Opinion

Legisladores, no herederos

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César Jáuregui Robles

lunes, 12 julio 2021 | 05:00

Una importante deliberación en el seno de las Organización de las Naciones Unidas en 2018, acerca de la importancia y el rol que deben de jugar las asambleas parlamentarias trajo como consecuencia que se instituyera en todo el mundo el 1 de julio como el día del parlamentarismo mundial.

Pareciera una resolución menor el atreverse a discutir el funcionamiento, de lo que no pocos piensan, es el involucrarse en echar una mirada profunda sobre actos y comportamientos que son verdaderos actos de podredumbre, de comparecencias y presentaciones inadecuadas, de alianzas inconfesables, de acuerdos bajo lo oscurito, o de negocios turbios al amparo del poder.

Sin embargo, lo que se destacó fue el rol y el importante papel que tienen como pivote del desarrollo los congresos en el mundo, cuando ejercen funciones y atribuciones verdaderamente relevantes en el curso de las naciones.

Lo más importante es que los congresistas asuman con plenitud cada una de las funciones propias del quehacer parlamentario, buscando ante todo y mediante la capacitación adecuada, cumplir las expectativas sociales de su distrito o comunidad.

La función de representar a los ciudadanos, recogiendo su sentir y llevando a cabo sus propuestas con inteligencia y con mano firme y liderazgo, convierte al parlamentario en un verdadero líder social y no en un mercenario que lucra con las necesidades de la gente pues al ser auténtico tiene un reconocimiento amplio y una reputación que permite su continuidad a través de reelecciones que el pueblo sanciona con su voto libremente.

Otra función de lo más relevante es la que tiene que ver con el ejercicio de las funciones de control o de fiscalización, pues no hay que olvidar que el término legislador es confuso, ya que no reconoce, que en el inicio de los tiempos, los parlamentarios surgieron desde el siglo XIII como instituciones de control de los otros poderes como lo son el ejecutivo y el judicial. Por ello deben de hacer cumplir el gasto público de manera ordenada de tal manera que el erario sea transparente y que no haya distracciones ni abusos en el ejercicio de las funciones que cada uno tiene encomendadas. No es gratuito que se tenga el poder de definir el presupuesto, de ratificar los altos funcionarios públicos, o bien señalar sus faltas a través a través del juicio político. Y ni qué decir del nombramiento de las altas magistraturas, ministerios o ministros. De acuerdo con nuestro artículo 73 constitucional casi no hay campo de actividad humana donde no tenga atribución regulatoria el Congreso.

Ejercer la gestión pública es quizás la más socorrida por los parlamentarios cuando no son capaces de dar sentido a la elaboración de las leyes o de ejercer control sobre las administraciones públicas. Y nada tiene de malo cuando se hace gestoría colectiva en beneficio de un pueblo o comunidad: construcción de hospitales, caminos, equipamiento para escuelas, etc. Pero la gestión tiene mucho de reprobable cuando se hace a título individual a través de andar haciendo favores personales o mercedes particulares mediante la entrega de despensas, vales o dádivas de todo tipo, y sólo con el fin de acarrear agua al molino de la dependencia y desde luego el voto.

Las sociedades modernas son muy dinámicas y en consecuencia la legislación también lo es, ajustándose paulatinamente a los cambios y la transformación requerida, por lo que hay que cuidar que el marco constitucional no se sature de cláusulas pétreas, que sin ser dogmas, son aquellas que propician inmovilismo porque alguien así lo decidió en el pasado. Pues bien, encontrándonos en el presente hemos visto como ya el Sr. Presidente pretende que a sus iniciativas no se les toque ni una coma, pero además, y esto es lo más grave, que en el futuro no se puedan tocar. Tal es el caso de la inclusión de los programas sociales actuales en el texto constitucional.

Decía Don Manuel Gómez Morin que: “hay ideas preñadas de tal valor que se degradan al convertirlas en leyes”, y tal es el caso de las ayudas y asistencia universal que hoy pregona el régimen de gobierno. Lo correcto es que la ayuda fluya y cuando es solidaria siempre será bienvenida porque lamentablemente es muy necesaria, lo que no debe hacerse es dejar con manos atadas a las futuras generaciones con la visión de un tiempo y unas realidades que como la vida misma, es siempre cambiante.

El país requiere de legisladores comprometidos con las causas y la representación de ciudadanos informados y exigentes; por ello al observar la realidad se debe imaginar el futuro, sin la arrogancia de heredar su limitada apreciación a una sociedad plural y donde la diversidad que se vive a lo largo y ancho del país estará cada vez más presente.