Las personas no condenadas y su derecho al voto

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Olivia Aguirre Bonilla
viernes, 22 febrero 2019 | 01:36

El miércoles pasado el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.
Nos parecerá novedoso dicho criterio, sin embargo, esta decisión atiende a la interpretación evolutiva del derecho al voto y a la presunción de inocencia derivada de criterios internacionales que datan desde los años 90, uno de ellos es el del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quien desde 1999, ha sido enfático en establecer que las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar. Por otro lado, en el 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Yatama vs. Nicaragua señaló que los derechos políticos deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad y para ello deben de generarse mecanismos y condiciones óptimos para que puedan ser ejercidos de forma efectiva.
Por lo anterior, el TEPJF, no hizo otra cosa, que dar inicio a la instrumentalización del ejercicio de los derechos políticos formalmente ya reconocidos tanto en nuestra Constitución como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta última dispone en su artículo 23 que: (1) Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (a) a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto […]. Y dispone con respecto a la instrumentalización del ejercicio de estos derechos que: (2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. Asimismo, se vincula con el artículo 8.2 de la Convención Americana que establece que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Por ello, resulta claro que, en el caso de las personas privadas de la libertad bajo prisión preventiva, el ejercicio del derecho al voto está efectivamente garantizado por los artículos 23 y 8.2 de la Convención Americana, toda vez que no ha recaído una sentencia firma que los condene por la comisión de un delito. De seguir restringiendo este derecho se estaría violentando el derecho a la presunción de inocencia.
Y aunque el Estado mexicano tenía la obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas y judiciales necesarias para garantizar en la práctica que las personas mantenidas en prisión preventiva pudieran ejercer su derecho al voto, no fue hasta que los reclusos Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López cuestionaron por medio de dos recursos la omisión del INE de implementar mecanismos que garantizarán el derecho a votar. De lo contrario, seguiríamos restringiéndoles este derecho a los reclusos cuando a todas luces no existe fundamento jurídico válido para hacerlo.
Ahora bien, la Sala Superior determinó que el INE deberá implementar los mecanismos adecuados para que las personas puedan sufragar el voto en prisión, empero, refirió que se debe atender a las necesidades y posibilidades administrativas y financieras, ya que voto podrá ejercerse ya sea para la elección presidencial o en elecciones locales. Al respecto, vale la pena resaltar que el compromiso por parte del Estado parece ser parcial, pues se puede observar que limita a los reclusos a una sola votación cuando deberían ejercer dicho derecho en condiciones de igualdad con el resto de la población electoral, es decir, poder ser partícipe de cualquier elección.
Tan sólo en Chihuahua, se les debe garantizar este derecho a casi una tercera parte de la población carcelaria que se encuentra en espera de recibir la sentencia por la probable comisión de diversos delitos, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 08/04/18).
No será sencilla la labor que tiene el INE, pero debe generar las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Pues debemos recordar que el voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia.