lo de menos es de donde provienen los recursos mediante los cuales les es posible obtener todo eso.

Nadie en la familia cuestiona si el salario como servidor público de quien es el proveedor, es suficiente para allegarse del sinnúmero de cosas de que disfrutan. En fin, ha sido una costumbre que quien trabaja en las instancias oficiales con un cargo más o menos importante hacia arriba, lleva un tren de vida holgado, pudiendo permitirse lo que un trabajador común y corriente -y los suyos- no pueden.

Si hiciéramos un ejercicio comparativo entre ingresos legalmente obtenidos y los gastos de los funcionarios públicos y de sus familias, en muchos casos indudablemente no pasarían una auditoría, evidenciándose conductas delictivas al por mayor. Además, es de destacar que en los últimos años la impunidad está dejando de ser aliada de los corruptos. En pocas palabras, tarde que temprano están siendo procesados y presos no nada más los funcionarios delincuentes, sino hasta sus esposas e hijos.

Definitivamente en alguien debería obrar la prudencia y la vergüenza, pues han sido muy desafortunados los señalamientos y las persecuciones públicas que se realizan en contra del cónyuge o familiar, que hasta dan pena ajena. Qué sentido tiene exponer a los seres queridos al escarnio y al reproche social, o aún más, a que tengan que enfrentar o evadir a la justicia por haberlos involucrados en esos actos ilícitos.

Mientras se goza de las “mieles del poder”, cuál problema. Las complicaciones vienen cuando se da el cambio de administración correspondiente, y quienes les sustituirán no son afines a los intereses de quienes dejarán el cargo. Debe hacerse conciencia de que la función pública no es eterna, y que los que la ejercen no son dioses a los que nadie los pueda tocar.

No sería posible establecer que la mujer no delinque y que los únicos que lo hacen son los varones. No obstante, es público y notorio que son personas del sexo masculino a quienes más se les acusa de cometer actos de corrupción.  De ahí el título de la presente colaboración, en un afán de hacer un llamado a la conciencia de las esposas -y esposo en su caso- de todos y cada uno de los funcionarios públicos, para que ante cualquier indicio de que las cosas no están bien, que se está gastando más de lo que se gana, pues le pidan cuentas a sus cónyuges antes de que lo hagan otras personas y autoridades, evitándose así un lamentable, vergonzoso y abrupto giro en sus vidas.

Es cuestión de leer las noticias que aparecen en diversos medios, para darnos cuenta de que hasta los hombres más encumbrados de la política nacional -y una que otra mujer- están siendo llamados a rendir cuentas de sus fechorías. Ni Miami, ni Centroamérica, ni Andorra, ni ninguna otra parte del mundo, han impedido que se les capture.

Respetables esposas de los funcionarios públicos, en sus manos pudiera estar el que sus esposos, hijos, ustedes mismas y por supuesto los mexicanos, no nos veamos afectados por ambiciosos actos delictivos. Si es necesario que para evitar un mayor perjuicio familiar ustedes los denuncien, pues adelante.